Si existe un órgano de control que no puede quedar acéfalo es justamente la Contraloría General del Estado porque, en la estructura institucional, representa el ente más importante de la Función de Transparencia y Control Social.
Las funciones que desempeña, por mandato constitucional, son fundamentales en la supervisión tanto del destino como del uso de los fondos públicos. Esa entidad fiscaliza y audita a todos los organismos del Estado y también a aquellos órganos privados que reciben fondos públicos. Además vigila el buen uso y administración de los bienes público que son de todos y que se confía a los funcionarios públicos; custodios de los mismos.
La Constitución de la República le impone responsabilidades: dirigir el sistema de control administrativo; examinar las declaraciones patrimoniales juramentadas e investigar presuntos casos de enriquecimiento ilícito. Está facultada, además, para examinar el sistema de control interno de cada una de las instituciones del Estado. Es decir, es un órgano poderoso y requiere, por eso mismo, que quien lo dirija acredite impecables credenciales.
En la historia del Ecuador ha habido contralores destacados, que han desempeñado sus funciones con rectitud y en derecho: Alfredo Corral y otros, son ejemplos de gestión transparente. No dudaron en imponer sanciones a funcionarios o individuos que hicieron mal uso de los fondos o bienes del Estado. Su gestión sin duda contribuyó a construir confianza en esa institución.
Desafortunadamente, hace rato que la Contraloría dejó de ser un organismo modelo y fue transformado, poco a poco, en un ente contaminado por la corrupción. Es conocido por todos que el Contralor nombrado, se encuentra prófugo, su subrogante está ahora en prisión y la subrogante del subrogante ha abandonado su cargo, desentendiéndose olímpicamente de sus responsabilidades.
El resultado: una contraloría sin rumbo, sin una cabeza que asuma las obligaciones que le corresponde y con temas fundamentales pendientes por resolver.
No obstante, lo que está sucediendo en la Contraloría no es más que una crónica anunciada porque se advirtió, en su momento, desde varios espacios de opinión, que no era buena idea mantener ratificado en su puesto a un subrogante que fue justamente el segundo de a bordo del contralor prófugo. Era evidente –se dijo– que él conocía de los actos de su jefe. Por lo tanto, resultaba un poco naif pensar que estaba libre de toda culpa.
El tiempo ha dado la razón a las advertencias de entonces y el problema es que, a la luz de una normativa ambigua respecto de quien debe asumir esa cartera, se vive una situación que resulta casi surrealista: un contralor despachando desde la prisión como si no pasara nada cuando, en realidad, está ahogado en las pruebas en su contra.
Ahora, ¿cómo salir de este entuerto? La respuesta es complicada porque corresponde al CPCCS organizar el concurso para elegir Contralor. Es decir, esa responsabilidad recae en otro órgano que también es cuestionado por su ineficiencia y goza de muy poca legitimidad. Por demás está mencionar la complejidad que rodea la organización del concurso en mención, pero no queda de otra porque es la institucionalidad que hay y la hoja de ruta a seguir. Si la Asamblea saliente hubiera actuado con responsabilidad y aprobado el regreso de la designación de los órganos al legislativo, otro gallo cantaría y se tendría al menos una luz.
Pero ante los hechos quizás se abre una oportunidad para poner sobre la mesa y debatir acerca del tipo de perfil que se necesita para ocupar ese cargo. Y es bueno hacerlo ahora, para tener un poco claro qué debería exigir la ciudadanía.
De partida, se necesita un profesional que acredite la formación legal para asumir con conocimiento el cargo. Un personaje de reconocida probidad ética, con un pasado limpio desde el ejercicio de cargo público si es el caso, libre de vínculos correístas –no se aceptan arrepentidos ni ranclados–, de reconocida coherencia en sus actos y, sobre todo, que llegue a su cargo por sus méritos, sin deber el puesto a nadie.
Tal parece que va a tocar buscar con palo de romero como se suele decir, pero en el Ecuador sin duda existen hombres y mujeres de bien que cumplen con ese perfil y que asumirían a cabalidad ese rol. Así las cosas, parece que hay acuerdo en que Se busca Contralor.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Es increíble que en mi Ecuador, el Contralor de la Nación, el titular de la institución que controla toda la función pública y el uso adecuado de los recursos del Estado, esté en la cárcel precisamente por corrupción….. desvaneciendo glosas millonarias a cambio de dinero….si, parece que Celi es un digno sucesor de Polit, la misma escuela, los mismos resultados..ha sido la crónica de una muerte anunciada y estamos tan acostumbrados a funcionarios corruptos, que permitimos que éste siga a la cabeza del Órgano de control del Estado, despachando desde la cárcel sin ruborizarse, tratando de mantenerse en su puesto, agarrándose con uñas y dientes del puestito con el respaldo de otros corruptos ex funcionarios, ex autoridades, y como dice la Fiscal “personalidades ilustres”, que si fueran tan ilustres, no se mancharían los labios presionando a la titular de la fiscalía para dejar al corrupto defenderse en libertad y obviamente sentado en su puestito.
