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¿El TCE es un tribunal golpista?

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El 15 de enero el pleno del Tribunal Contencioso Electoral dio a conocer una sentencia que es, en realidad, otra bomba de tiempo al proceso electoral: dispuso que el Consejo Nacional Electoral adopte las medidas necesarias “para garantizar la participación de Justicia Social” en las elecciones para parlamentarios andinos. Pero que lo haga disponiendo un nuevo proceso de inscripción y calificación, desconociendo aquel efectuado por Justicia Social el 20 de agosto del año pasado.

La sentencia del TCE sobre Parlamentarios Andinos

El pleno del TCE, con el voto salvado del juez Joaquín Viteri, sabe que está tomando una decisión absurda. Por eso dice, en el punto 55 de su fallo, que “la responsabilidad de la dilatación del tiempo” para asegurar el cumplimiento de la sentencia es exclusiva del CNE. En síntesis, sabe, mirando el calendario, que lo que acaban de decidir es imposible hacerlo, pues en ese preciso momento hubiera tenido que mandar a imprimir las papeletas para parlamentarios andinos.

¿Por qué estos jueces toman decisiones que pueden entorpecer y alterar las disposiciones constitucionales? Por la misma razón que su presidente toma vacaciones este mes. El sentido común indica que si él es la figura más importante del Tribunal Contencioso Electoral debería estar al frente de la función ahora que se ventilan recursos y causas. Ese detalle parece escapar a Arturo Cabrera que pidió vacaciones el 11 de diciembre: las empezó el 4 y culminarán el 29 de enero.

No es la única curiosidad. El TCE tiene que ratificar o rectificar el fallo del juez Ángel Torres que impuso la destitución de Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verdesoto. Los acusó de infracción electoral por no haber acatado una sentencia gracias a la cual Justicia Social, el partido alquilado por Álvaro Noboa, recuperó la personería jurídica, que el CNE retiró por pedido de la Contraloría. Gracias a esa sentencia, el TCE quiso imponer, en los hechos, la inscripción de Álvaro Noboa.

Tras un tortuoso enfrentamiento, el juez Joaquín Viteri reconoció, en otra sentencia el 26 de diciembre, que el CNE no desacató el fallo del TCE. Lo hizo al pedir al CNE que, ateniéndose a lo había considerado, dijera en qué circunscripciones habían quedado pendientes las inscripciones. Es decir coincidió con la posición del CNE que siempre mantuvo que Justicia Social debía continuar con los procesos que habían quedado truncos cuando le retiraron la personería jurídica: eso no incluía a Álvaro Noboa, su nuevo candidato presidencial. El secretario del TCE ratificó esa posición al enviar, al día siguientes, un certificado al CNE diciendo que no había causas pendientes para binomios presidenciales. Diana Atamaint basada en ese documento mandó a imprimir las papeletas.

¿Cómo entender que Ángel Torres, diez días después haya destituido, en otro fallo, a los 4 consejeros del CNE, les hay puesto 28 000 dólares de multa y la pérdida de sus derechos políticos durante cuatro años por desacato, cuando Viteri no lo hizo y el secretario del TCE certificó que no había causas pendientes en el campo presidencial? Ese fallo es tan raro como la sentencia del 15 de enero. La reportería de 4P dice que el 14, la jueza Patricia Guaicha había dado a conocer un proyecto de sentencia en el cual desechaba el recurso de apelación de Justicia Social. El 15 ese proyecto fue retirado y ella se sumó a la sentencia del juez Ángel Torres en el que se dispone al CNE repetir el proceso de inscripción de las candidaturas de Parlamentarios Andinos. Dos jueces de cinco salvaron su voto. Esa sentencia empantana el proceso electoral.

Si ese fallo de Ángel Torres fuera ratificado, el CNE sería descabezado a horas de que se inicie el proceso electoral y su reemplazo no solucionaría el problema. Por el contrario: sus suplentes llegarían a cumplir el fallo y eso conllevaría la suspensión automática de las elecciones. Esto sería lo más parecido a un golpe institucional.

