¿Quién pone el cascabel a la minería?

Durante los últimos años el país ha sido testigo de la emergencia de un nuevo sector productivo. Pero no es sino hasta el año pasado que este sector dio prueba de su real potencial como actor económico relevante, exportando en pleno año de pandemia cerca de mil millones de dólares.

Si bien la minería como actividad ha existido en el país desde la época pre-colonial, no se desarrolló como en los países vecinos, y tampoco fue un objetivo de inversión extranjera, mucho menos a escala industrial. Si bien se pensaba que la Cordillera de los Andes podía albergar depósitos minerales, la escasa exploración no permitió cuantificar el real potencial que podría ofrecer el país.

Pero desde hace casi diez años que la Ley de Minería visualiza el potencial de esta actividad industrial. Y es precisamente ahí cuando comienzan a surgir los temores por los impactos que pueda tener en uno de los países más megadiversos del planeta. Los recuerdos de Nambija, mezclados con los rezagos de pasivos ambientales de la industria petrolera, nutrieron los temores y generaron un entorno social e institucional conflictivo para su desarrollo.

¿Es realmente posible que la minería pueda contribuir a la recuperación económica sin causar pasivos ambientales? La respuesta está en construcción. Será posible hacerlo si esta actividad es tomada seriamente por todos los actores institucionales y se internalice la necesidad de una planificación territorial acorde con los objetivos de conservación y priorización de áreas sensibles generando niveles aceptable de gobernanza ambiental. Porque no se puede desarrollar esta actividad sin considerar la preocupación de los habitantes de dichos territorios, la necesidad de investigar sus impactos y de monitorear los ecosistemas donde estas tengan lugar. Donde se pueda garantizar con estudios geo-hidrológicos que no habrán afectaciones a la calidad ni cantidad de agua para las ciudades ni las áreas rurales ni ecosistemas sensibles.

No será posible que esta sea una industria que contribuya a la recuperación económica si no se establece antes, de forma responsable, dónde debe y dónde no debe existir minería y se construyan las capacidades institucionales de control y monitoreo ambiental para garantizar la prevención del daño. Sin estas condiciones será imposible alcanzar un desarrollo responsable de la industria.

Se tiene claro que uno de los objetivos del próximo gobierno es el de la reactivación económica. Y que enfrentará dificultades serias en varios frentes, incluyendo el minero donde se promueven consultas populares que, si bien reafirman la autonomía territorial, tampoco garantizan la intangibilidad ambiental pues la minería artesanal, pequeña y mediana están excepcionadas en estas consultas. De la misma manera, no se establecen estrategias para proteger a los ecosistemas de la minería ilegal.

Hoy, las prioridades ambientales están dadas especialmente bajo el cumplimiento de la agenda climática que disparará los precios de los minerales, especialmente el del cobre, que juega un rol enorme en la transición energética y cuya demanda global  se multiplicará varias veces en los próximos años.

Sin embargo, sin gobernanza territorial basada en sistemas de consulta y participación, así como de planificación conjunta de territorios y de acceso a la información ambiental amplia y oportuna, esta actividad enfrentará serias dificultades.

Hoy la ciencia y tecnología han avanzado suficientemente y generado alternativas de manejo ambiental que aplican los países desarrollados en sus operaciones mineras. Es hora de conversar sobre dónde se puede y dónde no se puede hacer minería antes de reabrir el catastro minero. Se debe implementar el Convenio de Escazú y aplicar estándares internacionales como los de la Iniciativa por la Transparencia de la Industria Extractiva (IETI) si se quiere una industria minera responsable.  Las nuevas autoridades tienen la palabra. Y ahora, ¿quién pone el cascabel?

María Amparo Albán es abogada y catedrática universitaria.