Distintos indicadores muestran que la economía ecuatoriana ha empezado a recuperarse en los últimos meses. En julio, según el INEC, la tasa de empleo adecuado en el país fue del 31,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que significó un aumento de casi dos puntos porcentuales frente a la tasa de mayo (30,2%) o, visto de otro modo, que algo más de 60.000 personas encontraron un empleo adecuado en ese período. El exitoso programa de vacunación parece ser la principal causa detrás de ese repunte, ya que ha permitido que, a diferencia de lo que ocurrió en abril y mayo, no se deba volver a toques de queda y confinamientos que causan un grave daño a la actividad económica.
El aumento del empleo adecuado ha generado un alza en el ingreso promedio de los trabajadores y, de la mano con esto, también se observa un repunte en las ventas, según estadísticas del SRI. Si bien en el acumulado hasta julio todavía se registra una leve caída de 3% frente a igual período de 2019, las ventas ya rondan los niveles prepandemia. Por su parte, los depósitos en los bancos siguen creciendo a buen ritmo (después de las elecciones los de plazos largos volvieron a ganar participación en los depósitos a plazo fijo) y también la cartera de créditos se ha empezado a mostrar dinámica, especialmente el crédito productivo y el microcrédito.
Aunque el panorama es alentador, aún hay mucho camino por recorrer, sobre todo en cuanto al empleo, donde los indicadores siguen estando muy por debajo de los niveles prepandemia (que ya eran malos). Y precisamente en ese tema, si bien el Ejecutivo puede llevar adelante algunas medidas que mejoren el ambiente de inversión en el país, un verdadero cambio en el mercado de trabajo depende en gran medida de la aprobación de una reforma laboral que, sin modificar en nada las condiciones de los contratos vigentes, impulse la creación de nuevos puestos de empleo en el sector formal.
Del mismo modo, así como el Ejecutivo puede (y debe) avanzar en el recorte del gasto ineficiente, el aumento de los ingresos permanentes, indispensable para cerrar el déficit fiscal, también depende de la aprobación de una reforma tributaria en la Asamblea. Y la lista puede seguir con otros temas necesarios para conseguir finanzas públicas y tasas de crecimiento económico sostenibles en el largo plazo, como la reforma a la seguridad social o la aprobación de acuerdos comerciales con socios relevantes.
La gran duda que surge alrededor de estos temas es el papel que jugará la Asamblea Nacional. Es decir, ¿será una Asamblea que, manteniendo su papel fundamental de contrapeso del Ejecutivo, analice y debata los proyectos de ley con argumentos técnicos y priorizando el futuro del país o, por el contrario, los asambleístas pondrán por delante dogmas y cálculos políticos y bloquearán cualquier iniciativa del Gobierno, por conveniente que sea?
Lamentablemente, las perspectivas no son muy alentadoras. Se trata, finalmente, de la misma Asamblea que ratificó el irresponsable (e inconstitucional) incremento en los salarios de los profesores del sector público y la misma que condenó el retorno del Ecuador al CIADI, pese a que ese acuerdo favorece la llegada de nueva inversión al país.
Los ciudadanos esperan de sus representantes en el primer poder del Estado una actitud madura y responsable con el país. Eso no significa allanarse a todo lo que proponga el Ejecutivo ni dejar de hacer oposición, pero sí que esa oposición sea constructiva y bien fundamentada. Lo contrario significaría un mero bloqueo con intenciones políticas, en cuyo caso el Gobierno deberá evaluar todas las alternativas que, en el marco de la Constitución, estén a su alcance para tratar de sacar al país adelante.
José Hidalgo Pallares es economista.
Es favorable conocer , que ahora el país empieza a ver resultados Post- Pandemia los índices empiezan a cambiar … viendo como poco a poco la económica empieza a resucitar después de 14 años de deficit por el endeudamiento y la mala inversión.
No, porque es una Asamblea que no está calificada para ejercer la función de legislar, entonces no entienden: i) lo importante para el país (conseguir progreso y desarrollo), ii) lo urgente para superar la crisis económica ( inversión para formar capital, empleo para generar ingresos, innovación para modernizar) iii) lo eficiente (para no comprar carros alta gama cuando la mayoría de los ecuatorianos tienen recursos limitados para alimentación), iv) lo oportuno ( no dedicarse 100 días a robar sino trabajar para cambiar el país). Por todo esto Presidente, debe consultar al pueblo para que estos se regresen a pata…. a sus casas.
Debe existir coherencia entre lo que se dice y hace, el Presidente lo está demostrando. Los asambleístas deben comprender que el mandante ya está cansado de tanta palabrería inútil. Dudo que lo hagan y que se atengan a una consulta al Pueblo, su Mandante Soberano.
La respuesta es NO. El presidente Lasso debe proponer una consulta popular donde el primer punto debería ser volver a la constitución del 98, para poder salir de todos los límites y sin sentidos de la constitución correista de Montecristi.
Como segundo punto, debería incorporar cambios mínimos para las próximas elecciones: régimen fuerte de partidos nacionales, nuevos requisitos para candidatos: edad mínima de 30 años, experiencia probada en algo, informe de ingresos por parte de la UAFE, pago de impuestos.
A partir de estos 2 puntos, puede consultar el resto de cosas: ley laboral, impuestos, corrupción, etc.
Todo lo que se pregunte a partir de la primera pregunta, debe estar en función de la constitución del 98.
¿cómo gobernar un país sin dirigentes creíbles cuando se necesitan con urgencia políticas públicas para encarrilar la economía, reducir la desigualdad y la pobreza, solventar los problemas del sistema de salud pública que evidenció la pandemia?
La combinación de descrédito de la asamblea y una oposición más vociferante que pragmática arroja un saldo preocupante: una clase política aún más desprestigiada, que provoca una sociedad más incrédula y pone la gobernabilidad del país en riesgo.
Muchos ecuatorianos vemos a los políticos como una casta priviligiada, interesada en sus propios intereses mientras el país se hunde en varias crisis : economica, social, cultural.
La falta de confianza ciudadana en su clase política es que puede percibir una incapacidad de lidiar con los problemas coyunturales y estructurales del país. Y esa posibilidad parece confirmarse con lo que vemos en la política día a día: la dificultad de consensuar soluciones o de, siquiera, plantear soluciones que vayan más allá de las frases vacías. El problema es que Ecuador necesita con urgencia una clase dirigente que sea capaz de gobernar, dialogar y hacer acuerdos que vayan en la direccion correcta: solucionar los problemas de la ciudadania.
Ahora, cuando necesitamos más gobernanza y menos palabreria, los ecuatorianos tendremos que observar los movimientos del presidente Lasso.
Si la clase política realmente quiere solucionar los problemas que hunden a este país desde hace décadas, el primer paso debe ser dejar a un lado la politiquería y la cultura del privilegio.
Para recuperar la necesaria confianza ciudadana, será indispensable algo que parece imposible en Ecuador pero es tan necesario: que los políticos dejen de lado la retórica y muestren con el ejemplo que no hay privilegios entre y para ellos.
La respuesta es NO.
La razón es muy simple: la Asamblea tiene una abrumadora mayoría de izquierda (ID, PK, UNES) mientras que la derecha (PSC, CREO) solo tiene el 20% de escaños.
La mayoría de izquierda jamás votará a favor de leyes que favorezcan a los dueños de universidades privadas, ni a empresas petroleras o mineras.