Anticorrupción: las lecciones de Costa Rica

Si hay una institucionalidad frágil, alta corrupción en la administración y la sociedad, ciudadanos preocupados pero no movilizados en contra de la corrupción, ¿cómo se pasa de esa suerte de anomia a resultados concretos?
Hay que tener una estrategia. En Costa Rica estamos cocreando una Estrategia Nacional de Integridad y de Prevención de la Corrupción que se lanzará ahora en febrero. Venimos trabajando desde hace año y medio con el gobierno, el sector productivo, la academia, la sociedad civil. Es una estrategia, a diez años, que busca modificar una serie de prácticas y, en parte, de la legislación para mejorar esa lucha contra la corrupción de manera integral.Pero Costa Rica tiene precedentes, ustedes no arrancan de cero en esa lucha.
La parte normativa y la parte de institucionalidad contribuye por supuesto. Las alianzas son fundamentales. La obra pública requiere ser mucho más vigilada. Trabajamos con la iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción – CoST, y el programa que se llama tres de tres. Es una plataforma en línea que se le ofrece tanto a presidentes como a diputados para que ellos publiquen tres declaraciones: patrimonial, de intereses y la declaración fiscal. Se inscriben y comprobamos que esas declaraciones sean ciertas y al salir del gobierno podemos comparar los datos. Trabajamos fuertemente lo que tiene que ver con herramientas y las ponemos al servicio de la ciudadanía para que haga auditoría.
Hay que legislar sobre la puerta giratoria. Es el concepto de personas que van de lo privado a lo público y viceversa y utilizan la información. Es importante contar con la Ley del Cabildeo porque eso permite tener las reglas claras sobre qué pueden hacer las personas para incidir en los congresistas en general. Estas son algunas de las lecciones que hemos aprendido y nos sirven como herramientas y creo que alrededor de ellas los sectores se van uniendo porque ven que tienen impacto y son útiles.En contratación pública, ¿qué mecanismos utilizan para hacerla transparente, igualitaria y llevar a los funcionarios a cumplir la ley?
En Costa Rica hay una fuerte Contraloría General de la República. Comparada con otros países es muy poderosa. Luego hay el Sistema Integrado de Compras Públicas, Sicop. Por otro lado, las universidades públicas y la sociedad civil hemos creado dos observatorios, uno sobre compras públicas y otro sobre transparencia fiscal. Y ambos estamos vigilando, por ejemplo, las compras en el tema del Covid.¿De dónde proviene la información con la que trabajan? ¿Está colgada, es transparente, es de fácil acceso y cómo la verifican?
La información primaria viene de las instituciones y de la Contraloría. Basta con que uno solicite información (excepto aquella establecida en la Constitución como reserva de Estado) y se la tienen que dar. Si en 10 días el funcionario no la entrega, uno puede acudir a la Sala Constitucional y, como es un derecho el acceso a la información, le notifican al funcionario y la tiene que entregar. El ciudadano dice cómo la quiere recibir, porque se la podrían dar encriptada, en desorden, etc.¿Cómo llegaron a tener una Contraloría fuerte, porque la política puede incidir en los organismos de control o la Contraloría podría actuar con suma discrecionalidad? ¿Cómo superaron esos dos escollos?
La Contraloría tiene muchos años (se creó en 1949). Si bien los órganos de control, como la Defensoría, la Contraloría y la Fiscalía, son nombrados por la Asamblea Legislativa, ahí están los pesos y los contrapesos para ponerse de acuerdo sobre el elegido. En este caso doña Marta Acosta.Entonces el origen es político.
Pero una vez que se llega al cargo, le puedo decir que las personas se separan. Además de sus méritos y trayectoria, lo bueno es que la persona, al estar nombrada por ocho años, trasciende gobiernos que son por cuatro años.¿Qué sistemas existen que permitan el control real por parte de los ciudadanos y eviten la corrupción eventual de los funcionarios?
Desde hace unos siete años existe un instrumento como el Índice de Transparencia del Sector Público que creó la Defensoría de los Habitantes de la República hace muchos años. Costa Rica Íntegra participa con ellos en la organización de un foro anual. A su vez, la medición la hace una una Universidad pública de mucho prestigio: el Cicap, Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública. Esto ha puesto a competir las instituciones de todo tipo: autónomas, del poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y los gobiernos locales. Los ha puesto a transparentar en sus páginas información y esa información es medida: si está o no está, si es de acceso rápido, si está la junta directiva, el correo electrónico, el presupuesto, su ejecución… Son unos 96 indicadores. Las municipalidades, por ejemplo, compiten entre sí por ser de las mejores. Y se hace un ranking muy similar al Índice de Percepción de la Corrupción. Los índices son muy útiles como herramienta. Todo esto va motivando a la gente a acercarse. También trabajamos fuertemente el Gobierno Abierto que tiene en el ámbito mundial una serie de principios de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, participación ciudadana, etc. Ahora estamos pasando de gobierno abierto a Estado abierto. Lo cual significa que no solo el poder Ejecutivo sino el Judicial y el Legislativo se van a sumar en los compromisos.¿Qué compromisos y prácticas tiene el sector privado frente al tema de la corrupción?
Se suma. A veces se cree que el sector productivo es por naturaleza corrupto, y eso es falso. En Costa Rica también existe el Consejo Consultivo de Responsabilidad Social y ahí estamos agrupados la sociedad civil, la academia, el sector productivo y el gobierno. No es la responsabilidad social empresarial que es regalar cosas, no. Estamos hablando de responsabilidad social de acuerdo a la norma 29 000 que es la norma ISO anticorrupción. Alrededor de eso, el sector privado está preocupado por ejemplo de eliminar burocracia. Porque si se elimina tramitología disminuyen las posibilidades de corrupción. La lucha contra la corrupción sirve al sector privado porque las empresas pueden poner una marca que no son corruptas.

Dos cosas: sin herramientas, sin dientes, eso no funciona porque es un pacto que se queda en el aire, en la buena intención. No se puede hacer un pacto si no va acompañado de algo que diga lo voy a llevar a la práctica. Lo segundo es que debe ser consensuado por los distintos sectores; esto significa que hay que involucrarse desde la base. La metodología implica que se involucre a los órganos de control del país. Se tiene que hacer una plataforma que trascienda a los gobiernos, a las personas y que sea institucional. Otra cosa: el gobierno no tiene que tener un alto perfil, por el contrario porque generalmente están desprestigiados o cambian. En Costa Rica el Ejecutivo es parte de un mecanismo democrático de cocreación. La estrategia tiene que tener indicadores y un plan operativo.