Lo impensable: la Corte Constitucional (CC) empieza a generar la percepción de que también sus miembros se cuidan de hacer olas y optan por lavarse las manos. Es tan grave como desesperanzador porque esta institución, gracias precisamente a sus fallos, se posicionó como el órgano más confiable y creíble de una institucionalidad a la deriva en el país. La alerta está activada y se basa, para este análisis, en dos fallos.
El último se produjo este 15 de septiembre: el pleno de esta Corte resolvió desestimar los pedidos de verificación de cumplimiento realizados por el Comité por la Institucionalización de la Democracia. Para seguir el hilo hay que retomar la solicitud hecha a la CC, el 29 de marzo pasado, por Pablo Dávila, coordinador de ese Comité. Él pidió que esa Corte, presidida por Hernán Salgado, verificara si la Asamblea Nacional cumplió y tramitó en buena y debida forma la propuesta de reforma constitucional que firmaron 300 mil ciudadanos. En los hechos, lucía evidente que la respuesta debía ser No. 13 días antes, la Asamblea había desechado ese proyecto de iniciativa popular con una leguleyada intolerable propuesta por el correísta Carlos Cambala: exigir 91 votos para aprobar el texto que debía dar paso al referendo demandado; cuando la Ley de la Función legislativa solo se requerían 70. Hubo 81 votos a favor.
Aquí se puede leer el fallo sobre la verificación solicitada por Pablo Dávila
No solo eso: la Comisión Ocasional de Enmiendas, presidida por Elizabeth Cabezas, había destruido la reforma sin que norma alguna de derecho público la facultara a examinar, machete en mano, un proyecto de iniciativa ciudadana. En ese momento Pablo Dávila hizo notar, en este mismo medio, cómo esa comisión, al excluir una parte sustancial de la propuesta, limitaba el derecho de los ciudadanos y el de los asambleístas a pronunciarse sobre los tres componentes del referendo: eliminación del CPCCS, reestructurar el legislativo en Asamblea y Senado y dar mayor autonomía a la Fiscalía General del Estado. En definitiva, el Comité por la Reinstitucionalización pidió a la Corte Constitucional que se manifestara sobre el atentado cometido por la Asamblea contra el derecho de participación ciudadana.
¿Qué ha hecho la CC? Una proeza en dos tiempos: lavarse las manos y efectuar un saludo a la bandera. Primero anota que “el procedimiento de reforma, establecido en el art. 442 de la Constitución es apto para la expedición de las normas contenidas en el proyecto examinado”. ¿Lo es? ¿Acaso la CC no es la principal garante de los derechos constitucionales? El legislativo violó un derecho de la democracia directa que faculta a los ciudadanos tener iniciativa para reformar la Constitución. La CC nada dice al respecto, limitándose a hacer un examen cronológico de lo sucedido en la Asamblea. No señala el vacío legal que existe, pues la Constitución no dice qué prerrogativas y límites tiene la Asamblea cuando “tramita” los proyectos ni cuando los “aprueba”. En todo caso, el pleno de la CC sabe que se está lavando las manos porque concluye con un exhorto -ni siquiera una disposicion de carácter imperativo- para que “en ocasiones posteriores en las que le corresponda tramitar proyectos de iniciativa popular normativa, interprete y aplique de forma sistemática y favorable el conjunto de disposiciones que rigen la participación de la ciudadanía en los debates en las comisiones y en el Pleno”. ¿Por qué en ocasiones posteriores y no ahora que le correspondía sentar jurisprudencia y hacer valer el ejercicio de democracia directa, atropellada por el poder legislativo?
En agosto pasado, la CC también entró en la dinámica criolla de ni chicha ni limonada que tanto daño hace a las instituciones: ratificó la constitucionalidad de una ley totalmente inconstitucional: La Ley Orgánica de Educación Intercultural. El pleno reconoció que hubo dos vicios de inconstitucionalidad formal en la aprobación de esa ley. El debate no se hizo basándose en los informes actuariales (para regular el régimen especial de jubilación de los docentes) y tampoco se tuvo en cuenta la factibilidad financiera para aumentar las salarios de los docentes. Es decir, la ley se aprobó contrariando la Constitución, artículo 287, que dispone que “Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente”. ¿Qué hizo la CC? Dorar la píldora, abriendo espacio para ambigüedades absurdas.
¿Qué base constitucional tiene la Corte para pedir a la Asamblea Nacional que subsane estas omisiones? ¿Acaso la Asamblea tiene iniciativa para aumentar impuestos o gasto público? Según la Constitución, artículo 135, esa es una facultad exclusiva del presidente de la República.
Un error siempre viene acompañado: la CC también dijo que “Producida la subsanación o agotado el tiempo, la Corte resolverá sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de las disposiciones afectadas; hasta tanto, estas no tendrán vigencia”. Lo primero, como se vio, es imposible; para lo segundo no puso plazo: no dijo cuándo se agota el tiempo. Inverosímil resulta constatar esta serie de giros eufemísticos de la CC cuando lo que correspondía era decir (y lo dice si se escarba en la hojarasca verbal) es que esa ley es inconstitucional.
