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El otro Ecuador exige otras respuestas

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Uno de los ejes más sensibles en la conducción de los Estados es la gestión fiscal. En Ecuador, en las últimas décadas, los crónicos déficits fiscales han sido recurrentes; por tanto, la acumulación de deudas estatales que siempre han terminado por reestructurarse y/o no pagarse.

En los últimos 40 años, los persistentes desajustes fiscales comenzaron a incubarse desde 1980, luego del retorno de la democracia. Recordemos que en tal año el mínimo vital se duplicó de 2.000 a 4.000 sucres. El básico de los maestros aumentó el 40 por ciento, de 3.000 a 5.000 sucres. El presupuesto estatal pasó de 25.900 millones de sucres a 45.300 millones de sucres, 75 por ciento más, todo sin contar con un sucre de financiamiento.

Ha sido “normal”, que al término de los gobiernos se aumenten los sueldos de la burocracia pública y se hereden a los nuevos gobiernos déficits fiscales elevados. Estas irresponsables prácticas políticas volvieron a reeditarse al ser aprobada la Ley de Educación Intercultural, que aumenta el déficit público muy por encima de los $1.000 millones y desequilibra aún más la precaria situación de la seguridad social.

Como el sentido de racionalidad y sensatez están deformados, los aumentos de sueldos y del gasto público sin el financiamiento adecuado crean supuestos derechos, adquiridos al amparo de las irresponsabilidades fiscales. Los dogmatismos, las cegueras conscientes o inconscientes, la arraigada cultura de exigir derechos per se, las supinas irresponsabilidades políticas, han instituido como cultura nacional la satisfacción de derechos mediante el gasto público, sin una cabal contraparte de las obligaciones de la sociedad para financiarlos.

En el plano fiscal, el equilibrio entre las demandas sociales que deben satisfacerse a través del gasto público y su financiamiento, se expresan en dos inequívocas ecuaciones: gastos corrientes = ingresos permanentes (impuestos y otros) e inversiones = ingresos petroleros. Todo bajo una premisa sine qua non: el tamaño del gasto público siempre tiene que ser compatible con la capacidad de la economía para sostenerlo, y una carga tributaria que no desaliente las actividades económicas personales y empresariales.

El actual gobierno heredará al próximo un déficit fiscal no menor a $6.000 millones, considerando el irresponsable aumento de sueldos citado. Al agregar el pago de amortizaciones, CETES, cuentas por pagar del presupuesto, etc., las necesidades de financiamiento serán superiores a los $15.000 millones.

En el contexto de un rojo intenso, encontrar el equilibrio de las dos ecuaciones mencionadas será una misión de varios años de rigor fiscal. Para empezar en 2022 y reducir el déficit, serán imperativos mayores ingresos tributarios de al menos $2.000 millones, sin considerar el aumento de sueldos mencionado que, al ser un gasto permanente, exige ingresos tributarios adicionales.

En el presente año, aún al reducir el déficit a alrededor de los $4.000 millones, se requieren nuevos créditos para financiarlos. No es opción volver al costoso populismo de emitir bonos basura, que al ser imposible pagarlos se reestructuraron en 2020. Una responsable e imperativa gestión fiscal, solo admite continuar el acuerdo suscrito con el FMI, a fin de que los créditos de tal organismo y otros multilaterales, permitan financiar el déficit y pagar las amortizaciones. Importante apoyo hasta que el país encuentre la senda de la sostenibilidad fiscal y del crecimiento económico, estadio en el cual podrá valerse por sí mismo.

Es pública la intención de proponer una reforma tributaria que incorpore la reducción de algunos impuestos. Se infiere de inmediato, ante un elevado déficit fiscal, la reducción de impuestos lo agigantarán. Resulta obvio, que si son necesarios al menos $2.000 millones adicionales de ingresos tributarios, la reforma tributaria debe incorporar otros ingresos que compensen las reducciones y, a su vez, generen ingresos adicionales al fisco.

En teoría se dice que reducir impuestos puede impulsar el consumo y el crecimiento, para que por esa vía haya mayores ingresos tributarios. No obstante, en el particular caso del Ecuador, aún si se cumpliese esta premisa, tal aserto no es suficiente. Ante el elevado déficit son imperativos ingresos tributarios adicionales.

Estremece que se reediten las nocivas prácticas del pasado que enclaustraron al país en la vorágine de la inestabilidad económica y fiscal. Los cuantiosos costos financieros de la mencionada ley, abren profundas heridas en las cuentas públicas y del IESS, atentando gravemente a su futura sostenibilidad.

Si la grave crisis del Ecuador está ausente en los políticos irresponsables, y los inconmensurables destrozos económicos, fiscales y sociales, ocasionados por la pandemia, parece no estar presentes ni en su pobre capacidad de imaginar, la forja de un Ecuador próspero será una quimera.

Jaime Carrera es economista. 

6 Comments

  1. Debo decir, en primer lugar, que a nadie -cuando me refiero a nadie incluyo a gente de todas las corrientes ideológicas- le cabe duda que el derecho de los maestros, quienes toda la vida han estado a la cola, en el aspecto salarial del sector público, es más allá de justo; y, que es una reivindicación que, más temprano que tarde, tiene que cumplirse.

    La Constitución dice en su artículo 287: “Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente”. Desafortunadamente tanto los Asambleístas que aprobaron la Ley, como el Presidente que le puso el ejecútese, por granjearse su gramo de aceptación pública, incumplieron con este mandato constitucional; consecuentemente, es casi seguro que va a ser demandada su inconstitucionalidad ante la instancia pertinente.

