¿La contratación pública requiere un nuevo modelo?

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En los debates presidenciales algunos candidatos propusieron reformar la Ley de contratación pública, como prioridad en la lucha contra la corrupción. ¿Hay que cambiar la ley? ¿Basta aquello para generar eficiencia en la gestión y transparencia? 4P. consultó a los mejores expertos. Esta es su respuesta.

Por ELISA JARAMILLO
y ANTONIO ECHEVERRÍA

Expertos en Contratación Pública

Quienes intervienen en la contratación pública encuentran dilemas como los siguientes: para ser parte de un negocio con el sector público debo pagar una coima convirtiéndome en cómplice de la corrupción o quedo fuera del negocio; como servidor público, me callo y garantizo la impunidad de actos ilegales, solicitados por el jefe, o pierdo mi plaza de trabajo.

Los principios consagrados por la Constitución y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, coinciden con los principios que rigen el funcionamiento de los sistemas de contratación pública a nivel global. Nuestra ley, su reglamento y la normativa desarrollada han sufrido múltiples cambios que han tornado cada vez más complejo el sistema basado en modelos como el chileno o brasilero.

Los principios contemplados en el artículo 4 de la mencionada ley son legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. Su mero entendimiento y aplicación de parte de los actores que intervienen en el Sistema garantizaría éxito en su aplicación y beneficio para los intereses nacionales.

Los principales usuarios del Sistema son en la actualidad los operadores de las entidades contratantes, los proveedores y los funcionarios de los organismos de control. Se han identificado algunos problemas que favorecen la corrupción en estos tres niveles:

  1. Entre los operadores, incluidas las máximas autoridades de las entidades contratantes, existe déficit de compradores públicos con conocimiento adecuado del mercado y capacidad para optimizar el uso de los recursos públicos. Las contrataciones se ejecutan de forma desconcentrada, permitiendo que hasta las unidades administrativas más pequeñas de las entidades contratantes lleven a cabo sus propias contrataciones; esa gran cantidad de entes con capacidad de contratación tornan logísticamente complicado el trabajo de los órganos de control. Las remuneraciones de ciertos servidores responsables de importantes tareas dentro de los procesos pueden constituir incentivos para facilitar actos de corrupción.
  2. Desde el punto de vista de los proveedores, la falta de eficiencia de la burocracia nacional resulta poco estimulante para que muchos proveedores entren en relaciones contractuales con el Estado. Grupos de proveedores suelen aliarse repartiéndose, de manera colusoria, los contratos y acaparando determinados sectores de la demanda estatal, en otros casos se asocian para boicotear procesos de compra corporativa.
  3. La Contraloría y la Procuraduría han perdido su papel desde que el control previo pasó a control posterior. La Procuraduría ha optado por generar escasas acciones de control en el ámbito de la legalidad de los contratos administrativos. La Contraloría parece una entidad dedicada a la persecución de aquellos asuntos del interés del mandatario de turno. La integración de estas dos entidades a una función independiente, la de transparencia y control social, ha tenido un efecto absolutamente contrario a lo ofertado.

El Servicio Nacional de Contratación Pública es un ente desconocido, el ciudadano común ignora el monto de los recursos que maneja, le resulta casi imposible acceder a la información de los contratos y a su proceso previo. No es fácil saber quiénes son los proveedores que más facturan o descifrar la compleja trama de resoluciones; la tendencia no es hacia la simplificación sino hacia la complejidad.

El marco legal vigente no constituye la sola causa del problema. El quehacer administrativo debe estar regido por la confianza, el conocimiento y la buena fe de quienes se desempeñan en él. Resulta poco convincente la propuesta de candidatos que ofrecen efectos inmediatos y positivos en la lucha contra la corrupción con una simple modificación del esquema actual o la conformación de comisiones y otros estamentos de control; en el mundo existen referentes de sistemas que tienen el mismo espíritu que el vigente en el país, pero funcionan de forma más exitosa debido al profesionalismo y seriedad de sus actores.

Ecuador ha aplicado por décadas las normas de contratación del BID, CAF, Banco Mundial, Unión Europea, y de los países más desarrollados del mundo en el marco de relaciones bilaterales, arrojando en muchos casos resultados positivos. Sin embargo, cuando los actores de la contratación pública no cumplen los principios citados, incluso las contrataciones efectuadas bajo supervisión y normativa de los organismos internacionales se han visto salpicadas de corrupción.

La reforma debe iniciar por el establecimiento de una burocracia profesional, menos dependiente del poder político y el fortalecimiento de un esquema de control serio y responsable en todas las etapas del proceso de contratación. A esto hay que añadir normas transparentes y simples, criterios de auditoria claros y predeterminados, corresponsabilidad de los proveedores y la obligatoria rendición de cuentas.

Pese a la existencia de una gran cantidad de servidores profesionales y prestos a cumplir su tarea, la corrupción se ha perfeccionado marginando a la honestidad de la mayoría. Para revertir esta tendencia hay que poner énfasis en la transparencia.  El papel del órgano rector del sistema sería mucho más decoroso si se limitara a garantizar el eficiente funcionamiento de las herramientas informáticas poniendo a disposición del público, de manera realmente amigable y sencilla, la información sobre el camino que sigue cada centavo del erario nacional mediante la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación y las herramientas desarrolladas por democracias avanzadas que solo deben ser adecuadas a nuestra realidad nacional.

Foto: Aquieuropa

3 Comments

  1. Excelente artículo que debe ser leído y memorizado por los candidatos y más aún por quienes serán elegidos como nuevos gobernantes de nuestro país. La corrupción es una pandemia que azota a Latinoamérica y está expandiéndose por el mundo. Elisa Jaramillo y Antonio Echeverría son experimentados profesionales conocedores de la contratación pública que nos advierten sobre la realidad de la contratación pública en el Ecuador, por lo que sus valiosas opiniones deben ser escuchadas por los asambleístas para una urgente reforma a la Ley del sistema Nacional de Contratación Pública, si verdaderamente están interesados en agilitar y transparentar los procesos de contratación pública y en especial, combatir la corrupción

  2. Muy buen artículo. Sobre todo, el primer párrafo es lacerante por lo real y que socava la dignidad de la patria. Profesionales honrados han debido ceder al chantaje de funcionarios, caso contrario no tenían trabajo. La reforma a la ley de contratación pública pudo haber sido una eficaz herramienta para la «cirugía mayor» contra la corrupción. Por ejemplo, el control previo de la Contraloría es incuestionable; inocuo, cuando los hechos están consumados y digeridos. Confiemos que en «la próxima sea la vencida».

  3. La Ley de contratación vigente definitivamente no ha funcionado, un asunto primordial es el hecho que el SERCOP es un ente totalmente burocratizado que no controla nada, la institución o empresa pública elabora los pliegos precontracuales, contractuales, lo sube al portal, las ofertas son analizadas por los mismos funcionarios de esas instancias, elaboran el informe de evaluacion se recomienda da la adjudicación y lo suben al portal, los oferentes no saben quienes no en qué término las ofertas han sido presentadas, DE QUE SIRVE EL SERCOP? de nada. Ese ente burocrático debe ser eliminado. Antes se hacía exactamente igual sin la participación del SERCOP pero, los oferentes asistían a la apertura de sobres en la cual se conocía los detalles principales de las ofertas presentadas. Lo que hace el SERCOP debe delegarse a la Contraloria. Obviamente es necesario que se profesionalicen los funcionarios y que los departamentos de contratación de las instituciones sean independientes de la influencia política

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