Perplejidad. Silencio. Evasivas. El consabido “yo no fui, fue el de ayer” y el aún más preocupante: “es una cuestión formal, de trámites o de papeles”.
Así podemos categorizar las reacciones de los actuales funcionarios gubernamentales, especialmente de telecomunicaciones, frente a la investigación presentada por Fundamedios-4P sobre las frecuencias concedidas al Fantasma González.
La ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, por ejemplo nos dijo en una entrevista televisada por Teleamazonas que: “el tema está en revisión administrativa”. Qué -faltaba más- cualquier concesionario tiene derecho a apelar y a que se resuelvan sus apelaciones.
Y por supuesto que así es. Pero… reducir este tema a un mero asunto de papeles que vienen y van, a un mero y normal trámite administrativo es un severo error que se ha ido repitiendo gobierno tras gobierno. Y al final esto se va convirtiendo en el acto de tratar -inútilmente- de esconder bajo la alfombra una gigantesca bola de mugre que ha ido acumulando el país en el manejo “administrativo” y “técnico” de las frecuencias de radio y televisión a lo largo de décadas.
Vamos a tratar de explicar el tema y ojalá la Ministra Vianno y los bien intencionados funcionarios del Gobierno de Guillermo Lasso entiendan a lo que se enfrentan. Para ello establezcamos los hechos que revela la investigación de Fundamedios-4P:
- Un Presidente de la República aprovecha un viaje de condecoraciones y autobombo para reunirse con el dueño de concesiones estatales de radio y TV. En esa reunión, el Presidente ordena a su Canciller que despache favorablemente una consulta que los funcionarios de Arcotel nunca debieron haber hecho: y que básicamente trata de obtener el aval para plantear algo impresentable que un viejo y casi olvidado acuerdo de complementación económica con Guatemala y otro del mismo tenor entre la CAN y Mercosur están por sobre las disposiciones constitucionales y legales del Ecuador.
- La consulta la despacha Cancillería el mismo 5 de mayo, fecha del encuentro entre los viejos conocidos Fantasma-Moreno.
- Los agenciosos funcionarios de Arcotel con su director a la cabeza desechan en los días finales del agonizante gobierno de Moreno las frecuencias del Fantasma (y quién sabe qué otras cosas más) y no les importó que el 24 de mayo cambiara ya de Gobierno, el 25 el departamento Jurídico da el informe favorable y el 27 Xavier Aguirre (hombre puesto por el ex ministro Andrés Michelena), en los últimos minutos de su gestión en Arcotel firma el otorgamiento de las frecuencias al Fantasma.
- Los títulos habilitantes a los medios del Fantasma se entregan, finalmente, entre junio y julio. Es decir, ya en plena gestión del nuevo Gobierno.
- Por si no se han dado cuenta, esto significa que le metieron un golazo al nuevo Gobierno.
- Game over, ¿o no?
El tema es que la presencia del Fantasma González y su estructura empresarial en el Ecuador es una amenaza permanente para la industria de medios en el Ecuador. No entender eso, es tener la mirada muy corta. Estamos ante un grupo empresarial que hace de la maniobra y el chantaje político su estrategia de negocios. Lejos de la sana competencia. Eso traducido al entorno de medios es un atentado en contra del derecho a la libertad de expresión en sus tres dimensiones: individual, social y estructural. En otras palabras limita la posibilidad de los ecuatorianos de expresarse pluralmente y de hecho las prácticas del Fantasma y sus operadores se convierten en una severa amenaza en contra de las instituciones democráticas a las cuales socava y corrompe.
Si yo fuera un empresario de medios, sería el primer interesado en cortar la agresiva presencia del Fantasma en el sector, pues sus tácticas de crecimiento, acumulación y dominio de mercado no se basan en el respeto a las reglas del juego, ni tampoco existe ningún interés en vincular las ganancias de sus negocios de medios al desarrollo democrático. Todo lo contrario, su comportamiento es el de un depredador. El mejor ejemplo es lo que está ocurriendo con El Comercio y su decadencia sin freno.
No es una mera hipótesis. Solo miremos lo que sucede en Nicaragua, donde el Fantasma es el socio de los hijos del dictador Daniel Ortega en el plan de control y dominio de los medios independientes, elemento central en la actual deriva dictatorial de ese país. Miremos Honduras, El Salvador. Miremos Guatemala. En este país, por la labor anticorrupción de la CICIG y el trabajo valiente de varios fiscales se llevó a la cárcel al ex-presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti y en la trata de corrupción que los envolvió en primera línea estaba el Fantasma que no sólo prestó sus medios como instrumento de apoyo político, sino para canalizar dineros no lícitos para la campaña electoral y después para la gestión de los negocios sucios de “La línea”. No es sorprendente que los medios del Fantasma luego hayan impulsado el desmantelamiento de la CICIG y del equipo de fiscales anticorrupción que en su momento fueron ejemplo para toda la Región.
Así que no es un asunto de papeles que viene y van. Abordarlo como un mero asunto administrativo sería un error gigantesco de Guillermo Lasso y su Gobierno. Para comenzar, nos preguntamos y deberían preguntarse: ¿Qué más quiere el Fantasma en el Ecuador? ¿El negocio de la “verdadera banda ancha”, es decir el 5G que le permitiría liberarse de la “esclavitud” del control estatal de las frecuencias y campear a sus anchas en el “negocio” de los contenidos y la compra-venta de la influencia y los favores políticos a escala regional? En otras palabras, es lícito pensar que los operadores y emisoras del Fantasma ya deben estar rondando a las autoridades de telecomunicaciones del país. Esa siempre ha sido su forma de actuar.
El pasado lunes 13 de septiembre, mientras el país conocía las revelaciones de la investigación de 4P-Fundamedios, el Presidente Guillermo Lasso en persona suscribía un convenio con el sistema Naciones Unidas en Ecuador como punto de partida de su programa anticorrupción. Pero, presidente, ¿sabe una cosa? Si quiere dar un paso concreto y firme, comience cortando ese cordón umbilical entre influencia política, prácticas corruptas y la concesión de frecuencias de radio y televisión.
César Ricaurte es periodista y director de Fundamedios.
Da la impresión que la verdad es que no entienden el entorno, pero con este artículo del Dr. Ricaurte, espero, surja la suspicacia en las autoridades, para que busquen el asesoramiento pertinente y logren solucionar está enorme problemática.
Es claro que lo que hizo Moreno fue impresentable. También es claro que el actual gobierno, en la figura de la Ministra de Telecomunicaciones o no tiene conciencia de la gravedad del asunto o está deliberadamente intentando minimizar la cuestión con la “revisión administrativa”, como si se tratara de algo sin relevancia. Debemos estar vigilantes para evitar que el “trámite y el papeleo” logre su propósito: que el tema caiga en el olvido y que la subrepticia movida no solo de Moreno, sino también del actual gobierno se imponga.