    Para cubrir el incremento salarial resultante de esta ley es necesario contar con $3.000 millones anuales de ingreso adicional permanente. No nos olvidemos que el grueso del gasto corriente del sector público se concentra en el magisterio.

    La única salida, para evitar que la ley se caiga, es que la Asamblea apruebe un proyecto de reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, que genere esos ingresos corrientes; pero, por la magnitud del monto requerido, las medidas a tomarse serían muy duras para nuestra economía, como por ejemplo subir el IVA del 12% al 18%; lo cual, en los actuales momentos, impactaría muy negativamente en la alicaída economía ecuatoriana.

    El otro problema, que afronta la ley, es lo concerniente a la jubilación luego de 30 años de servicio, independientemente de la edad.

    En las condiciones actuales del IESS, en el cual existe un gigantesco déficit actuarial, que sigue aumentando año a año; y, que pone en riesgo al pago de las pensiones jubilares -se habla de problemas ya para el 2022- este artículo de la LOEI, ahonda aún más esta precariedad financiera del IESS; consecuentemente, de no haber una reforma a la Ley de Seguridad Social, dicha jubilación con 360 imposiciones, sea cual sea la edad del docente, es simplemente inaplicable.

    También debo mencionar que, este último elemento, crea un precedente para que otros sectores, con todo el derecho constitucional que les asiste, como es el caso de los empleados del sector de la salud, pidan ser reivindicados, en este sentido, con un costo financiero enorme para la Seguridad Social, circunstancia que finalmente necesitará ser pagada principalmente con el dinero de los afiliados; y, en menor medida con la plata de todos los ciudadanos, vía el aporte del Estado al IESS.

  2. Nos encontramos en un alarmante nivel de desempleo, no hay esperanza al futuro del país, se violan las reglas presupuestarias y la deuda crece sin parar. La creciente cifra de víctimas en esta tragedia es una desidia e indolencia de nuestros gobernantes.. Enfrentamos un escenario de mucha volatilidad, con muchos riesgos políticos porque el gobierno de Lenin no cumplió con las políticas públicas.Las restricciones pueden tener un impacto negativo en la salud económica de un país en el corto plazo pero que, a largo plazo habría sido una mejor estrategia.Las vacunas no llegan y si llegan, van al círculo del poder.

  3. Lapidaria e incuestionable verdad la expuesta por Jaime Carrera.
    Políticos impresentables, están empujando hacia el abismo al Ecuador; una carga burocrática insostenible, una corrupción sistémica aterradora , ahora como si fuera poco, un “Santo Oficio” pandémico, que ya aspira a Ley Orgánica propia para tener vía libre
    a su Santa cruzada contra la “peste”, no solo Santa sino “ científica”, con los consiguientes sumo sacerdotes de barbijo, por supuesto los encierros son bastante llevaderos con las cacerolas llenas, frondosos ingresos y viviendas holgadas, pero que? para esas familias condenadas a ser recluidas con niños a un sombrío cuartucho y sin recursos, sin alimentos, sin sol, sin esperanzas y sin sanas distancias.
    Pero no inquietarse, al parecer se está “salvando”vidas; si es necesario ya mismo se quemarán brujas en la plaza de cada pueblo; ojalá no sea el preludio de un totalitarismo maquiavélico y depravado, con un virus de santo patrono.

  4. Lo que claramente expresa el Ec. Carrera confirma lo que ya sabíamos:

    La famosa dolarización NO sirvió para el propósito original: impedir que los gobiernos gasten más de lo que tienen.

    Si hubiéramos tenido moneda propia, tanto Correa como Moreno hubieran hecho lo mismo de siempre: imprimir billetes. El ciclo era bien conocido: devaluación del sucre >> inflación >> protestas de los empleados por la pérdida del poder adquisitivo >> aumento de sueldos >> imprimir más dinero… y así sucesivamente.

    Pero lo que NO hacíamos cuando teníamos sucres era… SALIR A ENDEUDARNOS EN DÓLARES… PARA PAGAR SUELDOS!!!! A nadie, desde Roldós hasta Mahuad (pasando por Bucaram) se le hubiera ocurrido semejante barbaridad.

    Al no poder emitir dinero, tanto Correa como Moreno recurrieron al endeudamiento descarado. Nos endeudaron con China. Le exprimieron al IESS. Se robaron los ahorros de la UNE. Emitieron bonos basura. Y luego, como el Ecuador no tenía capacidad de pago, fueron a rogarle al FMI…

    Aquí estamos. En la quiebra, endeudados, y sin capacidad de maniobra.

    Pero unos cuantos están felices porque siguen cobrando sueldazos en dólares. Maravilla !!!!

  5. Así como las cosas se aprueban, se pueden desaprobar. ¿Por qué no iniciar con el proceso de eliminación de la Ley de educación intercultural? Después de todo, su aprobación fue ilegítima al no definir la fuente de financiamiento como indica la ley.

  6. Yo aun no entiendo por que el ministro Pozo sigue en su puesto. Da la impresion de que apoya la irreponsable idea de subir los sueldos de los maestros, sin fondos (no es cuestion de si se merecen o no, sino como van a pagarlos). Caso contrario debio dejar solo al indescifrable e incapaz presidente Moreno. Los politicos en este pais necesitan aprender a sumar y restar, elemento basico en economia, ya que se ve que no tienen idea de lo que es producir 1 dolar (con las exceptiones que deben haber).

    Lo que haria Moreno para limpiar un poco su imagen, es enviar un proyecto bajando el sueldo de los asambleistas y sus «asesores» a la mitad.

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