¿Y cómo así el PSC amenaza a la Fiscal?

¿Simple metida de pata? No parece. El comunicado del PSC en el cual se amenaza con llevar a juicio político a la Fiscal General y al Contralor de la Nación, es demasiado claro y contundente. No puede ser atribuido a una movida política inconsulta por parte de César Rohon, jefe de bloque del PSC en la Asamblea, que lo firma. Lo debió aprobar Jaime Nebot.

En realidad, ese comunicado es la pieza más representativa de un juego político que se ha dado en medio de líos y rumores de escenarios aviesos post primera vuelta. Todo esto arranca con la narrativa, instalada en forma irresponsable por Pachakutik, con Yaku Pérez a la cabeza, de que hubo un fraude. Se supone que esa debe ser una conclusión si él, como sujeto político, prueba sus aseveraciones. Conclusión y no inicio. Pérez y sus amigos hicieron denuncias en la Fiscalía y pedidos en la Contraloría. Las dos instituciones respondieron y allí arranca el capítulo que llevó al PSC a amenazar a Diana Salazar y a Pablo Celi.

En este terreno hay que ir por partes. La Contraloría envió un pedido al CNE para efectuar una auditoría a su sistema informático. La Fiscalía dictó un impulso en el que se dispone, entre otras cosas, proceder a “un registro y la retención de la base de datos que reposa en el servidor del CNE”…

Aquí el Impulso Fiscal enviado al CNE

Pablo Celi, en un gesto político con Pachakutik, hizo la diligencia, sabiendo que la ley no autoriza esa auditoría, pues su tarea es ex post. Es decir, la puede hacer cuando se termine el proceso electoral. Tanto lo sabía que solicita al CNE que adopte una resolución que lo faculte a realizar esa auditoría antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta. La Fiscalía, por su lado, que sí puede intervenir sin que pueda ser acusada de injerencia, previno que tenía autorización de la Corte Nacional y que Diana Atamaint, además, estaba de acuerdo.

La Contraloría envió su pedido el sábado 20. La Fiscalía su impulso también el 20, en la noche. Precisamente el día y en horas en que el CNE se disponía a notificar los resultados de la primera vuelta. Aquí hay que unir el relato no probado de fraude y una historia rocambolesca de fuerzas políticas dedicadas a querer dinamitar el proceso electoral, para entender el nerviosismo que hubo el fin de semana. En esa historia retorcida, que corrió como reguero de pólvora, se hablaba de nombrar un interino y reventar el proceso electoral. Historia sin pies ni cabeza pero que, seguramente, sirvió para que actores políticos y autoridades sumaran una dosis de desconfianza, al ya cargado ambiente político.

El impulso fiscal fue visto como injerencia que pretendía “retener la base de datos”, no como extracción de información necesaria para una investigación. Y el pedido del Contralor como una burda intervención política sin asidero legal y con intenciones que vaya a saber qué buscaba. Eso disparó el comunicado Social Cristiano que no pudo ser más torpe, pues como partido aliado, dejaba en mal predicamento a Guillermo Lasso. Como un actor que no quiere que haya transparencia, cuando él ha dicho lo contrario, y lo ha dicho con fuerza desde el encuentro con Yaku Pérez.

Inexplicable en un partido que, si no tiene nada qué ocultar, debía entender que su postura iba a sumar a la duda y hacerlo en un estilo despótico, con amenaza incluida. La supuesta precisión aportada por el mismo César Rohon, en una entrevista con Carlos Vera, no tuvo ni el impacto ni la trascendencia del comunicado que no paró de correr en redes sociales. Amenazar a la Fiscal con juicio político, por hacer su trabajo, en el momento en que el Departamento de Estado la incluía en una lista de funcionarios ejemplares… ¿a quién se le iba ocurrir? Lasso se distanció de ese comunicado y, además, felicitó públicamente a la Fiscal.

El CNE volvió a patinar, como ya es costumbre. Diana Atamaint, siempre mal asesorada, tardó en explicar y explicó mal por qué se opone a las gestiones del Contralor (que nada tenía que hacer en este asunto) y de la Fiscal, a quien no ha respondido oficialmente. José Cabrera también siguió la lógica del socialcristianismo. Luis Verdesoto, por su lado, reveló que Atamaint se opuso a la disposición de la Fiscalía y propuso dar cabida al pedido del Contralor. Pero lo supeditó a que lo haga en 7 días; un lapso imposible según los tiempos legales que tiene la Contraloría. Por eso el Contralor habló de 20 días.

Esta es la historia que viven los actores políticos y el CNE metidos en un ambiente político tóxico y con el correísmo opuesto a cualquier acción por parte de los organismos de control. El escenario de la segunda vuelta está poblado de dudas, sospechas y deseos torvos que nutren una historia de desestabilización surrealista con actores e interinos de opereta.

Foto: El Telégrafo.