¿Qué bicho picó a los miembros de la Corte Constitucional para llevarlos a lavarse las manos de esta manera?
Foto: Expreso
Con solo de ver las caritas de estos doctos, me da náusea. Razón tubo Nietzsche, es mejor comenzar de cero, porque todo esta podrido.
Estos sabios de la Constitución, deben actuar en derecho y no por presiones, el pais necesita un órgano Constitucional que garantice al pueblo ecuatoriano la gobernabilidad de sus mandatarios
Están personas muy valiosas, será que reciben amenazas que no pueden denunciar, podría ser que hasta sus familias hayan sido amenazadas?, no se me ocurre otra cosa.
A estos sabios hay que darles un formateo de cerebro y mandarles a actualizarse, pero el tema es ¿donde? porque la academia también está caduca, por el tipo de profesionales que salen a ejercer la abogacía (a cuidar a los infractores faltos de ética y moral) . Cuando los personajes no asumen la urgencia como un don para salir del atolladero, y su puesto es más grande que su sapiencia, es hora de irse a la casa, para que no triunfe la confusión, y el Ecuador camine a la deriva, porque no hay en quien confiar.
Es evidente que no hay ni instituciones ni personas en el Ecuador. El destino social, político y económico del Ecuador ahora depende de que cada actor, en base a principios y valores noblísimos, tome decisiones en favor del país. La cuestión es que aquellos de nobles principios y valores están hartos del medio social, político y económico a escala nacional. Así los perversos del Ecuador se unen en un mutuo y raro compadrazgo, aunque se detesten unos a otros, irónicamente ahí radica su fortaleza.
Estos viejos son personas muy respetables,de eso no hay duda, pero parece que el alzhéimer les está obnubilando el cerebro. Ojalá sus veredictos sean apegados a derecho y en favor de un pueblo que pide y grita justicia.
Simplemente, les falta el valor debido, que debe tener un organismo de tanta representatividad para una democracia libre de influencias.
Da gana de usar adjetivos calificativos para estos SEÑORES, pero por respeto público no lo hago.
¿Coincidencia?:
el Delfin, que cobardemente se negó a ser candidato presidencial, porque su fuerte, está en criticar al gobierno de turno, para manipular y tener el poder en las manos para manejar o chantajear al ejecutivo. Práctica común y trillada del PSC.
La Corte Constitucional, llamada anteriormente Corte Cervecera, lavándose las manos como Pilatos.
Iza y sus acólitos y los arroceros protestando sin aportar nada positivo.
Los eternos dirigentes sindicales de los trabajadores, en contra de una ley que todavía no se la envía a la Asamblea.
Tremenda oposición descuajeringada que va a tener o ya tiene Lasso, pero esos opositores no saben que el pueblo honrado y sin chantajistas, respalda al ejecutivo, por eso están con diarrea porque se viene la consulta.
PSC,Unes,deseunes, ID,Pke, lo deseaban, es que Lasso les reparta su parte del poder para seguir robando y engañando al pueblo.
Como no se les ha dado nada, están ENOJADOS.
Excelente análisis Dr. Hernández. Pensábamos que en tan alto organismo estaban los más doctos pero no ha sido así: optan por la política de Pilatos (a veces) como que sugieren: “sigan no más así, parece que están bien”. Con razón en otras partes, jueces de otras jurisdicciones (de Quevedo) determinan que conductores usuarios de las calles de una ciudad como Ambato, paguen no más multas exorbitantes (tanto como un sueldo básico por vez) y al año de “ocurrida la infracción” a una empresa que se le ocurrió colocar un radar en sitio camuflado, sin indicador de velocidad a la que iba el pato, sin autorización ni del municipio ni del MOP, con calibración al gusto y sabor del inversionista “que tiene derecho al trabajo”, para que rinda el negocio, (se dice que son alrededor de 60 milloncitos solo de este aparatito). Qué chiquito se ve este país con jueces que, o bien sacan el cuerpo cuando les conviene o bien te aplastan con todo su peso (si eres nimio, claro).
Ecuador… un “país”, nada más.
Y se supone que son los más probos, conocedores e inteligentes jurisconsultos que hay en el Ecuador. Tengo una muy mal presentimiento: cuando le toque el turno al reclamo de Guarderas. Será que se lavarán las manos y yunda-ladrón terminará de llevarse en un coche con cuatro ruedas (marca Maserati) lo poco que queda del patrimonio y del orgullo de la ciudad de Quito???
Realmente dos fallos que aparentemente no toman en cuenta lo fundamental , y que la CC debe velar siempre se cumpla : la CONSTITUCIÓN de la República . Esperemos esta Corte , integrada por jueces probos y honestos , vuelva por sus fueros y cumpla su alta responsabilidad , en base a la CONSTITUCIÓN VIGENTE .