Para las élites, tiempo de revisar su discurso

La notable reducción en el riesgo país que siguió a la victoria de Guillermo Lasso el domingo (de 1.169 puntos el viernes a 824 puntos el lunes) refleja el optimismo que su próxima gestión genera en los mercados internacionales. Ese índice, que incide en los costos de financiamiento del sector público y también del privado, se había deteriorado en los últimos meses, pese a la recuperación del precio del petróleo, como consecuencia del nerviosismo que generaba una posible victoria del correísmo. El triunfo de Lasso, que logró revertir ese deterioro, también ha sido bien recibido en el interior del país por gran parte del sector empresarial, que ve con buenos ojos al nuevo presidente. Si bien la conformación de la próxima Asamblea y el esperable rechazo de algunos grupos de presión complica la aprobación de las reformas necesarias para el buen desempeño de la economía en el largo plazo (la laboral y la tributaria, por ejemplo), ese shock de confianza que genera el triunfo de Lasso, acompañado de un contexto externo más favorable (por el crecimiento que se prevé para la economía mundial, por la recuperación del precio del petróleo frente a 2020 y por la posible inyección de recursos por parte del FMI), podría hacer que el crecimiento en 2021 sea mejor que el modesto 2,5% que proyecta el Fondo. Un repunte económico, que también dependerá en gran medida del avance del programa de vacunación, sería, sin dudas, una buena manera de iniciar el gobierno.

Sin embargo, mejorar el pobre desempeño económico de los últimos años, incluso antes de la pandemia (entre 2015 y 2019 el crecimiento anual promedio del PIB fue de apenas 0,5%), no es suficiente. El dinamismo económico, la generación de riqueza y de puestos de empleo son condiciones absolutamente necesarias para mejorar el nivel de vida de la población (o, al menos, de una parte de ella), pero para que el Ecuador realmente mejore como sociedad –lo que a su vez permitiría fortalecer las bases del sistema democrático y evitar el retorno de un populismo autoritario– es necesario que los beneficios del crecimiento económico se repartan con criterios de equidad. Eso no implica asfixiar la iniciativa privada con una presión tributaria excesiva o satanizar el éxito empresarial o, mucho menos, llevar adelante medidas expropiatorias. Pero sí implica que las élites económicas no se desentiendan de la realidad del país (que al cierre de 2020 tenía a casi una tercera parte de su población viviendo con menos de 2,8 dólares diarios), que asuman que su obligación no se limita a dar empleo y que los sectores que insisten permanentemente en la reducción de impuestos revean su discurso. En este punto cabe recordar que, según la OCDE y la CEPAL, la presión tributaria en Ecuador es menor que el promedio regional. También es cierto que en el Ecuador existen muy malos impuestos, como el ISD que Lasso ha ofrecido eliminar. Pero mejorar la estructura tributaria del país no es lo mismo que quitar ingresos al fisco.

Durante la bonanza petrolera el tamaño del Estado ecuatoriano creció de manera desproporcionada, lo que derivó en abultados déficits fiscales y en el consecuente aumento de la deuda pública. Seguir reduciendo el gasto público (que está por encima del promedio regional) es una tarea pendiente, pero eso no significa poner en riesgo la provisión de servicios básicos, principalmente educación, salud y seguridad, o ignorar la necesidad de que los sectores más vulnerables reciban algún tipo de ayuda directa (adecuadamente financiada, no metiendo la mano al Banco Central, como proponía Arauz), sobre todo en el contexto actual. Obviamente, la calidad del gasto público debe ser evaluada, a fin de evitar ineficiencias o robos. Pero la necesidad de tener un Estado debidamente financiado –con ingresos permanentes– y capaz de asistir a los más pobres debería formar parte del discurso de las propias élites empresariales y, en general, de todos quienes tenemos ingresos muy superiores a la línea de la pobreza (esos 2,8 dólares diarios mencionados previamente).

El presidente electo defiende ideas que sin duda promueven el crecimiento económico: firmar acuerdos comerciales con socios relevantes, reducir el exceso de tramitología, fomentar la competencia en el sector financiero, entre otras. Si se llevan adelante, el sector empresarial estará entre los primeros beneficiados y, ojalá, genere utilidades que a su vez promuevan nuevas inversiones y mayor creación de riqueza. Si eso es así, ojalá también los empresarios o los gremios que los representan no se den por satisfechos con generar puestos de trabajo (lo que sin duda es muy positivo para el país) y sepan valorar la importancia de tener una sociedad con mayor igualdad de oportunidades (para lo cual se requieren buenos servicios públicos de educación y salud) y en la que todos perciban los beneficios de una economía dinámica. Las demandas sociales en Chile o el posible triunfo de la izquierda antisistema en Perú muestran que el buen desempeño económico no es suficiente para desactivar la bomba de tiempo que representa la enorme desigualdad que sufre la región.

José Hidalgo Pallares es economista.