El debate constituye uno de los ejercicios democráticos por excelencia. Y eso es lo que justamente se espera, cuando se trata de aprobar leyes. El debate público siempre es el mejor camino para legislar de forma acertada.
Cuando se hace con responsabilidad, debatir proyectos de ley es un ejercicio sano, una oportunidad de confrontar tesis e ideas y, además, constituye una oportunidad para que los legisladores demuestren al país su capacidad de dejar de lado sus intereses propios y empujar los intereses colectivos. Visto de otra manera, un buen debate legislativo, también es una oportunidad para lograr credibilidad de los actores políticos ante la opinión pública.
Ante la urgencia de la reactivación económica, la ciudadanía estaba expectante sobre la entrega del Ejecutivo a la Asamblea Nacional, de las reformas que se venían anunciando. Finalmente sucedió, y la respuesta del CAL ha sido, negar la calificación de la ley. Una negativa que ha provocado más de un análisis y ha disparado la discusión acerca de que, quizás esta decisión no tenga argumentos legales muy sólidos.
Y hay base legal para pensar que el CAL pudo actuar diferente. De hecho, el artículo 140 de la Constitución de la República, señala que “La Presidenta o Presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos…”
Según este mandato constitucional, se supondría que el CAL, al ser una ley de carácter económico-urgente debía haber permitido que pase y se someta a debate.
Es verdad que la propuesta provocó una serie de reacciones que, vistas desde afuera, anunciaban un debate en el seno del legislativo que posiblemente viabilizaría una amplia discusión que, en teoría, podía haber terminado en conseguir un texto más pulido y mejorado. Incluso se habrían podido corregir algunos elementos y poner otros que generen consenso nacional.
La resolución del CAL cambia el escenario porque, en lugar de dar paso y que sea sometido a debate la ley, al haberlo devuelto, el Ejecutivo puede decidir cambiarlo; dividir las materias; eliminar otras; enviar sólo una –la tributaria, por ejemplo– o incluso, pelear la constitucionalidad de la decisión del CAL, con el consecuente desgaste político.
Mientras todo esto ocurre en la arena política, ha llamado la atención el nivel de polarización y fragmentación que reina en la ciudadanía, y se ha evidenciado cuán difícil resulta reflexionar con la razón y objetividad en estos tiempos. La ceguera y el apasionamiento de varios sectores, prácticamente han matado a la propuesta en las redes sociales.
La irresponsabilidad de los detractores acérrimos del texto, por un lado, y del otro, los defensores a muerte del mismo, han puesto a los ciudadanos en la mitad de una bronca que no debería ser tal, sino una oportunidad para debatir temas que son importantes para todos y cuyo trasfondo es cómo generar más trabajo.
Es obvio que en un tema tan complejo hay diversas posiciones. Cambiar el chip cuesta mucho, pero si el proyecto hubiera sido visto como lo que es, una propuesta, tal vez se le una oportunidad y se mejoraba.
Pagar impuestos, ciertamente es algo que no gusta a nadie, pero en la situación actual del país, se vuelve necesario para poder apoyar la generación de programas de apoyo social a quienes menos tienen. Si bien la base imponible propuesta ha sido criticada, por eso mismo debe ser debatida y, al mismo tiempo, introducir otras cosas como mecanismos de sanción y cobro a los evasores y la reducción del gasto público.
Por otro lado, otra vez, ojo con las redes sociales. Estas ni son ni pueden ser el último tribunal de alzada en cuestiones que son de vital importancia para el país. Es un error garrafal creer que es el único medio válido para calificar o descalificar personas, ideas y proyectos.
Es necesario recuperar la capacidad de debatir ideas como un ejercicio sano de democracia. Aun cuando los textos no sean aprobados, la certeza de que todos tuvieron la posibilidad de criticar, aportar y sugerir, dignifica el sentido democrático de la co-legislación. ¡Urge recuperar el debate!
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Usted tiene toda la razón. “Cuando se hace con responsabilidad, debatir proyectos de ley es es un ejercicio sano, una oportunidad de confrontar tesis e ideas y,…” Esto sería lo deseable pero, lamentablemente, muchos asambleístas están ahí no por su amor a la patria sino por otros intereses, nada santos. Vemos que muchos llegaron con cuentas pendientes con el país como son las glosas, se dan recomendaciones de “robar bien” y ni se sonrojan, se dan privilegios que jamás habrán soñado y buscan más, y se enojan con quienes los denuncian y al denunciante lo acusan de estar desprestigiándoles. Son incapaces de reconocer que son sus faltas que los desacreditan. La audacia en su máxima expresión. Tienen asesores por cargas y no se dan el trabajo de siquiera leer (que sí han de saber) peor dar sugerencias de cómo mejorar el Proyecto. Son incapaces de reconocer que estas son las oportunidades para demostrar su capacidad, que están calificados, y que no son simples y mediocres recitadores de consignas. Y lo peor es que no hay ni esperanzas de enmienda. ¿Las soluciones?
El Gobierno Nacional tiene la gran oportunidad de demostrar que es democrático y del encuentro. Adecúe su proyecto de ley a la Constitución y mejórelo sustancialmente. Por ejemplo, elimine la reforma petrolera, aplique la normativa constitucional y legal existente
y obtenga mucho más de lo que persigue, sin recurrir a violaciones de la Constitución. Bien podría obtener entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, monetizando flujos futuros, dentro de la ley, sin artificios y precautelando el interés nacional.