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¿La ley no es para todos?

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 Uno de los problemas sistémicos que el país tiene, y que sigue siendo difícil de corregir, es el uso de recursos públicos por parte de las autoridades que promocionan sus nombres en las obras que ejecutan.

Durante décadas se ha visto cómo los caminos, las carreteras, los puentes, plazas y alumbrados suelen estar inundados de avisos publicitarios de las autoridades que gestionan esas obras. Todos estos mensajes, pagados con fondos de todos.

Resulta muy conveniente usar dinero público para contratar vallas, anuncios y demás elementos publicitarios, porque así se asegura que el nombre de la autoridad esté atado siempre a la mejora de calles, carreteras y obras públicas.

Esa práctica es especialmente popular en las autoridades locales, que aprovechan este mecanismo para sutilmente hacer campaña anticipada de esa forma e ir manejando la opinión pública a su favor, especialmente cuando tienen en la mira la reelección. El problema es que al hacerlo, no solamente se usa indecorosamente las arcas del Estado sino que, sobre todo, se manda un mensaje erróneo a la colectividad.

Las autoridades electas y las que ocupan un cargo público, asumen la obligación jurídica de trabajar en pro de la ciudadanía: ese es su rol. Y dentro de esa función, la construcción de obras, la mejora de servicios y otras tareas es parte de su gestión, es su obligación y no una proeza que merezca ser inmortalizada en cada callecita inaugurada, puente o alcantarillado.

Justamente por ese defecto político tradicional es que se buscó, desde  sociedad civil, la mejor vía  para resguardar los recursos públicos de las autoridades golosas y de narcisos interesados en promocionarse mediante las obras que gestionaban. De allí nació la iniciativa de que la prohibición conste en una  ley.

Con gran esfuerzo, se logró que el Código de la Democracia contemple una norma que busca erradicar el uso de recursos públicos en la promoción de nombres y así se fomente la transparencia en la gestión pública.

Es así, como el art, 219 -antes 221- de este cuerpo legal, dispone claramente que las autoridades elegidas para ocupar un cargo público no pueden, por ley, usar recursos del Estado para promocionar obras con sus nombres. Queda claro entonces que cualquier autoridad que coloque su nombre en una obra está contraviniendo la ley de forma flagrante.

Los esfuerzos para exigir el cumplimiento de esta norma han sido bien difíciles, sin embargo, los datos que se tienen de monitoreo desde sociedad civil unidos a la visibilización de este problema, ha dado buenos resultados especialmente en los últimos años.

Por lo tanto, llama la atención, y preocupa el incumplimiento flagrante de la ley por parte de Cynthia Viteri, la primera autoridad local de una de las ciudades más importantes del país y, aún más, que haya sido difundida su infracción por todos los medios. Se pasaron por encima el artículo 219 olímpicamente y en tecnicolor.

Lo peor de este desliz, no ha sido únicamente la infracción, sino que ha sembrado la duda en la colectividad acerca de la genuina intención de ayudar, al hacer de la donación un acto público, difundido en redes, sin contar con que la familia beneficiada tendrá que vivir para siempre con el membrete propagandístico que se les chantó sin opción a hacer nada al respecto,

Para cambiar la democracia se necesitan algunas cosas y una de ellas, bien importante, es la decisión política y compromiso de quienes ostentan cargos públicos de cumplir la ley. Quienes han recibido la voluntad popular en las urnas tienen una doble obligación: no solamente cumplir con una gestión transparente sino también administrar honradamente los recursos públicos y no usarlos en beneficio propio. Ojo con eso, que la ley es para todos.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.

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