Hace un par de semanas, el rescate de quince menores en el sector de Puerto Quito estremeció a la opinión, porque confrontó la colectividad con una realidad espeluznante que, aunque no se quiera aceptar, es más común de lo que se cree.
La situación de las menores del Cantón el Achiote, situado en Puerto Quito, revela cómo los convenios internacionales, ratificados por el Ecuador, y que buscan la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer no están funcionando para nada, no llegan hasta allá. Por el contrario, es evidente la poca capacidad que tiene el Estado ecuatoriano para prevenir, reparar y sancionar en este tipo de casos. Las mujeres que enfrentan violencia y abuso sexual sistemático como los de Puerto Quito, viven un calvario sin nombre, y están solas para enfrentar su dramática situación, porque el Estado no les garantiza a las víctimas ni justicia ni reparación como debería ser.
El este caso puntual, según investigaciones periodísticas recientes, la fiscalía del sector enfoca sus esfuerzos a investigar delitos como el robo y el tráfico de drogas y, a pesar de conocer denuncias de abuso sexual, su tratamiento lo deja en el fondo del cajón porque no es prioritario.
Las oficinas de la fiscalía adolecen de precariedad, como en todos los cantones pequeños del país. Por lo tanto, las pericias en casos de violación son casi imposibles hacer adecuadamente y esto lleva a que, en la mayoría de los casos, se pierda la cadena de custodia de las pruebas. Se suma que tampoco tienen un médico legista para atender a las víctimas de abuso sexual; es decir, abandono total en estas situaciones tan dolorosas.
Como si esto fuera poco, en estas situaciones, las menores y mujeres rescatadas son colocadas temporalmente en casas de familiares, como medida urgente para retirarlas de su lugar de retención forzada, a falta de un lugar provisto por el Estado donde puedan recibir los primeros auxilios luego de una agresión.
Lo curioso es que existen las normas internacionales que señalan qué hacer en estos casos y, en lo local, sobran los programas de protección trabajados por los colectivos de mujeres en el Ecuador. De hecho, tanto Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ( “CEDAW”), describen y sugieren protocolos facultativos, para luchar contra los casos de abuso y brindar protección a las mujeres y niñas. Es decir, normativa, colaboración e ideas existen, lo que falta es decisión política.
Casos como el de Puerto Quito debe llamar al Estado a revisar su sistema jurídico respecto a la protección de las víctimas de violencia en general y de violencia sexual en particular; garantizar a las mujeres el acceso a la justicia, así como también garantizarles el derecho a una reparación efectiva.
Hacen falta más centros de protección integral en los cantones del país, a fin de que exista un lugar a donde las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia puedan acudir. Actualmente existen 45, cuando deberían existir 221; uno por cada cantón.
Es preciso poner la violencia sexual en el debate nacional y buscar soluciones para erradicarla, porque está adquiriendo dimensiones de pandemia. Nadie debería poder dormir tranquilo ante los hechos de Puerto Quito. La gran pregunta es: ¿qué hacer con una sociedad moralmente decadente en donde padres, abuelos, tíos y hermanos violan a las niñas de su familia?. ¿Cómo protegemos a las víctimas, cómo se les hace justicia? La impunidad no puede ser la respuesta.
Si se deja para luego estos temas, si se evade el debate porque nos confronta como sociedad, se normalizan estas aberraciones y se sigue sin querer aupando brotes similares al infierno de Puerto Quito. Cerca del 8 de marzo, parece que hay poco que celebrar y más bien muchas tareas pendientes con las mujeres y las niñas ecuatorianas. Ahí todos tenemos una deuda con ellas.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Y si el estado pone en marcha un gran programa nacional de erradicación de la violencia sexual debidamente articulado y en donde actúen todos los actores sociales incluidos medios de comunicación para que el mensaje llegue hasta la familia más pobre del país incluso ubicándolo como un eje transversal en las mallas curriculares?
mi humilde opinión.
Lo de Puerto Quito , una verguenza para todo el país , y una bofetada para los que tienen que velar por la seguridad de grupos vulnerables , y para Fiscales y Jueces que son laxos aplicando justicia para estos verdaderos demonios .
Lo unico en que no estoy del todo de acuerdo es que la violencia sexual “está adquiriendo dimensiones de pandemia”. Yo creo que ha estado al menos cerca de ese nivel por un buen tiempo. Solo que no se ha investigado y atacado como debe ser. Me llama la atencion que no hay suficientes comentarios de apoyo a que se trate este tema con la seriedad del caso.
Como que en verdad el hombre involuciona. Ya mismo veremos hordas de primates, cubiertos solo con taparrabos, en una mano una pistola (no una maza, en eso sí hemos evolucionado) y en la otra a una mujer arrastrándola por los cabellos hacia la cueva. ¡Deprimente!
Muy valioso e importante análisis, esperamos como un homenaje a la valía de la mujer en la construcción de la patria y en su día. Los candidatos le den la atención que se merece y la incluyan en el debate nacional, seguramente sumará mucha adhesión a quien lo considere y asuma responsablemente.