Está por concluir el concurso para escoger los nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y todo apunta a que el proceso es un desastre: no quedan suficientes candidatos, han habido irregularidades groseras y la credibilidad de los nuevos administradores de justicia podría ser terriblemente baja. ¿Qué pasó? 4P. conversó con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Ciudadanía y Democracia, que ha hecho seguido al dedillo al tema.
El concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia que arrancó en julio, debía terminar ahora en enero, pero dicen que culminará en marzo, ha estado plagado de irregularidades. ¿Ese concurso debe terminar o se debería suspender?
Indiscutiblemente el concurso debería terminar en el sentido de no proseguir y volver todo a cero. Deberíamos después de tantas irregularidades y tantas anomalías en el que incluso ya es claro que será declarado parcialmente desierto. Hay que volver al punto de origen para hacer las cosas bien.
¿Dices que se declarará desierto porque no hay jueces suficientes para algunas salas?
Efectivamente. Te voy a poner un ejemplo: en el caso de las salas contenciosas administrativas hay cuatro vacantes por llenar y en este momento tenemos apenas dos postulantes para la fase final. Es decir, ¿qué va a pasar con las otras vacantes? ¿Qué va a pasar con los conjueces que también deberían salir de este proceso?
Lo mismo pasa en la sala de lo tributario, ¿no es así?
Efectivamente. También está pasando algo similar con la sala de lo laboral. Es decir, los únicos espacios en que hay suficiente número de postulantes para seguir en carrera es en lo civil y en lo penal.
¿Quién responde por este concurso pleno de irregularidades y que por lo que anotas terminará mal?
La responsabilidad directa está en el Consejo de la Judicatura. Tú recordarás que tuvimos, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo tuvo un acercamiento por la evaluación integral, que fue observada por organismos internacionales, y se advirtió públicamente de los estándares que debían ser revisados respecto del proceso de este concurso. No obstante los miembros de la Judicatura se toman las críticas como personales y, en ejercicio pleno de sus egolatrías, simplemente siguen adelante. Nuestro primer informe salió en septiembre de la primera etapa, la de postulación, en la cual habíamos anticipado que había problemas. La Judicatura contestó en una carta bastante simple en la que hizo caso omiso de las observaciones.
Cuando se examina el proceso del concurso, se observa que hubo irregularidades y explicaciones increíbles como las fallas técnicas en el data center de esa función. ¿Se quiso manipular el concurso; se manejó en forma no profesional? ¿Cuáles son las causas de estos errores?
Siempre prefiero pensar que estos errores no tienen un trasfondo de metida de mano en la justicia, a pesar de que hay muchas dudas al respecto. Creo que es pagar la novatada: creerse con la capacidad suficiente para hacer las cosas por cuenta propia y estamos viendo los resultados. Es poco más que creernos ingenuos a quienes hemos seguido estos proceso durante años, salir, por ejemplo, con esta resolución en la que mueven la fecha hablando de una falla en el sistema; una falla que, además, se hace pública un mes después de haber sido detectada. ¿No te parece eso lo suficientemente irregular dentro del tema?
Este concurso quedó grande a miembros de la Judicatura con poca experiencia producto, como se había anticipado, de las fallas del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ahora será el país, por intermedio de la Corte Suprema de Justicia, el que pague los platos rotos de esta novatada.
En este proceso no solo hubo alertas sino gente que se retiró del concurso, que eran veedores y tenían que certificar su credibilidad y transparencia. La Comisión Anticorrupción lo hizo. ¿Nada de todo esto sirvió?
La reacción de la Judicatura, en algunos aspectos, ha sido positiva. Tuvimos que presentar denuncias, tuvo que renunciar la Comisión Anticorrupción, el Observatorio de Derecha y Justicia tuvo que judicializar una acción de acceso a la información, para que las carpetas de los postulantes sean públicas. La presión en ese sentido funcionó. No obstante, en el resto de críticas han hecho caso omiso a las advertencias que desde la sociedad civil, de manera propositiva y constructiva, se han hecho. Hay cosas que rayan en lo absurdo. ¿Cómo puede uno explicarse que haya postulantes que en la etapa de méritos hayan tenido 0,7 sobre 25? ¿Qué quiere decir eso? Que un postulante de esas características ni siquiera cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución y, aún así, se le permitió seguir en el concurso. Ese tipo de fallas, ese tipo de errores son los que necesitan una respuesta.
Bueno, pero desde que María del Carmen Maldonado llegó a la presidencia del Consejo de la judicatura, hubo reparos y críticas por sus vínculos e historia con el correísmo. Este concurso prueba que sí hay relación entre causa y efecto.
Indiscutiblemente y creo que la peor consecuencia de un concurso va a ser tener una Corte Nacional de Justicia que no se origine en un proceso transparente que respete los estándares internacionales y en el que ni siquiera quienes accedan a él cuenten con las credenciales suficientes para ejercer Justicia. Tenemos postulantes que han logrado por una revisión o recalificación entrar con las uñas a la siguiente etapa del concurso. Estamos hablando de postulantes, ojo con esto, que tienen 40,35 sobre 40 para poder entrar o hay postulantes que tienen 40,47 para poder seguir en el proceso. ¿Qué tipo de postulantes son los que están ahora entre estos 23 que quedan? Por supuesto hay quienes sí tienen buenas calificaciones, hay una persona que está para la Sala de lo Contencioso Tributario, la doctora Gilda Rosana Morán Ordóñez, que tiene la nota más alta: 51,10. Y el resto, ¿qué?
Sobre María del Carmen Maldonado había muchas sospechas. Y este concurso no hace otra cosa que confirmarlas.
De acuerdo y está además evidenciando una falta de capacidad tanto de la Presidenta como de los miembros de la Judicatura de llevar a cabo un proceso de altura. Las críticas se han hecho no solo a la señora Maldonado sino otros miembros de la Judicatura, en cuanto a sus antecedentes. Recordarás que ahí hay una persona que incluso fue cuestionada por las sanciones que emitió a los medios de comunicación, desde un organismo de Telecomunicaciones, en la época del correísmo. Lo que estamos viendo es la puesta en práctica de tener en ese cargo a personas que no cuentan con las credenciales suficientes para formar parte del mayor organismo de administración del sistema de justicia. Y ojo: ellos tienen a su cargo no solo la designación de la Corte Nacional sino las evaluaciones. Se advirtió, cuando hicieron la evaluación integral a la Corte Nacional de Justicia, que se estaban violando cuestiones constitucionales y legales, que no se aplicaron estándares internacionales. Ahora hay una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de los jueces nacionales que han sido inconstitucionalmente destituidos por esta Judicatura. Cuando ese proceso termine, ¿quién va a pagar las indemnizaciones? ¿La señora Maldonado o los ecuatorianos?
Conclusión: este concurso no se salva por ningún lado.
El concurso tiene problemas en su origen, tiene problemas hasta en el reglamento. Sobre la marcha han tratado de cambiar cosas, incluso calificaciones de algunos temas. Además en este punto se anticipó lo que iba a pasar en las distintas fases. Estamos con 23 postulantes para 16 puestos de jueces y un número similar de puestos para conjueces. Ya están hablando de declaratoria de un concurso parcialmente desierto. ¿Qué va a hacer la judicatura ante un concurso parcialmente desierto? ¿Mantener a conjueces temporales cuando esa figura también ha sido cuestionada por los organismos internacionales? Seguimos de tumbo en tumbo con el tema de la Justicia.
Este entrevista se publicó ayer, 3 de enero, en el boletín dominical de 4P. Si desea recibirlo, suscríbase por favor gratuitamente aquí: GPS4P.
