¿Por qué cabe una consulta popular?

La posibilidad de utilizar la consulta popular, como mecanismo constitucional de democracia directa, es una opción válida que permite al Presidente gobernar con el pueblo. Por su intermedio se busca  preguntar al soberano su opinión sobre decisiones que son de  interés nacional. Cabe mencionar que, doctrinariamente, este mecanismo es considerado como el más idóneo y avanzado de aplicación de participación ciudadana en la democracia.

En la historia democrática del Ecuador, el país ha tenido experiencias en donde se ha consultado al pueblo; varias de ellas con resultados favorables. En aquellas que tuvieron un final feliz se identificaron algunos denominadores comunes: la alta aceptación de los mandatarios al momento de implementarlas y la oportunidad de hacerlo en términos de tiempo.

Niveles de aceptación importantes aseguran, sin duda alguna, una adhesión ciudadana al gobierno que consulta y abre el camino para que pueda recibir la anuencia popular. Si se suma la oportunidad, las posibilidades aumentan de forma positiva.

Es un hecho que el éxito del plan de vacunación 9/100 aporta al gobierno una respetable dosis de credibilidad, toda vez que fue uno de los ofrecimientos de campaña más complejos de lograr, especialmente por las circunstancias en que el sistema de salud fue recibido. Finalmente lo ha conseguido y deberá tratar de estirar los efectos de ese triunfo lo suficiente para que le alcance hasta el momento de consultar al soberano.

En la opinión pública –al menos hasta ahora– parece que va ganando adeptos la idea de ser consultados. Cada vez más voces se alinean con la idea de que, como están las cosas y con los temas pendientes y urgentes por resolver, es conveniente que los ciudadanos decidan sobre el destino del Consejo de Participación Ciudadana –o en su defecto, retirarle la facultad de designación de autoridades de control-; viabilizar una reforma política; cambiar el número de asambleístas; sentar las bases para un cambio en el sistema de partidos y otros temas más.

Todo esto a la luz del escenario político de un legislativo que poco está aportando para la gobernabilidad, cuyos representantes anticipan su oposición frontal a temas urgentes sin antes debatirlos. Están dando muerte a las iniciativas antes de discutirlas, aun cuando se sabe que son vitales para hacer caminar al país, independientemente de quien ostente el poder.

No se sabe dónde quedaron archivadas las declaraciones de apoyo y cohesión alrededor de intereses nacionales y, peor aún, a dónde fue a parar la promesa de una oposición responsable. Ciertamente, se sabía que la configuración del legislativo volvía complejo llegar a acuerdos; sin embargo, se esperaba que los actores políticos tuvieran la capacidad de enfocarse en el bienestar colectivo y en las necesidades de los ecuatorianos. Urgía una lectura más humana, más solidaria con el país. En lugar de eso, se está interpretando que no hay que apoyar una iniciativa o ley -cualquiera que esta sea- proveniente del Ejecutivo, porque no cuadra dentro de su visión ideológica y que, por el contrario, hay que  pulverizarla.

En esas condiciones, ¿cómo hacer para empujar adecuadamente y que el país avance? Evidentemente, una visión demócrata obliga a buscar soluciones que se enmarquen dentro del estado de derecho y la legalidad y, en esa línea, la consulta popular surge como una herramienta muy válida. No deja de ser arriesgada ciertamente, pero logra poner la decisión y la voluntad popular por sobre los intereses de políticos que no quieren cambiar sus prácticas.

La encrucijada política es compleja y, en este ambiente, es clave estar claro acerca de las razones por las cuales una consulta puede ser propuesta en el corto plazo: hacer prevalecer la voluntad del soberano, para que con su decisión se pueda avanzar como país hacia la recuperación económica y el progreso.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.