Jorge Yunda sabe perfectamente que si llega a ser destituido quedará a merced de la justicia que, por cierto, ya tiene los ojos puestos en él. Por eso, el alcalde de Quito es capaz de hacer hasta lo imposible para evitar que los concejales lo destituyan dentro del proceso de remoción que está en curso y que entrará en su etapa decisiva la próxima semana.
En su plan para aferrarse al cargo, Yunda y su equipo de abogados ha diseñado un plan que tiene tres etapas, pero cuya pieza central es un recurso desesperado: utilizar el precedente de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expidió a favor del ex alcalde de Bogotá y líder de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, como una amenaza a los concejales que lleguen a votar por su destitución. Según esa sentencia del 8 de julio de 2020, la CIDH condenó al Estado colombiano por la destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá.
El recurso de Yunda está plasmado en un pedido de desmaterialización de la sentencia de la CIDH a favor de Petro, que consta en los documentos que envió como descargos a la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano, que tramita los dos pedidos de remoción que han sido enviados por colectivos de la ciudad. Es más, el tema de la sentencia de la CIDH es la parte medular del paquete de documentos enviados como descargo a la Comisión de Mesa, presidida por el vicealcalde Santiago Guarderas, que deberá remitir el caso al Concejo Metropolitano.
La sentencia de la CIDH dice, básicamente, que un organismo de control administrativo como la Procuraduría (el equivalente a la Contraloría ecuatoriana) no puede destituir a una autoridad elegida por elección popular y, en la parte que más interesa a Yunda, que no estuvo garantizada la imparcialidad del procurador, Alejandro Ordóñez. Según el alto tribunal, el funcionario -feroz crítico de Petro- decidió destituirlo por responsabilizarlo del caos de la recolección de basura en Bogotá, luego de haber opinado sobre el tema.
¿Por qué Yunda cree que la sentencia de la CIDH es una amenaza a los concejales? Porque ese organismo, al fallar en contra del Estado colombiano, estableció el principio de la repetición; es decir que obligaba al procurador Ordóñez reparar con 10 mil dólares a Petro, independientemente de los costos procesales y otras indemnizaciones morales. En otras palabras, Yunda está enviando el mensaje de que si lo destituyen, la CIDH obligará a los concejales que voten en su contra a pagar la reparación económica a la que sea condenado el Estado ecuatoriano.
En realidad, el caso de Yunda no tiene comparación con el de Petro. Pero pone en evidencia que se trata de un recurso destinado más a disuadir a los concejales de destituirlo, que un argumento con asidero y futuro legal. Para comenzar, Petro no fue destituido, como hipotéticamente lo sería Yunda, por los concejales que son fiscalizadores políticos del Alcalde, sino por la Procuraduría que se encarga de temas administrativos.
Luego está el tema de la imparcialidad: Yunda alega que al menos 12 de sus juzgadores; es decir 12 concejales, ya se han pronunciado a favor de su renuncia. En la sentencia de la CIDH a favor de Petro y en contra del Estado colombiano, se establece que la Procuraduría no garantizó la imparcialidad porque su titular se había pronunciado ya en contra de la gestión de Petro. En este tema, la relación que pretende hacer Yunda con el caso del ex alcalde de Bogotá también es ociosa: si él es destituido lo sería por los concejales en un juicio político; amén de que el pedido de renuncia hecho por ellos, en una sesión del Concejo, fue ocasionado por los chats del hijo y no por las causales del pedido de remoción que tienen que ver con su gestión en la Alcaldía. En la maniobra de Yunda, sin duda, subyace su pretensión de inhabilitar a la mayoría de concejales porque supuestamente ya tienen formada su opinión de que debe abandonar la Alcaldía.
Las otras dos etapas en la estrategia de Yunda, para evitar que lo saquen del cargo, son: la gestión política para evitar que haya los 14 votos a favor de la remoción y la siembra de errores procesales en su trámite para luego, en el caso de ser destituido, ir hasta el Tribunal Contencioso de lo Electoral, TCE, para alegar que el proceso estaba viciado. En ese sentido, Jéssica Jaramillo, una de las personas que presentó uno de los pedidos de remoción, sostiene que en la Secretaría del Concejo se han cometido errores a propósito para que luego el TCE pueda objetar el juicio. Ella teme que el TCE será el segundo escenario donde Yunda peleará por mantener su cargo, en caso de que pierda en el Concejo.
En el Municipio se sabe que uno de los asesores de Yunda dijo que, si pierde la Alcaldía, las posibilidades para que vaya preso son enormes. Seguramente por eso, el Alcalde ha terminado convirtiendo su gestión en un gran operativo legal y político para salvar su pellejo. Responsabilidad y dignidad le son ajenas.
Foto: Twitter de los Panas de Jorge Yunda
Y Cintya para cuando?
Lasso ya gobierna, ahora es el turno de sacar a yunda, no podemos permitir que siga ofendiendo a Quito. Si los concejales no pueden removerlo de la alcaldía, si la justicia todavía timorata y corrupta demora y da largas sin sentido a los procesos legales, somos nosotros, los ciudadanos de la capital los que tenemos la obligación de ir y sacarlo de la alcaldía. FUERA yunda FUERA!!!
Es un cartucho, solo le falta traer a colación el caso Drayfuss, resultará que probará que es judío.