Los jueces deberían ser personas respetables y respetadas. Y sus fallos no deberían ser objeto de ácida polémica pública. No al menos en los términos que corren por las redes sociales, a propósito de la resolución de dos jueces de la Corte Provincial de Pichincha que, en los hechos, devolvieron la alcaldía al engrilletado Jorge Yunda. Si no les tratan de corruptos, son tildados de ignorantes.
Y sí, esos dos jueces -Raúl Mariño y Cenia Vera- hicieron méritos suficientes en este caso, para granjearse esos epítetos que, por carambola, extienden, otra vez, otro manto de duda, irritación y desesperanza del país con respecto a la Justicia. Esa bola de nieve en el caso-Yunda ya era gigantesca tras las irregularidades, denunciadas por la Judicatura, en los sorteos de acciones puestas por Yunda cuando fue removido: acción de protección y medidas cautelares. Además María Belén Dominguez tiene un nutrido expediente desde su designación como jueza y Juan Carlos Soto, según la judicatura, fue asignado directamente.
¿Entonces ignorantes o corruptos? Los hechos prueban que su fallo es antijurídico, producto de una acción de protección lograda tras un sorteo irregular, y anunciado tras el examen de un acto, la remoción de Yunda, que no fue impugnado.
¿Cómo pueden un par de jueces provinciales argüir en su fallo que en el juicio de Yunda -porque se metieron con todo el caso- se violó el principio de garantía constitucional de imparcialidad? Se pensó, escuchando ese argumento pedestre a la jueza Dominguez que ella, por su edad e inexperiencia, por no ser jueza constitucional, estaba confundiendo a Hulk con una deidad griega. Pero no: ahora resulta que esa era la línea estratégica de los defensores de Yunda que en forma curiosa -¿corruptos o ignorantes?- vendieron a los jueces.
Hay que ser corrupto o ignorante para creer que los políticos de un Concejo Metropolitano son jueces jurisdiccionales. Hay que ser corrupto o ignorante para desconocer las facultades que otorga la Constitución y las leyes a esos actores políticos para fiscalizar políticamente a un Alcalde elegido. Y hay que ser muy corrupto o muy ignorante para pretender usar, como precedente jurídico, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso-Petro; alcalde de Bogotá cuando aquello sucedió.
Gustavo Petro fue destituido por el Procurador General de Colombia quien lo encontró responsable del caos de recolección de basuras al implementar un sistema por fuera de la ley. No solo lo destituyó. Lo inhabilitó durante 15 años. El procurador de Colombia creyó poder hacerlo en virtud de las facultades disciplinarias previstas en la ley que regulaba sus poderes. La Corte Interamericana dijo que esos poderes no eran compatibles con los instrumentos internacionales y que una autoridad administrativa no podía restringir los poderes políticos de un servidor público elegido popularmente.
¿Los concejales son autoridad administrativa? No. ¿Yunda fue removido mediante una acción disciplinaria? No. ¿Hubo un proceso legal amparado en la ley para removerlo? Sí. ¿Aquello es parte de las facultades fiscalizadoras de los concejales, contempladas en la ley? Sí. ¿Son los concejales jueces jurisdiccionales? No, son actores políticos. ¿Fue ese proceso refrendado por el Tribunal Contencioso Electoral, máxima instancia en este tipo de discrepancias? Así fue.
Ahora, la Corte Interamericana sancionó, en el caso-Petro, el mal empleo por parte de la política del ordenamiento jurídico. En el caso-Yunda ha sucedido exactamente al revés: el uso delincuencial del ordenamiento jurídico para salvar a un político engrilletado, investigado por una suma respetable de irregularidades durante 26 meses de una administración impúdica.
Raúl Mariño y Cenia Vera, jueces de la Corte Provincial de Pichincha, acaban de ratificar que un tipo como Yunda no puede ser fiscalizado políticamente. Que no puede ser controlado en democracia por el simple hecho de haber llegado a la Alcaldía con votos, el 21% en su caso.
Entonces, ¿corruptos o ignorantes? Los dos, posiblemente.
Foto: El Universo.
Cuando hay errores en los diseños de ingeniería, estos se corrigen antes de proseguir con la obra. En la cuestiones legales, los errores se acumulan, nadie corrige y los esperpentos resultantes tienen el mismo efecto legal que algo bien hecho. A eso se llama legalidad en este país. Podemos progresar, ser honestos y eficientes? Imposible.
