El año 2020 cerró con un elevado saldo rojo en las cuentas públicas y un importante aumento de la deuda pública. Se evitó el naufragio económico y fiscal, sin embargo, los espacios de manejo fiscal ordenado son cada vez más reducidos y latentes las reformas estructurales para encontrar el camino de la sostenibilidad fiscal.
Los ingresos totales de 2020 se redujeron unos $3.800 millones en relación a 2019, de los cuales alrededor de $2.100 millones corresponden a los ingresos tributarios. No obstante, que en 2020 se obtuvieron más de $400 millones entre anticipos de impuesto a la renta y el impuesto a los ingresos de las empresas. Menores ingresos petroleros y no tributarios contribuyeron a que los ingresos se redujeran el 23 % en relación a 2019.
Los gastos entre 2020-2019 disminuyeron $2.000 millones u 8,5 %, ratio muy inferior a la reducción de los ingresos. La reducción en sueldos fue de $700 millones y de $ 600 millones en el gasto operativo del Estado. Las transferencias al IESS por el 40 % de las pensiones crecieron en el 17 %, al ISSFA en el 16 % y al ISSPOL en el 24 %.
Como gastos de inversión constan las transferencias a los GADs, lo cual no es correcto por cuanto la mayoría de sus gastos son corrientes. Estas transferencias se redujeron el 19 %. El aparente gasto de inversión que ya se redujo en 2019, creció el 3%. De los $2.347 millones de gastos de inversión de 2020, alrededor de $1.300 millones son gastos corrientes que incorrectamente se registran como inversiones, así: servicios personales por contrato $344 millones, supresión de puestos $159 millones, beneficios por jubilación $348 millones, compra de renuncias $15 millones, becas $56 millones, bono de desarrollo humano $85 millones, pensión adultos mayores $32 millones, bono de emergencia sanitaria $90 millones, servicios médicos hospitalarios $30 millones, medicamentos $13 millones, entre otros gastos.
Como los ingresos por $15.313 millones son menores que los gastos por $22.214 millones, el déficit de 2020 alcanza los $6.901 millones o 7,1 % del PIB. En este déficit se incluye el gasto en intereses de los bonos basura por $1.005 millones, que luego de su renegociación se canceló con la emisión del bono PDI 2026. Este valor no refleja el gobierno en sus cuentas públicas.
Como por definición todo déficit aumenta el endeudamiento, la deuda pública interna y externa alcanzará en 2020 unos $63.500 millones, $6.100 millones más que 2019, una vez descontado el pago de amortizaciones. La deuda interna aumenta unos $2.600 millones y la externa $3.500 millones. En relación con el PIB, la deuda pública total refleja un importante incremento del 12 %, esto es, del 53,3 % del PIB en 2019 al 65,6 % del PIB en 2020. Es el efecto combinado del aumento del stock de deuda y la considerable reducción del PIB nominal de 2020.
Las necesidades de financiamiento fueron de unos $16.000 millones, esto es, la suma del déficit más las amortizaciones internas y externas, CETES, deuda flotante y otros rubros. Estas necesidades se cubrieron con los créditos por $ 7.244 millones de los organismos multilaterales, entre ellos, $4.642 millones del FMI. Se emitió deuda interna y renovaron CETES. El Banco Central prestó al Estado $500 millones para cubrir el crédito de Goldman Sachs. Se emitió el bono PDI por $1.005 millones para pagar intereses de los bonos basura. Las deudas del presupuesto alcanzaron los $1.185 millones. El gobierno no ha logrado determinar con certeza las deudas de años anteriores.
Las reservas internacionales del Banco Central al 31 de diciembre de 2020 fueron de $7.195 millones. De modo imprudente se ha pontificado este nivel. Cabe señalar que el mismo obedece al notable aumento de las reservas bancarias a $6.556 millones. Es dinero de personas y empresas que el sistema financiero lo deposita en el Banco Central debido al notable incremento de la liquidez de los bancos. A medida que los bancos activen los créditos y la actividad económica se normalice, estas reservas se irán reduciendo. Al excluir las reservas de los bancos, las reservas del Banco Central no cubren los depósitos de los GADS, IESS y otras entidades del sector público. Los saldos del Tesoro Público al 31 de diciembre de 2020 fueron de apenas $453 millones.
Hasta el cambio de gobierno en mayo, por Ley debe regir el presupuesto codificado de 2020. Este, es producto de las reformas que se efectúan durante al año al presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional. Por un principio universal y legal de la gestión de las finanzas públicas, ningún rubro de ingresos, gastos y financiamiento, debe estar excluido del proceso presupuestario.
Al 31 de diciembre de 2020, Los desembolsos externos ascienden a $7.576 millones, mientras el valor codificado es de $2.975 millones. Los desembolsos internos ascienden a $3.402 millones, mientras el valor codificado es de $3.020 millones. El gasto real de intereses externos es de $2.076 millones, mientras el valor codificado es de $1.075 millones. Son absurdos del país de Manuelito que reflejan un presupuesto poco creíble. Jamás los valores ejecutados deben ser superiores a los rubros codificados.
La consecución de la sostenibilidad fiscal es vital para la estabilidad macroeconómica, la atracción de inversiones, el crecimiento económico, la creación de empleos y la reducción de la pobreza. Aquella no será viable sin una institucionalidad fiscal sólida que deviene de la estricta aplicación de las normas, reglas y leyes que rigen la administración de las finanzas públicas; además, de la transparencia que induzca a la sociedad a apropiarse de la sostenibilidad fiscal como condición de su progreso.
Jaime Carrera es economista.
Todo lo verazmente señalado , ratifica una vez más , que debemos elegir a una persona seria , honesta y que tenga un verdadero programa de Gobierno , este próximo Febrero ; caso contrario estaríamos caminando al abismo . Y esa persona es sin duda alguna GUILLERMO LASSO MENDOZA .
Es imperativo tener un presupuesto ajustado a la realidad tal como lo hacemos cualquier familia, con un mínimo conocimiento de economía,no digamos El Estado cuya economía es más compleja.Considero que cualquier gobierno debe darle prioridad a EDUCACION, SALUD Y SEGURIDAD de calidad.El resto debe encargarse la sociedad civil con la debida supervisión para evitar abusos.
Yo no creo que esta lectura económica, esté clara para el Dr. en economía que esta de candidato. Porque según este muchacho, solo es cuestión de ir al Banco Central, retirar las reservas internacionales y repartir a cada familia pobre $1000 y luego esperar a ver que pasa.
Como la mayoria de ecuatorianos, tenemos un curriculum de cuarto nivel, en vender chicles y caramelos en el transporte público. Es demasiado obvio que el candidato imberbe se sienta a sus anchas, ofreciendo semejante estupidez.
No es culpa de la población, por la falta de oportunidades en su educación, la culpa la tenenemos todos los ecuatorianos, y en especial las elites, que creen, que el país le pertenece al más vivaracho.
O corregimos la viveza criolla, con ejemplos de honradez y disciplina desde la infancia, ó el paisito, desparece con los ofrecimientos absurdos de radiodifusores y supuestos doctorsitos en economía.