Uno de los temas pendientes de discusión, en el ámbito de la democracia ecuatoriana, y que hay que retomar es: ¿cómo se va a hacer para fortalecer/cambiar el sistema de partidos? Algunos quizás consideren un poco temprano para poner este tema en el debate. Sin embargo, a la luz de las lecciones aprendidas de las elecciones pasadas, a poco tiempo de las elecciones seccionales, y ante lo que se está presenciando en la Asamblea Nacional, es claro que se necesita un cambio.
Desde hace largo rato se habla de la necesidad de entrar en un análisis riguroso y serio sobre las reglas electorales que rigen la actividad política de movimientos y partidos. Y a poco más de año y medio para entrar en período electoral, más vale empezar a discutir ese tema. No es desconocido por todos que urge una depuración de los partidos y movimientos: construir nuevas directrices que se enfoquen más bien en el fortalecimiento del ejercicio de la política sobre bases de estructuras sólidas. Un sistema de partidos moderno. Y esto pasa sin lugar a dudas por una nueva reforma electoral.
Si bien las últimas reformas aprobadas en el primer trimestre del 2020, trajo significativos avances como el de cerrar las listas y la obligatoriedad de 50% de mujeres cabezas de lista, faltan muchos temas por discutir. Sigue pendiente, por ejemplo, considerar de nuevo si conviene mantener la existencia de distritos o si se vuelve al sistema anterior. Esa matriz fue concebida con un propósito de conveniencia política en su momento y en la práctica ha constituido un problema para los mismos partidos.
Los controles de los mecanismos de democracia interna deben ser pensados de nuevo. En las últimas elecciones se mejoró esta necesaria práctica; no obstante, fueron pocos los que la cumplieron a cabalidad. Por lo tanto, la ley debe ser más rigurosa al respecto de modo que partido que no cumpla con este requisito, en los términos que exija la ley y un posible reglamento, simplemente no debería poder inscribirse.
En esa misma línea es necesario que se incluya como requisito indiscutible que, para inscribir a sus candidatos, cada movimiento o partido acredite haber aplicado un mecanismo de tamizaje y veto que asegure la idoneidad técnica y ética de quienes pretenden llegar a cargos como el de asambleísta. Quienes no presenten una herramienta interna en ese sentido tampoco debería poder inscribir a sus candidatos.
Fortalecer al Instituto de la Democracia, es otro tema en la lista de pendientes. Ese organismo, debe asumir a cabalidad el rol que le corresponde. Para conseguirlo, basta mirar ejemplos en la región que son casos emblemáticos de entidades que apoyan a los partidos, acompañan en la implementación de buenas prácticas y consiguen ser facilitadores de espacios de diálogo político entre ellos.
Las pasadas elecciones dejaron algunas lecciones. Está claro que no es posible contar con más de 270 partidos y movimientos políticos inscritos y participando en la contienda electoral. Está comprobado que la dispersión tuvo un pésimo efecto en todo sentido. No sólo significó un uso superfluo de recursos públicos que financiaron campañas de candidatos que todos sabían que no iban a ningún lado, sino que, además, confundieron a la ciudadanía con propuestas repetidas.
En fin, son innumerables los argumentos para creer que mientras más temprano se empiece a discutir una reforma electoral será mejor. Sobre todo, porque hay que tratarla con tiempo, y recibir aportes de muchos sectores. Indudablemente, el criterio de los expertos es imperativo, pero también la sociedad civil y la academia deben aportar.
Lo ideal es que la Institucionalidad electoral no se quede fuera y sea parte de este gran empeño. En la medida que se logre construir, ahora sí un cuerpo legal técnico, discutido y pensado con visión democrática, se hará un favor al país y, sobre todo, se tendrá un compendio de reglas claras, rigurosas y modernas para las próximas elecciones locales. ¡Manos a la obra!
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Por qué no se establece lo siguiente:
Para ser candidato ser afiliado por lo menos UN AÑO ANTES DE INSCRIBIR CANDIDATURAS
Los dirigentes del partido a todo nivel, nacional, provincial, cantonal o parroquial no podrán ser candidatos
Los afiliados deberán financiar las actividades del partido
Los dirigentes lo serán por una sola ves o máximo dos periodos
Digo yo
Partidos? No Será mejor llamarles haciendas, donde el caporal hace y deshace?
