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Libertad de expresión: mediocre legado de Moreno

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El 2020 ha sido, sin duda, el año de la pandemia. Un año muy duro, atípico, marcado por la acelerada expansión del virus que causa la COVID-19 y que ha obligado a prolongados confinamientos a gran parte de la Humanidad y escenas dramáticas de colapsos en los sistemas sanitarios de muchos países.

Los ecuatorianos han vivido de forma directa esta situación y el periodismo ha estado en primera línea: 23 comunicadores han fallecido por consecuencia de la COVID-19, contagiado, por razones de su trabajo. No solo eso, la pandemia ha precarizado aún más el trabajo periodístico y se han producido más de 700 despidos, incluidos 500 trabajadores de los medios públicos. Hemos asistido al cierre de ediciones de medios impresos que han pasado a ser únicamente digitales.

Las afectaciones al acceso a la información pública han sido una de las principales problemas que ha limitado severamente el derecho a la información de los ecuatorianos. Para comenzar las cifras presentadas por las autoridades de Gobierno sobre el impacto de la COVID-19 han resultado poco confiables y limitadas. Por ejemplo, ha existido un constante subregistro en el número de fallecidos que ha sido subsanado por el periodismo buscando en el Registro Civil las estadísticas que nos hablan del exceso de muertes frente a las tendencias históricas.

Mientras los flujos de información desde los entes estatales se restringen, el periodismo ha redoblado la apuesta y ha revelado la profunda, sistemática y estructural corrupción en el sistema de salud del país. Sí, no es solo un decir: la corrupción mata. Los hospitales, las medicinas, las pruebas para la COVID-19, las mascarillas y trajes de bioseguridad se convirtieron en moneda de cambio y botín de diferentes grupos políticos y el periodismo jugó un papel clave para revelar lo que estaba sucediendo. A riesgo de hartazgo y de ataques a la seguridad de los periodistas investigadores.

En este punto, cabe retornar al Comité para la Protección de los Periodistas para señalar que durante los primeros meses de la pandemia hubo una breve reactivación que rápidamente se apagó una vez que los periodistas que investigaban las corrupción fueron amenazados y se estableciera la necesidad de activar mecanismos de protección. No obstante, jamás, se comprendió y se actúo frente a la COVID-19 como la severa amenaza contra medios y periodistas en la que se convirtió. Actualmente, el futuro del Comité, nunca formalizado con la publicación en el Registro Oficial del acuerdo de su creación, es absolutamente incierto. Y cada vez aparece más remota la idea de un real compromiso del Gobierno con la protección a los periodistas.

Muchas veces se ha valorado la actitud respetuosa del presidente de la República Lenín Moreno con la prensa pero, a estas altura,  el respeto se parece más a la indolencia. Porque desde la Presidencia de la República sí se han promovido actos de censura contra medios digitales o tradicionales críticos haciendo un uso abusivo de las famosas reclamaciones por copyright ante los proveedores de Internet de esos medios. Se han hackeado medios, se ha utilizado inteligencia para revelar información de medios y periodistas y en el acto más espurio contra la libertad de prensa, el Gobernador de la Provincia del Napo promovió una demanda por difamación y logró una sentencia de cárcel en contra del periodista Juan Sarmiento, quien osó criticar su gestión frente a la pandemia en ese territorio amazónico.

En esta evaluación del Gobierno de Lenín Moreno, que se autoproclamó como el “El Gobierno de las Libertades”, cabe señalar que el gran hito fueron las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que entraron en vigencia principios del 2019. Sin embargo, en estos casi dos años nunca se emitió el nuevo reglamento general que necesitaba la Ley. Tampoco se avanzó en otras reformas necesarias e incluso la reforma del Artículo 5 que declaraba a la comunicación como un servicio público misteriosamente se “cayó” de las reformas y recién hace pocos días fue tratado por la Asamblea Nacional. Tampoco se avanzó en las anunciadas reformas al Código Penal para despenalizar del todo a la opinión y cómo vemos, más bien, se siguen utilizando esas figuras penales para perseguir periodistas y a otros ciudadanos y activistas enjuiciados por ejercer la libertad de expresión.

Cabe señalar los graves problemas de gestión y manejo de los medios públicos que desembocó en despidos masivos en medio de la pandemia bajo la vana promesa de “convertirlos en una BBC” y que ni siquiera ha motivado ninguna acción concreta para reforzar su necesaria autonomía financiera y administrativa y su más que indispensable independencia editorial. La mala gestión se extiende a lo sucedido con los medios incautados, la mayoría en virtual quiebra y con extrabajadores reclamando sus haberes desde hace meses. Y sin ningún plan claro de lo que sucederá con esos medios.

Finalmente, cerramos con el proceso público competitivo para el otorgamiento de algo más de 1.300 frecuencias de radio FM y que ha revelado que se mantienen exactamente los mismos vicios detectados en el fallido concurso de 2016-2017, dado de baja por Contraloría en el 2018. ¿El principal problema? No se ha hecho nada para combatir la concentración de medios, el uso de testaferros para acumular frecuencias por parte de grupos mediáticos y con ello se precariza una industria de medios que opera con altos niveles de informalidad. En una frase: qué grave es para un país, que intenta consolidar sus instituciones democráticas, no saber con transparencia (o saberlo bajo la cuerda) quiénes son los dueños de buena parte de sus canales de Televisión y estaciones de radio.

Con todo ello sobre la mesa, al evaluar el último año completo de Lenín Moreno en el poder, la conclusión es que deja un legado de acciones a medio hacer en algunos casos, de retrocesos en otras y de avances insuficientes.

La pregunta es, ¿qué sucederá en el próximo periodo político que se iniciará en mayo de 2021? Más aún, cuando los candidatos presidenciales más opcionados no incluyen ningún planteamiento para avanzar en la protección y promoción de un derecho que es esencial para el desarrollo de una democracia sólida.

César Ricaurte es periodista y director de Fundamedios.

1 Comment

  1. Fenomenal análisis Doctor Ricaurte.

    Recordar además, que:

    – El periodista Fernando del Rincón, de CNN, nos hizo reconocer la negligencia de este Gobierno, ¡CORRUPTO!.

    – La declaración del periodista Fernando Villavicencio: «La salud en Ecuador estaba colapsada desde antes de la covid-19»

    – La dizqué «Educación de calidad» que pregonaba el Tirano Gadafi, quien nos gobernó, está por los suelos… Mentira.

    – Y los candidatos presidenciables… nos quieren hundir más en el ¡SUBDESARROLLO!

    Y no nos damos cuenta…. ¡lástima de país!

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