Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

Se está construyendo ética pública

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Se dice que construir ética pública, en contextos contaminados por corrupción, como el del Ecuador, es como parar una ciudad después de recibir un tsunami. Es así como ven los expertos la tarea de dar un giro a años de corrupción –casi quince años para el país- y corregir usos y costumbres que fueron mermando: las arcas del Estado primero y después la confianza ciudadana en la función pública. Por lo tanto, poner en obra la palabra empeñada en campaña no será tarea fácil.

Tomando el pulso a la nueva administración, en la semana que fenece se han hecho varios anuncios: unos que tienen que ver puramente con el espectro político y otros que tienen, a simple vista, un profundo sentido de ética, responsabilidad y delicadeza en el uso de los fondos públicos, y que aporta esperanza de que tiempos distintos se vienen.

En el laberinto de la corrupción se tejen momentos que, apuntalados con decisiones políticas, terminan normalizando el uso de los recursos públicos como propiedad de los funcionarios. Desafortunadamente, en el Ecuador ha sido una práctica común y, lo que es peor, aceptada y normalizada: que los bienes del Estado pasen a estar al servicio de quienes ostentan cargos públicos de relevancia. Y esa práctica, ha sido una de las causas por las cuales la función pública ha sido tan desprestigiada.

Se ha  visto como frente a las  narices de todos desfilaban, recurrentemente, caravanas interminables de autos y guardaespaldas pagados por el pueblo, en un país con altos niveles de pobreza e inequidad.

Ni hablar de la llave abierta de dinero del Estado que se iba diariamente en publicidad oficial y en el tormento de los sábados. Basta recordar que ese sainete, pagado por todos los ecuatorianos, era precisamente donde se vejaba sistemática e indiscriminadamente a hombres y mujeres por el error de pensar distinto.

En aquellos tiempos aciagos, el Palacio de Carondelet perdió su brillo y pasó a ser el centro de diversión, fiesta y zafarrancho de unos pocos que se atrevieron incluso a utilizar la plata de todos en vajillas personalizadas para sus extravagantes invitados con quienes bailaban y cantaban hasta el amanecer, ellos y sus compinches: con la plata del esfuerzo de los ciudadanos.

Pero tal parece que esto está llegando a su fin. El nuevo gobierno ha empezado a dar señales que apuntan en dirección de mantener los dineros del Estado donde deben estar, y anteponer la ética como guía de la función pública. Esto es lo justo, pero sobre todo lo correcto. La dignificación de la política y de la gestión pública pasa necesariamente por transformar el discurso en hechos concretos y estas decisiones sin duda lo son.

Dado que el camino para introducir transparencia y generar confianza en la gestión está empedrado de obstáculos, justamente se debe partir por pequeños cambios que, a la postre, se volverán significativos por los resultados que lograrán a largo plazo. Esta es una lucha de largo aliento.

Retirar escoltas innecesarios es sin duda un acierto, sobre todo si se piensa que el funcionario honesto debería poder pasearse entre la gente sin problema. El mensaje de austeridad enviado, al eliminar del gasto público cadenas e inversión en mensajes comunicacionales es significativo, tomando en cuenta que las nuevas plataformas digitales son generosas en recursos audiovisuales. Es decir, sí se se puede informar al país sin despilfarrar recursos.

Pero, por otro lado, luchar contra la corrupción también significa eliminar lo intrascendente, lo innecesario. Y en esa línea, erradicar la tramitología que constituye sobre todo agujeros de corrupción es clave. Sólo basta imaginar cómo la exigencia de la copia de la cédulas y papeletas de votación, han sido no solamente un obstáculo engorroso sino también motivo para extorsionar al ciudadano que no lo tenía a mano, y así por el estilo.

Se conoce que los cambios culturales pueden tomar muchos años, décadas quizás, pero alguien tenía que asumir ese reto y dar ese paso hacia adelante. Hoy se está haciendo y, en un ejercicio de objetividad, conviene destacar esta iniciativa que habla de una decisión política potente pero sobre todo genuina de cambiar al país cambiando las costumbres. Lo óptimo es, entonces, unirse a esa cruzada y construir ética pública entre todos.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.

5 Comments

  1. El Presidente Lasso, tiene que hacer una limpieza total de la corrupcion y mugre correista, vemos con asombro como en Manabi por ejemplo, los correistas en mandos medios siguen muy campantes exprimiendo la ubre de fondos publicos, mientras que anti correistas que defendieron y salvaron la patria siguen esperando con gran decepcion, asi mismo tiene que expulsar a los profesores cubanos en las distintas universidades e instituciones educativas, donde son focos de adoctrinamiento comunistoides.,Atte. Alex Intriago Peñafiel.-

  2. El Presidente Lasso esta dando pasos importantes para atacar la corrupcion y eso es lo que se esperaba (no solo por su oferta electoral sino tambien por sus principios). Pero necesitamos que, de la mano, vengan leyes que acaben con situaciones inveroscimiles como la del Contralor o el Defensor del Pueblo, que estan presos por cunductas poco eticas o posible corrupcion, sigan siendo «autoridades» desde la carcel. Como puede ser eso posible? Tampoco entiendo por que los asambleistas gocen de blindajes para poder hacer sus fechorias.

    Como puede ser tambien que funcionarios publicos con grillete sigan ejerciendo sus cargos? La ley no puede ser permisiva en estos temas!

  3. Señora Hidalgo. ¿Es ético de parte de Lasso nombrar a dos correístas como ministras de Salud y de Educación?. Espero que esa ética les blinde de los 12.000 correístas aún enquistados en el Gobierno.

  4. Un comentario sencillo pero muy profundo y real. Si el gobierno apunta en ese sentido y consolida sus afanes, !iremos hacia adelante!

  5. En efecto, hay buenos síntomas de que la ética pública quiere hacerse presente, por fin. Pero, el gran cambio vendrá cuando se modifiquen las leyes que permiten el descaro en gobernantes y administradores de la cosa pública. Debe erradicarse aquellas leyes que permiten que personas con problemas judiciales se escuden desde las candidaturas y hasta administren las instituciones con grilletes. Otras autoridades que deberían dirimir lites con urgencia, les dan largas mientras la ciudad se ahoga en el abandono; nada les conmueve. Y la cereza del pastel: dos «altísimas» autoridades ya trasladaron sus oficinas a la cárcel desde donde emiten sus resoluciones. Es el colmo. ¿Hasta cuándo nuestra patria será mancillada?

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