Mire los candidatos que social cristianos pusieron en Azuay, ellos no comulgan con el pensamiento social cristiano
Mire el partido que auspició a Arauz, saludo de la manga
Mire las autoridades que fueron elegidos por ser dueños de tal partido
Mire los requisitos para ser asambleísta, o presidente, es resultado de ese desbarajuste
Los partidos políticos actuales deben desaparecer, reformar la ley y quitar el requisito que un candidato debe ser auspiciado por partido o movimiento
Es evidente que se necesita otro sistema de partidos, pero hay ciertos puntos que el articulo no considera:
El sistema de partidos políticos actual beneficia a los políticos que viven de la política. Y a ellos no les interesa el cambio. En todas las provincias hay caudillos que siguen ahí para bien o para mal: Los Torres en Tungurahua, los Falquez en El Oro, etc. Por lo tanto, el cambio nunca va a salir desde ellos.
El sistema de partidos no solo tiene que ver con los partidos, sino con la organización política del Ecuador. De 221 cantones solo unos 60, superan los 50.000 habitantes mínimos que las leyes decían que debía tener una población para ser cantón. Es decir, solo 27% cumple el requisito. Existen 1140 parroquias rurales con rango de Gobierno Autónomo, que en la práctica no tienen una utilidad real. Las 24 prefecturas no tienen funciones bien definidas y las 23 gobernaciones tienen funciones limitadas. Esto da lugar a un montón de ineficiencias, exceso de funcionarios, falta de recursos, sueldos desproporcionados, corrupción. Por lo tanto, el sistema de partidos, va de la mano de la reorganización administrativa del Estado. No tiene sentido cambiar el sistema sin cambiar el esquema administrativo estatal. Con esto en mente, el arreglo del sistema de partidos debería considerar los siguientes puntos que solo pienso listar, para no hacer tan largo el comentario:
SISTEMA DE PARTIDOS: Solo 4 nacionales. Responsables con pago, que se encarguen de la organización del partido. Estos responsables solo podrán reelegidos por una sola vez luego de un periodo. Los miembros de un partido por lo menos deberían haber presentado una declaración de impuestos y un informe de licitud de fondos.
CANDIDATOS: Edad mínima 30 años, con experiencia comprobada en algo. Presentación de declaración de impuestos, libres de pasado judicial e informe de licitud de fondos. No candidatos alternos. Relección pasando un periodo para un cargo por una sola vez. Registro de patrimonio y cuentas en la UAFE. Parroquias rurales: solo 1 presidente y 4 miembros adicionales. Cantones menores de 50.000 personas: 1 alcalde y 4 concejales. Cantones mayores de 50.000 personas: 1 alcalde y un número par de concejales en función de distritos con número de habitante similar, que no excedan de 12 en total. Sueldos en función del número de habitantes. Congreso bicameral: 1 senador por cada provincia, 1 representante por distrito electoral de 200.000 habitantes que contenga los distritos para elección de cantones.
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: Distritos electorales de número similar de habitantes. Ciudades menores a 50.000 habitantes: Se debería proponer que las ciudades pequeñas colindantes se unan en un solo cantón para generar eficiencia, de forma que lleguen por lo menos a 50.000 habitantes (4 distritos Norte, Sur, Este, Oeste). Ciudades mayores de 50.000: no más de 12 distritos. Posible desaparición de GADs parroquiales rurales o definición clara de funciones: básicamente organización de mingas, capacitación y representación ante Alcaldía. Unificación de prefecturas y gobernaciones para generar eficiencia.
CAMPAÑA: Inicialmente igualitaria pagada por el Estado en todos los medios, sobre la base de parámetros de situación proporcionados por el INEC y otras instituciones, que permitan saber las necesidades de cada circunscripción electoral y se obligue al candidato a que su oferta de campaña, se enfoque en esos temas. Debates obligatorios con moderados que recalquen las necesidades reales de la circunscripción electoral. Campañas en sitios cerrados, que no interrumpan las actividades de las ciudades. Empleados temporales de pago para que trabajen en la campaña. Voto obligatorio para dueños de RUCs activos y empleados con seguro social (ellos financian al resto). Voto voluntario para el resto. Sistema paralelo de control electoral a cargo de la sociedad civil, pagado por el Estado.
En fin, hay muchas ideas que se pueden pensar para mejorar nuestro sistema de partidos.