En Bolivia ya empezó la venganza

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La historia política reciente de Bolivia podría resumirse en dos imágenes. La primera, Jeanine Añez levantando una biblia como presidente interina de ese país tras la renuncia de Evo Morales. La segunda: Añez tras las rejas  meses después del triunfo de Luis Arce. La expresidente fue detenida el sábado en la madrugada, acusada de los súper-amplios cargos de  “sedición, terrorismo y conspiración”. Fue un operativo completo: la policía antes ya había aprehendido a los exministros transitorios Alvaro Coímbra, de Justicia y Alvaro Rodrigo Guzmán, de Energía. Y aunque el MAS y el gobierno boliviano han celebrado esa imagen como un símbolo de justicia en acción, los hechos son su aguafiestas: el arresto de Áñez tiene más de venganza que de justicia. 

Las imágenes de Áñez encarcelada avivó los ánimos de, entre otros, de Evo Morales. Era de esperarse. En Twitter escribió: «Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia». Sin embargo, no hubo mucho tiempo para la investigación antes de la sanción. Según una carta del periodista y excandidato a la presidencia, Carlos Mesa, a organismos internacionales que incluían la ONU, la OEA y la CIDH, tanto Áñez como sus Ministros fueron detenidos sin haberles tomado previamente su declaración informativa (derecho a ser oídos y presunción de inocencia), que según la legislación boliviana deben tomarse siempre, excepto en casos de delitos flagrantes. Y el arresto en sí no era el único abuso. El caso es más grave y para Mesa merece toda la atención de la comunidad internacional, ya que los últimos arrestos obedecieron a un “plan del gobierno de vulneración sistemática de derechos humanos de líderes de la oposición”. Aclara algunos puntos del discurso oficialista: el gobierno de Añez está siendo descrito como “de facto” cuando fue el producto de un vacío de poder tras la anulación de las elecciones del 20 de octubre por acusaciones de fraude comprobado por la auditoría de la OEA y la UE. Mesa hace notar, incluso, que el gobierno de Áñez recibió un aval al posesionar constitucionalmente a Luis Arce. Es decir, el mismo gobierno actual reconoció su constitucionalidad. 

Claro, Carlos Mesa es el líder del principal partido de la oposición en Bolivia y fue contrincante de Luis Arce en las elecciones de 2020. Sus razones jurídicas podrían hacer voltear los ojos de quienes no votaron por él. Pero él no está solo en esto. El periodista Pablo Stefanoni también acudió a sus redes para advertir sobre las irregularidades en el arresto de Áñez y sus ministros. Empezó con una premisa que daba la razón al MAS y aceptó que “hay muchos motivos para procesar a Jeanine Áñez”.  Pero advirtió que la “megacausa” de un “golpe de estado” era una vía jurídica negativa. Según Stefanoni no se puede acusar a Áñez de “incitar al golpe” simplemente por haber sido parte de un gobierno que surgió en medio de un vacío de poder tras la salida Morales. Un ejemplo que utiliza es que la acusación de “incitar al golpe” podría hacerse en contra de Luis Fernando Camacho, quien es gobernador electo de Santa Cruz. No se hace por las implicaciones políticas. En el caso de Añez, en cambio, no hay riesgos para el gobierno, que además utiliza cargos como “sedición”, “conspiración” y “terrorismo” que Stefanoni describe como “vías para la arbitrariedad”. También son evidencia de que en Bolivia no hay independencia del poder político, curiosamente, por lo que pasó cuando renunció Evo: cayó y le llovieron procesos de este mismo tipo. Llegó Arce y se le eximió de todo. 

Stefanoni tiene razón. La justicia parece esperar las órdenes del ejecutivo para actuar. Es su alcahuete, no su contraparte. En ese sentido es imposible hablar de justicia. En especial porque la caída de Morales obedeció según la OEA a un fraude electoral y al hecho de que ignoró su propio referéndum de 2016, en el que se votó en contra de la reelección indefinida. Ahora caen las figuras que representaron la caída de Morales, pero sin importar cuál fue su participación. Por ejemplo, según el Ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, la acusación exacta contra Áñez, fue por el caso de “un golpe de Estado”. Pero Añez tomó el poder el 11 de noviembre siguiendo el orden constitucional de sucesión y para convocar a nuevas elecciones (en las que arrasó el MAS) después de que renunciaron también el vicepresidente de Morales, Alvaro García Lineras y los presidentes del senado y la Cámara de Diputados. 

Ya se han pronunciado organismos como Human Rights Watch, que aceptaron que en el proceso “no hay evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo”, una figura que -advirtieron- se presta para arbitrariedades. En 2020 Human Rights Watch pidió que se le retirara esos mismos cargos a Morales. Como Stefanoni, reconocieron que durante el gobierno de Añez hubo graves violaciones a los DDHH, pero llamaron a una investigación con pleno respeto al debido proceso”. La OEA también publicó un comunicado para “expresar su preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos”. 

Los llamados al debido proceso son claves para entender la diferencia entre venganza y justicia: los cargos de “sedición, conspiración y terrorismo” solo aúpan un discurso con el que el gobierno puede utilizar su capital político para perseguir a la oposición y sus figuras. Hablan de investigación pero los hechos eso parece pura labia. Es el eterno péndulo de la justicia caudillista, al servicio de las venganzas del mandamás de turno. 

Foto: El Universo

4 Comments

  1. Muy simple no votemos por quienes lo único que les lleva a buscar el poder, es la sed de venganza y debilitar al sistema judicial para liberar a todos los que tienen problemas de la justicia por corruptos, y volver campantes como ya lo hizo Morales en Bolivia, como ahora esta la Kirchner en Argentina, evitemos darles el poder a quienes lo utilizaron mal, buscando solo su beneficio, el pueblo les importa un pepino

  2. La torpeza y arbitrariedad con la que la «justicia » boliviana actúa es inaceptable. Un lloroso y amilanado Morales apenas atinaba a presentar su renuncia al haber sido descubierto el fraude por él cometido y más aún haber desconocido el mandato del pueblo, negando la reelección indefinida. Lo que hubo entonces fue una sucesión legal y constitucional.
    El odio y la venganza de Evo y sus adláteres los hace actuar de manera tan autoritaria.

  3. Bueno, el apellido de la señora es palabra grave (tilde en la Á) o aguda (sin tilde). Sería bueno tener consistencia en la gramática.

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