Los hechos en medio de los que se debate la capital del Ecuador, además de inverosímiles por su contexto, son reveladores de problemas políticos sustanciales que están aquejando a la ciudad y que alertan sobre estrategias planificadas que buscan desestabilizar y generar caos.
El fallo antijurídico de la Corte Provincial que deja sin efecto el proceso de remoción del ex Alcalde, revela la crisis que aqueja el sistema de administración de justicia y deja sin piso a las acciones de control político y fiscalización a las que deben someterse en derecho las autoridades. El precedente y la jurisprudencia que se sienta con este fallo, abre una posibilidad muy peligrosa a futuro: de ahora en adelante, cualquier autoridad local que se sienta atacada por los miembros de su concejo, hará uso de la acción de protección; ergo, el control político se transformará en una odisea y, con eso, la corrupción tendrá calle de honor para entrar en los municipios.
La improcedencia de lo actuado por este organismo de justicia, prende las luces rojas. ¿Qué está pasando en el seno de este organismo? ¿Qué profesionales del derecho, cuyo deber es actuar en justicia, se atreven a pronunciamientos de ese calibre? ¿Y cuál es la posición de la titular del Consejo de la Judicatura más allá de rasgarse las vestiduras y lamentar lo sucedido? Finalmente, ¿cuáles acciones se plantea desde esa entidad o se hará caso omiso? Es obvio que no ha sido precisamente la ética lo que primó en esa espuria decisión jurídica.
Huelga decir que Quito ha venido siendo atacada sistemáticamente desde hace rato y lo que se ha buscado es ir mermando la identidad y la autoestima de los habitantes de la ciudad. Ir desgastando a la quiteñidad desde varios flancos para irlos paralizando, golpeando sus símbolos de identidad.
Este plan maquiavélico fue tomando forma desde en octubre del 2019, cuando la ciudad fue destruida a vista y paciencia de su autoridad máxima. Entonces, sólo un puñado de concejales dieron la cara, mientras quien tenía la obligación jurídica de defenderla callaba. Conviene recordar que entonces, fueron los quiteños quienes, escoba en mano, salieron a recoger los escombros de la ciudad y entre todos recuperaron fachadas destruidas y limpiaron la capital.
Más tarde, en lo más duro de la pandemia, el uso de pruebas defectuosas adquiridas por el Municipio, ocasionó que Quito lidere las estadísticas de contagios y muertes, pues muchos se confiaron en ellas y perecieron por su causa. Mientras la ciudad ha necesitado soluciones técnicas y rápidas a problemas urgentes y cotidianos, la mediocridad de la gestión y sobre todo la corrupción la han ido transformando en una ciudad fantasma.
El recuento que antecede es importante porque, paradójicamente, se quiere posicionar la idea de que, la remoción tiene orígenes clasistas o excluyentes. Se está buscando construir un relato que logre dividir la ciudad en ricos y pobres; en norte y sur; en buenos y malos. Pues no señor, este embrollo no tiene que ver con el origen ni con el barrio de procedencia de la autoridad removida.
Este es un asunto de falta de ética pública y corrupción: así de simple. La Alcaldía de Quito debe ser el sitio de servicio por excelencia y los actos de corrupción deben ser sancionados con la más rigurosa aplicación de la ley, quien quiera que sea el que los cometa.
Parece que la ciudadanía está despertando de un largo letargo y lo está haciendo con fuerza. Quito exige una salida legal a la situación de la Alcaldía y, en esa línea, los quiteños buscarán en la Corte Constitucional la solución. La paciencia se ha perdido; los relatos de división forjados ya no tienen efecto; la estrategia del caos ya no vende. Ahora vamos todos juntos por Quito.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Si guarderas y los concejales quieren la alcaldía… Que la ganen
“Todos por Quito” acaso significa “Guarderas Alcalde” ?. Quien escribe, que es un ciudadano al que le llega apenas la información, se ha enterado que personajes planteados como nuevos directores de la alcaldia Guarderas tenian impedimentos de todo tipo y no pudieron posesionarse. Y los medios masivos mutis. Será por esto, y por algo más, que ciertas élites también mutis.
Fuera todos.
“CMA”. Buen seudónimo para “identificar” a uno de casi tres millones de ciudadanos, habitantes de la capital. Esa confesión plena de ignorar la actual realidad que atraviesa Quito, es quizá el único justificativo a su favor de sus criterios, pues solo un evidente aislamiento de los hechos debido a que “apenas le llega la información” puede entenderse una opinión al menos incompleta, y bastante básica. La vergüenza que Yunda está haciendo pasar a los quiteños, es ciertamente el menor de los males de la capital ecuatoriana. LA CAPITAL DEL ECUADOR. Es tan así que incluso si lo que usted dice sin mencionar sustento legal o señalar hechos sobre Guarderas fuese cierto, es la nada comparado con el engaño delincuencial de Yunda a los quiteños sobre las pruebas de detección de COVID, no solo por ineficaces sino porque una vez descubierto, construyó un andamiaje de mentiras, que serviría como barrera para proteger al contratista vendedor, a los funcionarios municipales que como buitres intermediaron y se aprovecharon de las muertes de inocentes. Y por supuesto, para forzar jurídicamente un salvataje de emergencia de su propio pellejo. Y eso es un hecho incuestionable que hoy lo mantiene con un “trofeo” en su tobillo, bajo recaudo ante una muy posible fuga. Puedo abundar en la descripción de otros HECHOS sobre los que abunda información. Al margen de quien lo lidere la capital, después de Yunda, parecería que cualquiera es mejor. Mas si en realidad le interesa el destino de Quito, le sugiero no esperar a que “le llegue” la información. Quito nos pertenece a diecisiete millones de ciudadanos, que vemos con asco y repulsa el cinismo de Yunda, y con mucha pena que algunos ciudadanos, quizá dos de cada diez, “apenas” se interesen por Quito.