Pero si revisan en las instituciones pequeñas… los exámenes de auditoría arrojan resultados terribles… imponen glosas administrativas con multas increíbles a funcionarios públicos de último nivel, … a gente que ni siquiera ocupaba ese puesto público por decisión personal sino porque fue reubicada como parte de la aplicación del nuevo modelo de gestión del Ministerio de Educación, en este caso…..
Pero resulta que ahora salen predeterminación de responsabilidades y obviamente de multas con argumentos realmente estúpidos como por ejemplo: no contar con expedientes del personal “ordenados”, “no haber ingresado al sistema los expedientes de ganadores de concursos”, cuando el sistema en el año del examen estuvo en prueba, presentando fallas que debían ser corregidas una y otra vez por los técnicos de Planta Central, sus creadores….. haber “contratado personal que no reúne requisitos”… cuando quienes hemos trabajado en un Distrito por los años 15-16, sabíamos que el último en tomar una decisión de contratación de personal, era y es el funcionario responsable de TH… las decisiones de contratación siempre las han tomado los políticos (directores distritales y asesores políticos de la revolución ciudadana que en ese tiempo tenían la última palabra).
Lo impresentable es que la Contraloría se ensañe con personas inocentes, que tuvieron la mala suerte de tener que trabajar bajo órdenes de políticos corruptos, sin alternativa para cuestionar sus decisiones… ahora impone multas cuando ni siquiera los sueldos se pagaban de acuerdo al Manual de Gestión Organizacional de Procesos que tanto pregonan se violentó con el “desorden de expedientes”, “el no ingresar expedientes en el sistema no funcional en ese momento del examen”, “contratar personal sin perfiles profesionales”, el primer resultado de este examen especial debió ser: que se hicieron traslados y traspasos de puestos administrativos sin el reconocimiento de las remuneraciones que correspondían al puesto de trabajo de mayor responsabilidad, violentándose el derecho de esos funcionarios reubicados administrativamente, al derecho fundamental de igualdad: A igual trabajo, igual remuneración”, pero esa, que sí debía ser una observación trascendente, se dejó pasar y se miró para otro lado.
A esos mismos funcionarios, con sueldos de oficinistas y responsabilidades de Profesional 3 y 5, se les impone responsabilidades administrativas que superan en mucho la miserable remuneración que percibían, sin reclasificación, sin revalorización de puestos…. fueron buenos para exigirles trabajo y responsabilidades, pero no fueron éticos para asignar la remuneración que correspondía de acuerdo con el mismo Manual….
Es triste saber que este organismo de control… desvanece glosas millonarias a cambio de pagos corruptos… pero demuestra su fuerza con personas inocentes que no tuvieron opción…. o lo haces o dejas de trabajar…. esa es la realidad…. y la otra… es la pérdida de confianza en la legitimidad de las decisiones de este mal llamado órgano de control.
Doctora Hidalgo, tiene razón respecto de que es urgente la designación de un Contralor. Sin embargo, hay unos detalles que no considera:
•No basta con designar un Contralor. Es evidente que los Contralores, en la práctica no elaboran los informes. Eso lo hacen sus subalternos. El Contralor revisa el documento, sugiere cambios y lo firma. Por lo tanto, todos los subalternos que han elaborado estos documentos y luego los han cambiado, a petición del Contralor, si no son culpables, por lo menos son cómplices, ya que ellos saben los errores y faltas que tenían los proyectos que auditaban.
•Uno de los mecanismos que los corruptos encontraron para evitar informes de contraloría negativos para sus intereses, fue poner familiares o amigos, a trabajar en la Contraloría. En muchos de los casos, estos funcionarios se encargaron de emitir informes que deslindaban de responsabilidades a los contratistas.
•Los problemas de informes mal hechos, no solo tienen que ver con los grandes proyectos. Muchos de los informes de proyectos de cantones pequeños o los GAD´s parroquiales, también tienen falencias y fomentan corrupción. Si bien es cierto, los montos suelen ser pequeños, pero si sumamos todos los GAD’s parroquiales y cantones pequeños, los valores de corrupción son considerables.
Por lo tanto, podríamos afirmar, que casi todos los funcionarios de la Contraloría están coludidos o fueron cómplices. Entonces, no basta con nombrar Contralor, sino que se debe hacer lo mismo que se hizo con la antigua Dirección General de Rentas, que se convirtió en el SRI, con personal nuevo, comprometido, y, una directora como la Economista Elsa de Mena, ya fallecida, que se encargo de convertir al SRI en una institución eficiente y comprometida, algo que se perdió un poco en la época de Correa y Moreno, pero que con buena gestión se puede volver a recuperar. En la práctica, la UAFE en conjunto con la Fiscalía, deberían pedir al Señor Presidente Lasso, dinero para conformar una fuerza de tarea que se encargue de investigar a todos los funcionarios de la contraloría, y, recuperar lo más pronto que se puede los dineros de la corrupción.
El contralor debe ser un profesional experto en control. Un auditor. Ahí empereza el cambio.
Le voy a responder con ironía: tenemos la cárcel de latacunga, la 4 de quito, las de Guayaquil, la de turi etc, etc, etc, como puede apreciar doña Ruth, tenemos bastante material de donde escoger.