Manipulación de las cifras para cumplir con el FMI

A tan solo días del cambio de gobierno, las cuentas del presupuesto al mes de abril muestran el amargo sabor de la manipulación de las cifras para cumplir con la meta de déficit global al mes de abril de 2021, establecida en el acuerdo con el FMI. Es la secular evidencia de las irresponsabilidades fiscales que no tienen límites y gozan de absoluta impunidad.

Una explicación de tal hecho. Recordemos que hace algún tiempo se estableció una tasa para cubrir los accidentes de tránsito, el antiguo SOAT. Esta tasa se administra mediante el llamado “Sistema Público de Pago de Accidentes de tránsito (SPPAT)”. En la cuenta de este sistema se depositan los valores que pagamos en la matrícula de los vehículos para cubrir los accidentes de tránsito.

Lo recaudado por el concepto citado supera ampliamente lo utilizado en indemnizar los accidentes. Los excedentes han venido utilizándose por el Estado para cubrir los gastos estatales y el déficit público. No obstante que estos recursos ya se consumieron el año anterior, el Ministerio de Economía y Finanzas “se inventa que existen” y registra en el mes de abril, como ingresos no tributarios unos $604 millones, a fin de aumentar ficticiamente los ingresos y reducir artificialmente el déficit, para de cumplir con la meta de $241 millones de déficit establecida en el acuerdo con el FMI.

Para tratar de justificar esta irresponsabilidad fiscal que debe ser sancionada, se emitió el Acuerdo Ministerial No 0026 de 10 de abril de 2021, suscrito por Fabián Carrillo Viceministro de Finanzas. Los recursos excedentes por la tasa de accidentes de tránsito, pasan a constituir fondos de terceros que adeuda el Estado y que deberían ser reclamados por los municipios que han asumido las competencias de tránsito.

La manipulación de cifras fiscales a fin de cumplir con la meta establecida en el acuerdo con el FMI también tiene otras perlas. Varios gastos que se registraron como obligaciones a ser pagadas (gastos devengados) se reversaron. Los sistemas informáticos se bloquearon para evitar que se registren las obligaciones en bienes y servicios ya contraídas por las entidades. En abril no se registraron todas las obligaciones a pagarse por remuneraciones, pues, se difirió el pago de fondos de reserva, subrogaciones, encargos, etc., tanto en gastos corrientes como de inversión.

Los nocivos hábitos citados condujeron a que, “mágicamente”, el déficit de $1.000 millones existente al mes de marzo, se transforme en superávit de $14 millones al mes de abril. Pues, los ingresos de $6.297 millones de enero-abril de 2021 superan a los gastos de $6.283 millones. Cabe señalar, además, que para el cálculo del resultado fiscal se están considerando los ingresos devengados y no los efectivos como técnicamente corresponde. Sin la manipulación de las cifras el déficit debió ubicarse en alrededor de los $900 millones, muy por encima de la meta con el FMI.

Manipular o falsear las cifras fiscales es también un acto de corrupción. Se transgrede la ley y la ética pública. Practica que tiene antecedentes. En los años 2019 y 2020 se sobreestimaron los ingresos petroleros y tributarios, y se presupuestaron $2.000 millones de ingresos por concesiones y ventas de activos que nunca se efectuaron. Los déficits reales se ocultaron.

Al margen de lo expuesto, se infiere que entre enero-abril 2020-2021 los ingresos tributarios se reducen 2,6 por ciento, con reducciones en todos los impuestos con excepción de los arancelarios. Los ingresos petroleros fueron de solo $290 millones, a pesar del incremento del precio del barril de petróleo. Los gastos aumentaron 10,5 por ciento, aunque los registros no son confiables. Las deudas del presupuesto al mes de abril fueron de $1.092 millones, valor al que se agregan los $1.300 millones de cuentas por pagar de 2020.

Las necesidades de financiamiento al mes de abril, con el ficticio cálculo del superávit, fueron de alrededor de $5.200 millones, aunque en abril no se registra ningún pago de amortizaciones, lo cual no es real. Los CETES continúan a marzo en la elevada cifra de $2.937 millones. Hasta abril, los desembolsos externos fueron de apenas $618 millones. La diferencia entre necesidades las de financiamiento y el financiamiento conseguido refleja que en la caja de Finanzas debería existir más de $1.200 millones. Sin embargo, al 30 de abril tales saldos fueron de $680 millones. Una comprobación más del cálculo ficticio del superávit.

La tolerancia de la sociedad a las irresponsabilidades fiscales y a la transgresión de la ley y de la moral pública, cubre con un manto de impunidad tales oprobiosos hechos que atentan a la confianza y credibilidad que debe caracterizar la gestión de las finanzas públicas, como condición sine qua non para el progreso del país.

Existen ciertos funcionarios, atornillados por años en nocivas estructuras burocráticas, acostumbrados al arbitrario manejo de las cuentas públicas. Las debilidades técnicas y ausencia de reales responsabilidades en la conducción del Estado, de quienes ocasionalmente llegan a dirigir las finanzas públicas, con las excepciones de rigor, hacen que fácilmente sean sometidos a los seculares vicios burocráticos.

Sin una gestión de las finanzas públicas, responsable y eficiente, a cargo de autoridades con elevados conocimientos técnicos, con capacidad para construir una institucionalidad fiscal en pro del desarrollo, con elevado sentido de la moral pública y de la honestidad, con condiciones para liderar con severidad una gestión transparente y de ruptura y limpieza de anquilosados vicios burocráticos; será una quimera la sostenibilidad fiscal, imperativa para promover las inversiones, reducir los riesgos, hacer crecer la economía,  generar empleos y reducir la pobreza.

Jaime Carrera es economista.