Los operativos antipiscinas son ilógicos

Mientras el país se encuentra a la espera de que el CNE proceda al recuento de votos y proclame el nombre del candidato que acompañará a Andrés Arauz en la segunda vuelta, la pandemia sigue golpeando al Ecuador y, por ende, a la ciudad de Guayaquil. Es cierto que, a pesar de la falta de medidas de las autoridades nacionales y de la escasa responsabilidad de los ciudadanos, no se han vivido las escenas que sufrimos en los meses de marzo y abril pasados; sin embargo, diariamente somos testigos de que los hospitales públicos de la ciudad están al límite y del fallecimiento de guayaquileños a causa del virus.

La labor de las autoridades nacionales y municipales durante la pandemia ha sido deficiente. Ecuador sigue siendo uno de los países de la región que menos pruebas PCR realiza por cada 100.000 habitantes, por lo que resulta prácticamente imposible detectar casos – asintomáticos o con síntomas leves – aislarlos, crear un cerco epidemiológico y cortar la cadena de contagios. Se ha optado, sin mayor éxito, por la estrategia de fortalecer hospitales públicos y contratar un mayor número de profesionales para atender a los enfermos, sin embargo, no se ha hecho nada por prevenir que se incrementen los contagios, lo que inevitablemente produce un exceso de fallecimientos que, en otras circunstancias, se podría evitar. En esta línea, de acuerdo con los informes que emite el Ministerio de Salud semanalmente, Guayas, la provincia con más habitantes del Ecuador y en donde se han concentrado un gran número de contagios, es una de las que menos pruebas PCR realiza. Sin duda, esta es una responsabilidad compartida entre las autoridades nacionales que han dejado a Guayas en el más completo abandono durante la pandemia, y las autoridades municipales que no han tomado la iniciativa de realizar más pruebas y tomar otras medidas sin esperar lineamientos del COE nacional.

Últimamente en la ciudad de Guayaquil se han evidenciado enormes contradicciones por parte de las autoridades municipales en el manejo de la pandemia. La alcaldesa de Guayaquil que, después de la tragedia de marzo y abril, adoptó una actitud entre férrea y maternal para “proteger” a los guayaquileños del virus, decidió el día del cierre de campaña encabezar junto con Jaime Nebot y Guillermo Lasso una enorme caravana en el centro de la ciudad en la que se aglomeraron cientos de personas en las calles mientras ella sonreía y saludaba a la ciudadanía. ¿Cómo se puede entender que la alcaldesa cierre malecones y parques, pero encabece caravanas multitudinarias en un cierre de campaña? ¿Cómo se puede pedir responsabilidad a la ciudadanía si la propia autoridad municipal fomenta aglomeraciones con el pretexto de cerrar una campaña política? Es evidente que Lasso no fue el único que cerró la campaña de forma multitudinaria a pesar de la pandemia, pero a ningún otro cierre de campaña acudió la autoridad municipal a fotografiarse con la multitud.

Por otro lado, en este feriado de carnaval, en el que Guayaquil atraviesa su período más caluroso, la alcaldesa ha tenido la iniciativa de ordenar un “operativo antipiscinas”, esto es, que la policía y las autoridades municipales se han dedicado a ir a los barrios de la ciudad a sancionar a quienes colocaron piscinas inflables en la calle para huir del agobiante calor dentro de las casas. Nuevamente, ¿cómo se entiende que se prefiera que los guayaquileños se congreguen dentro de sus hogares sin ventilación sufriendo un calor insoportable, a que se refresquen al aire libre en una piscina? Parece ser que las autoridades no comprendieran cuáles son las actividades que conllevan más riesgo de contagio.

Las autoridades nacionales y municipales tienen la obligación de adoptar medidas que prevengan contagios y procuren reducir la presión hospitalaria, sin embargo, dichas medidas deben obedecer a criterios médicos y ser razonables. Los “operativos antipiscinas” en Guayaquil desafían toda lógica y carecen de sentido común.

Ricardo Flores es abogado.