El caso de los parlamentarios andinos también podría ser usado por el TCE, por la imposibilidad de ser cumplido, como una causa más de destitución de los consejeros CNE. En los hechos, esa elección tendrá que ser programada para la segunda vuelta. Aquí habrá otra bronca jurídica sobre si el CNE puede cambiar la fecha para esa elección. El Procurador, consultado por el CNE, sobre la posibilidad de ampliar el horario de las elecciones dijo, en su respuesta del 12 de enero, que corresponde aese organismo, bajo su responsabilidad, establecer esa u otras medidas excepcionales. Hay además una causa de fuerza mayor derivada del hecho que por decisión absurda del TCE, resultará imposible imprimir esa papeleta y hacerla llegar a los recintos electorales hasta el 7 de febrero.

Así están las cosas: el TCE tiene jueces que hacen sentencias que no se pueden cumplir, se contradicen entre ellos, alguno de ellos hizo un viaje relámpago de horas a Estados Unidos y su presidente se fue de vacaciones. Ese tribunal ha querido imponer, por fuera de la ley, la participación de Álvaro Noboa y ahora, ante la imposibilidad de hacerlo inscribir, produce una sentencia sobre los parlamentarios andinos que más parece un intento abierto de boicotear las elecciones.

Foto: TCE

7 Comments

  1. La institucionalidad del Estado se ha roto, creada por la inseguridad jurídica, la inoperancia, la falta de ética y conocimiento; por el accionar de autoridades improvisadas, salidas de la nada, que llegaron para ostentar su cargo, lo que no les correspondía. Es una realidad perversa la que vivimos, cubierta de una niebla oscura de maniobras y componendas; de ambiciones y desafueros.

  2. Estos viejitos,como no hay quién les toma en cuenta,buscan hacer «pendejadas» y de esa manera salen en los titulares de los periódicos; hasta se dan «lija» salir en 4pelagatos.

  3. José Hernández, un cordial saludo, el trabajo del CNE desde su designación ha sido errático y se expresó en las elecciones del 2019 de autoridades seccionales con adjudicaciones totalmente polémicas para alcaldes, prefectos, concejales, lo cual nunca se investigó, partiendo del padrón electoral que tiene desde la época anterior un sobredimensionamiento de 1.500.000 electores, de los equipos de transmisión de datos, de la conformación de los consejos electorales provinciales, temas que fueron dirigidos por un delincuente que fungía de Director de Procesos Electorales. En el año 2020 continúan igual, conformados en supuestas mayoria y minoria de 3 y 2, siguen sin dar pie con bola, poniendo en peligro la realización de elecciones creíbles y que den confianza al Ecuador en una etapa crítica como la actual. Por este medio les sugeriría acatar la sentencia de destitución y dar paso a los alternos. No creo que suceda nada con el proceso en marcha y se podría retomar la fragil y debil credibilidad que este momento tiene el CNE.

  4. Pero es que estamos asistiendo a un plan macabro , que lo que busca es generar el caos en el país ????????? Y quién pone punto final a tanta infamia , si en período de elecciones , nadie puede interferir con decisiones del CNE o delTCE , por mas absurdas y torpes que sean ????????? Cada vez me convenzo , este relajo estuvo perfectamente planificado , cuando se aprobó la Constitución de los 300 años , para ir poco a poco dinamitando la institucionalidad del país , y finalmente acabar con nuestra DEMOCRACIA .

  5. Lo que pretenden es destituir a toda costa a Atamaint, Pita, Verdesoto y Cabrera al terminar la primera vuelta, para que sus suplentes entren en funciones y garanticen el triunfo de Arauz, ese es el plan. El TCE esta constituído por correistas frontales, no existe ningún taimado, ojo.

  6. Yo sé que mucha gente reprocha los actos de violencia como parte de los justos reclamos que se pueden hacer a las instituciones del estado pero yo creo que en vez de quemar la contraloría debieron quemar el TCE.

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