Nuestra administración de justicia es una desgracia desde hace muchos años, con más notoriedad desde que al innombrable se le ocurrió meterle las manos. Con muy contadas excepciones, las personas que optan por trabajar en la judicatura, ven en esta actividad una forma de hacer dinero vendiendo la Justicia a quien pague mejor.
Cuando eminencias del derecho como Ismael Quintana o Rafael Oyarte y muchas otras, dicen que la justicia de este país está hecha pedazos, ya no queda nada, solo apagar las luces e irnos! En serio, la ciudad se va a la m…., están destruyendo la justicia, destrozando las leyes, aniquilando la casi inexistente credibilidad que tienen nuestras instituciones, todo para sostener a un tipejo inútil, corrupto e inescrupuloso como Yunda. No veo un solo funcionario, juez, concejal que tenga la voluntad, el coraje y la valentía de hacer respetar a la capital del pais, a los procedimientos, la legalidad, la decencia! Me negaba a creerlo porque me parecía demasiado cínico y pesimista, pero ahora entiendo que sí, todos tienen un precio, solo hay que atinarle.
Ese es quizá el mensaje más nocivo y simplón, como ganó en las urnas (claro,79% no votó por él) entonces es intocable, es de una ignorancia enfermiza, una bestialidad, o sea que los concejales, también elegidos por el voto popular están de puro adorno, solo para aplaudir como focas o calentar el puesto. Que tengamos jueces, personajes y funcionarios públicos que piensen que la democracia e institucionalidad solo se reduce a depositar un voto es deprimente, trágico. Entonces a los pobres llamingos de a pie, quién nos defiende de gobernantes corruptos, incompetentes, inoperantes, sinvergüenzas? quién saca la cara por los que no tenemos imperios mediáticos, poderosas mafias políticas y económicas detrás, los que no podemos comprar jueces, funcionarios y sentencias? Para Yunda no fue suficiente destruir Quito, ahora va por nuestra mediocre justicia, nuestras debiles instituciones y hasta las pocas esperanzas que aún nos quedan en nuestro país.
Propongo que hagamos un boicot a todas las empresas, medios y personas que sostienen, patrocinan y defienden al Chorohomero, no compremos sus productos y servicios, que entiendan que no es aceptable, ni decente,ni rentable apoyar y auspiciar a personajes con fuertes indicios y sospechas de corrupción e ilegalidad, no escuchemos las radios mal habidas del engrilletado y su familia, no les demos audiencia ni difusión, que entiendan que están del lado equivocado y que eso les traerá consecuencias. Exijamos que todas las cuentas oficiales de redes sociales del municipio (Twitter) habiliten la opción de respuesta, son medios de información públicos y tienen que estar abiertos a todas las opiniones y críticas, no solo a sus fans y defensores. Finalmente deberíamos informarnos a cerca de quienes son los jueces de la Corte Constitucional, sus antecedentes y hojas de vida, que sepan que estamos pendientes y vigilantes de sus acciones, que toda la ciudad los observa y les exige que actúen a la altura de las circunstancias.
Y los concejales? Bien gracias, el viernes pasado, las oficinas desiertas, como es que en la compleja situación del municipio se toman vacaciones o el día libre? A ni uno solo, a ninguno de los que votaron por la remoción he escuchado que alce la voz para exigir que se cumpla la sentencia del TCE, siempre cobardes, pusilánimes, calculando sus conveniencias e intereses personales y politiqueros, la ID para variar coqueteando con el correísmo para repartirse algo del botín municipal. Los concejales como funcionarios públicos deberían ser los primeros en acatar la ley al pie de la letra, ellos son otros ignorantes e incompetentes, no se supone que tienen asesores? Guarderas, otro gallino y peregil, la ley está de su lado, pero es taaaan del todo y se acobardó, en este punto si creo que lo mejor sería convocar a elecciones adelantadas pero ya!, todos, empezando por el remedo de alcalducho removido, los concejales y Guarderas no sirven para nada, son una plasta nefasta, con todos ellos juntos no se hace ni un solo funcionario que valga la pena. Maldito el día en que otras incompetentes autoridades permitieron que un tipejo como Yunda y una horrorosa como la Maldonado se candidaticen a la alcaldía, ahí fue cuando todo se pudrió.
Existe un Tribunal Contencioso Electoral para esos casos; pero casos Yunda pudo haber pedido una acción de protección si se hubiese violado sus derechos constitucionales. En algún momento los quiteños se van a cansar de los corruptos y los van a sacar a la fuerza, incluyendo a los mal llamados jueces.