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Urgencia climática: ¿y en el país qué?

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Hace pocos días se publicó el último informe del Grupo Inter-Gubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, conocido mundialmente como IPCC. En este último informe denominado “Cambio Climático 2021: Bases Físicas” y aprobado por 195 de sus países miembros, que se publicó los primeros días de agosto, el panel de científicos establece de forma contundente que no solo se está lejos de las metas climáticas de reducción de 1.5 grados,  sino inclusive que la reducción a 2 grados se ve lejana, teniendo frente un escenario gravísimo por la aceleración de los eventos climáticos

Como lo ha dicho Hoesung Lee, Presidente del IPCC, las innovaciones y los avances contenidos en este nuevo informe, constituyen una herramienta valiosa para la toma de decisiones sobre el clima por parte de los países. De eso se trata: que los estados puedan tomar decisiones más exigentes basados en la ciencia y en datos duros.

La cercanía de la Conferencia de las Partes 26 —que se celebrará en Glasgow (Reino Unido) el próximo noviembre—, es uno de los eventos globales de mayor trascendencia. Se aspira a que se realicen avances no solo en materia ambiental y climática, sino que logre el redireccionamiento de la economía global hacia estos esfuerzos. La enorme cantidad de recursos financieros que supondrá la transición energética, como uno de los ejes articuladores de la lucha contra el cambio climático preocupa diariamente a los mercados. Pero no solo eso, a esta estrategia se debe sumar, además, la estrategia por una mayor conservación de bosques y de recuperación de ecosistemas para incrementar la resiliencia frente a las alteraciones del clima, así como las estrategias de mitigación de riesgo climático sobre los regímenes hídricos en el mundo que están siendo altamente afectados.

Ningún esfuerzo sobrará en esta lucha contra el calentamiento global. Las proyecciones del informe indican que en las próximas décadas la temperatura aumentará en todas las regiones. Acrecentando las olas de calor con estaciones cálidas más largas y estaciones frías más cortas, llegando a calor extremo con mayor frecuencia e impactando grandemente la agricultura, la salud humana y a la biodiversidad. Se verán con mayor frecuencia alteraciones en los patrones de precipitación, retroceso de glaciares, elevación del nivel del mar y temperaturas promedio mayores en todo el mundo. Y estas son apenas unas pocas consecuencias ya apreciables.

Con esto ante sí, la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) tiene el objetivo de acelerar la acción climática para el cumplimiento del Acuerdo de París. Para ello la Presidencia de la Cumbre trabaja ya con la sociedad civil y las empresas. Porque está claro que nada se podrá lograr si los estados no conforman coaliciones con la sociedad civil y el sector privado, en donde las políticas públicas deben enfocarse en resultados concretos con metas medibles. La inversión privada además de generar empleo y reactivar la economía ahora debe contar con mejores prácticas climáticas dentro de un sistema de incentivos de mercado que logre producir cambios más rápidamente. Eso es a lo que todos los países apuntan. Y en esto, ¿en donde está el país?

Si bien se han hecho importantes esfuerzos por recibir compensación en el ámbito gubernamental, lamentablemente en el Ecuador la inversión privada en mercados climáticos tiene una limitación que impuso de forma inconsulta la Constitución del 2008 mediante una disposición en su artículo 74 que limita que, tanto personas naturales o jurídicas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas puedan beneficiarse de los servicios de captura de carbono o de cualquier otro servicio ambiental que se ayude a producir.

La urgencia climática que señala el IPPC en su informe exige un esfuerzo coordinado en varios frentes, tanto con ONG como con el sector privado. Es hora de incorporarse a los mercados de carbono sin prohibiciones ni sesgos ideológicos estatizantes. Es hora de trabajar conjuntamente si queremos alcanzar las metas propuestas.

María Amparo Albán es abogada y catedrática universitaria. 

4 Comments

  1. El Ecuador tiene muchos -y muy graves- problemas ambientales: falta de recolección y disposición de basura, falta de agua potable y alcantarillado, falta de tratamiento de aguas servidas, contaminación de ríos, deforestación, erosión y degradación de suelos, hundimiento de carreteras, contaminación del aire, explotación insostenible de recursos marítimos, falta de agua de riego, conflictos por el agua, ciudades donde predomina el cemento, derrumbes frecuentes, explotación irracional de canteras, minería ilegal, etc etc etc.

    Es mucho pedir que los ambientalistas se enfoquen en resolver esos problemas?

  2. Es importante notar que una de las principales conclusiones del IPCC es que el mundo rápidamente tiene que «descarbonizar» su economía, es decir dejar totalmente de usar los combustibles fósiles. Visto desde esta perspectiva es muy irracional tanto los planes del gobierno de duplicar la producción petrolera, como la exigencia de ciertos sectores sociales de reintroducir los subsidios a los combustibles. Espero que 4P pronto analice este tema con más profundidad.

  3. Desde Green Ecuador S.A. promovemos el comercio de bonos de carbono tenemos amparo legal desarrollado que las autoridades de gobiernos pasados no ha dado paso en 14 años esperamos que el Presidente Guillermo Lasso sepa aprovechar esta oportunidad ya que en campaña se intereso por la idea, según estudio del MAE 2016 los servicios ambientales del SNAP equivalían en el 2007 a 45.000 millones de dólares anuales y en ese entonces el precio del bono de carbono se establecía entre 18-20 dólares, actualmente y debido al cumplimiento de las metas del Pacto Paris el precio del bono de carbono se prevee llegue a los 135,30 dólares en 2030 subiendo significativamente a partir de esa fecha hasta cifras inimaginables de hasta 1.000 dólares una tonelada de CO2 o bono de carbono en 2050, hasta el momento las previsiones se están cumpliendo.

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