La sesión de designación de las autoridades de la Asamblea puso en vilo a la población. Ha sido casi como la versión política de un martirio chino, que pone a prueba la paciencia y el carácter de quienes la siguen con interés, sin perder la esperanza de un desenlace democrático. Al fin y al cabo dicen que la esperanza es lo último que se pierde y, en este caso, aplica muy bien por las expectativas que ha generado la posibilidad de tener una Asamblea diferente, sobre la base de lo que fue la legislatura pasada.
La política en el Ecuador es bastante sui generis. Podría ser utilizada como caso de estudio -de los más difíciles- y equiparada con un examen de grado en el cual se debe resolver una situación en que convergen toda suerte de posibilidades inverosímiles, casi surreales pero verídicas.
Desde el primer momento que se supo cómo quedó configurada la Asamblea, quedó claro que su complejidad iba a resultar un desafío en términos de gobernabilidad para el gobierno entrante. En esa línea, también era obvio que la tarea más delicada era construir las condiciones para lograr gobernabilidad a largo plazo.
Ese desafío es bien serio y complejo si se toma en cuenta que, entre todos los bloques, el más grande está conformado por políticos que representan un pasado doloroso para el Ecuador. No solamente por sus desafueros autoritarios y cooptación de todos los poderes sino, sobre todo, a consecuencia de sus actos de corrupción que vaciaron las arcas del Estado. Pero están allí y también van a legislar.
En ese sentido, la opción de un acuerdo político a largo plazo surge como una posibilidad viable de negociación. Pero la ciudadanía espera que cualquier diálogo político a futuro, en el seno de la legislatura, se desarrolle en el marco de la ética.
Está claro que el país quiere y necesita que quienes representan a los electores hagan el esfuerzo de construir acuerdos metodológicamente aceptables, en donde se tracen temas transversales de interés nacional como la reactivación económica, la lucha contra la pandemia, la desnutrición, la equidad, la lucha contra la violencia y la transparencia. Si lo hacen así, se construirían líneas gruesas que sobrepasan las ideologías porque representan el bien común.
No obstante, la ética exige que otros temas deban, por fuerza, quedar afuera: esos aspectos que se denominan líneas rojas y que no se cruzan porque, de hacerlo, significaría atentar contra el Estado de derecho, la ley y el orden. En ese sentido, hay cosas que no pueden ser negociables: la revisión de fallos judiciales por casos de corrupción o crímenes de Estado, por ejemplo.
Que los acuerdos políticos pasan por conversar con todos, claro que sí, pero ante esa realidad irrefutable, la sociedad civil espera mirar acuerdos transparentes que no violen la ley y que fortalezcan las instituciones.
De lo visto en la estrenada Asamblea, y lo ocurrido con los fallidos acuerdos políticos quedan algunas lecciones:
1.- Una sociedad civil más activa que nunca que está pendiente de las acciones de los políticos y dispuesta a incidir y presionar para que se cumplan los ofrecimientos.
2.- Los ecuatorianos siguen afectados por la corrupción y las malas prácticas políticas; por lo tanto, a futuro, el nuevo desafío para la actoría política será cómo va a hacer para que los acuerdos políticos sean negociados de forma transparente.
3.- La ciudadanía repudia hoy más que nunca a la corrupción y el autoritarismo, y si UNES quiere ganar un poco de legitimidad, tendrá que empezar por hacerse cargo de sus errores y dejar a sus presos donde deben estar.
4.- No es malo rectificar y el cambio de timón del estrenado Ejecutivo da cuenta de una voluntad positiva y democrática de escuchar al pueblo.
5.- El PSC va a tener por fuerza que reinventar sus tácticas y barrer hacia afuera sus malas compañías.
A pesar de criterios que opinan que la ética y la política son dos términos y prácticas difíciles de confluir, el escenario político que se está decantando en el país, da cuenta que hay una fuerza imparable que proviene de la ciudadanía que está exigiendo que esos dos elementos se unan. Corresponde a todos entonces asumir ese nuevo reto como una propuesta válida para por fin dignificar el ejercicio de la política.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
La ética se debe unir a la acción política, ¿siempre o cuando conviene? Asumíamos, mucho antes de la debacle socio-moral de nuestro país, que el ejercicio político era, simplemente, acción ética.