¡Los tiburones ya no dan miedo!

Cifras escalofriantes dan cuenta de un incremento sin precedentes en la pesca incidental de tiburón, cuyo anuncio saltó al plano internacional con la captura del 26 toneladas de aletas de tiburón en mayo del año pasado en Hong Kong. Estos envíos valorados en más de un millón de dólares fueron más del doble que lo incautado en todo el 2019.

El origen de este desastre ambiental está claramente identificado. En el 2007 entró en vigencia el Decreto 486 que permitió la comercialización de tiburón siempre y cuando provenga de pesca “incidental”. Pero, ¿qué significa incidental? El término se define como “algo de poca importancia respecto de una cosa o hecho”. Es un sinónimo de accidental.  Y pareciera que en la definición de esta modalidad, contenida en el famoso Decreto se encuentra el timo. Pues la pesca del tiburón dejó inmediatamente de ser marginal para convertirse en una actividad rentable con amplias cadenas de distribución global especialmente en el mercado asiático donde se apetecen sus aletas en sopa.

La verdad es que el Decreto 486 no tuvo nada de inocente. Más allá de las motivaciones que nunca se aclararon, el hecho real es que formalizó una actividad que ya se combatía y se potenció a un mercado enorme. Se reporta que en Manta las pesquerías artesanales capturaron entre el 2003 y el 2006,  22 mil tiburones sedosos, pero con el Decreto en vigencia, entre el 2008 y el 2012 ya se reportaron más de 100 mil tiburones sedosos pescados de manera “incidental”. Entendiéndose entonces que un incremento exorbitante de la incidentalidad fue algo casual.

Hoy queda claro que no hay casualidades cuando se ha reconocido la existencia de un mercado que tiene un sistema de comercialización amplio y directo, y cuando sus precios se anuncian en plataformas online como si se cotizara un commodity cualquiera. Se puede encontrar anuncios donde se exhibe el precio CIF del kilogramo aleta de tiburón para Ecuador, entre otros países. Y pareciera que el desafortunado decreto fue, y sigue siendo, el principal incentivo para una comercialización que no se detiene. En 2013 se exportaron USD 743,643 y de ahí al 2021 esta comercialización creció a USD 5.463.747, más de 21 millones de kilogramos. Esto sin considerar las cifras negras; es decir, todo lo que no se reporta. Así, el Ecuador mira absorto el crecimiento de una industria boyante fruto de la incidentalidad.

¿Qué está esperando el Ecuador de los derechos de la naturaleza, de las políticas ambientales y de la Constitución más verde que el verde, para actuar? Un país que ha tratado de posicionarse como de avanzada en temas ambientales y que se vanagloria de proteger el agua y la biodiversidad. Que quiere liderar el tema de plásticos en los océanos en el plano internacional, pero mira al otro lado cuando se trata de fauna marina que le es rentable especialmente a la pesca artesanal. Como si la escala determinara la bondad o licitud de un acto.

Así, el tráfico de aletas de tiburón crece en el país y ninguna autoridad quiere intervenir con frontalidad en el enredo que a todas luces tiene tinte político, pues esta actividad se organiza en una zona de alto valor electoral. Y si se suma la crisis y la pandemia, se puede encontrar una justificación política de primer orden.

Los tiburones son esenciales para mantener el equilibrio de los océanos. Muchos están amenazados o en peligro de extinción y la licencia para su matanza se encuentra en una maquillada modalidad que solo engaña a pocos pues, si bien el océano ha batallado contra la Tragedia de los Comunes, hoy los estados tienen la obligación de proteger su biodiversidad. A eso se comprometió la comunidad internacional y el país en 1992 en el Convenio sobre Diversidad Biológica. Por ahora ninguna autoridad se lanza al agua. Y la depredación sistemática ha hecho que ya no se sienta más miedo a estos escualos al entrar al océano, ahora solo entristece su exterminio.

María Amparo Albán es abogada y catedrática universitaria.