Finalmente se cumplió lo que se dijo desde el inicio: que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, TCE, no se jugarían en el caso de la remoción de Jorge Yunda hasta que la Corte Constitucional, CC, se pronunciara sobre el tema. Por primera vez desde el 1 de julio que el TCE tomó la decisión de confirmar que la remoción de Yunda hecha por el Concejo Metropolitano fue legal, uno de sus jueces tomó la decisión reivindicando la competencia de ese organismo. Se trata de la sentencia que ayer emitió Ángel Torres, según la cual el ex alcalde es castigado por no obedecer las decisiones del organismo con la pérdida de tres años de sus derechos políticos, lo que impediría a Yunda presentarse como candidato a las próximas elecciones seccionales.
Si bien la sentencia de Torres aún tiene que ser aprobada por el pleno, si Yunda la apela, lo cierto es que se trata del primer gesto que sale de ese tribunal en defensa de su competencia. Según Torres, además de la sanción a Yunda de 50 salarios básicos, destituye a dos jueces de la Corte Provincial por haberse arrogado funciones, al aceptar el recurso de protección constitucional presentado Yunda y devolverle el cargo. También sanciona a la jueza Belén Domínguez por haber dictado una sentencia “que se superponen a la actuación del TCE y facilitar la indebida permanencia” de Yunda en calidad de alcalde de Quito. Domínguez, además, deberá pagar 25 salarios mínimos y hoy fue destituida por el Consejo de la Judicatura por el sorteo irregular. La Corte Constitucional pidió en su reciente sentencia que sea investigada por el caso.
¿Esta sentencia hubiera sido posible sin la decisión del 29 de septiembre de la Corte Constitucional que dictaminó que el TCE era juez constitucional en un caso de remoción de una autoridad elegida en las urnas? Todo hace pensar que no. Desde que Yunda intentó sortear la competencia del TCE, ese organismo no hizo el más mínimo gesto por defender sus atribuciones que, según la Corte Constitucional, están establecidas en la Constitución y no pueden ser disputadas. Ni siquiera publicó un comunicado defendiendo sus atribuciones y obligaciones establecidas en la Constitución. No solo eso: como lo advirtieron varias veces abogados y algunos medios como 4P., el Contencioso Electoral dilató el caso evidentemente esperando la resolución de la Corte Constitucional. Según los nueve jueces de la CC el artículo 221 de la Constitución establece claramente que el Contencioso Electoral “constituye el órgano jurisdiccional especializado por la Constitución para conocer y resolver recursos en material electoral y los litigios de las organizaciones políticas”. La CC sostuvo, además, que el sorteo del recurso de protección de Yunda estuvo viciado y que aquello no podía haber sido ignorado (porque había sido denunciado formalmente) por la jueza Domínguez en primera instancia y la Corte Provincial, en segunda. Según los jueces constitucionales, las irregularidades manifiestas y comprobadas en el sorteo fueron una fuente de afectación de los derechos constitucionales de quienes tomaron la decisión de remover al alcalde.
Fuentes judiciales cercanas al caso dijeron a 4P. que es evidente que luego de la decisión de la Corte Constitucional, los jueces del Contencioso se sienten blindados, ya que siempre hubo desde la defensa de Yunda la amenaza (totalmente descabellada) de que quienes participaron en la remoción de Yunda serán castigados por la Corte Interamericana de Justicia con el mecanismo de la repetición; es decir que tendrían que pagar una compensación económica al afectado. El abogado Andrés Castillo había dicho hace dos semanas que la dilación del presidente del TCE, Arturo Cabrera, frente a otra demanda a Yunda por desacato en la que él participó, es la amenaza de la defensa de Yunda de recurrir a tribunales internacionales.
Por ahora, el Contencioso Electoral tiene dos sentencias relacionadas al caso que deberá resolver: una de Cabrera que rechazó la demanda en contra de Yunda, presentada por Jessica Jaramillo y Andrés Castillo que le dio la razón al ex alcalde y ésta, de Torres. Habrá que ver si el blindaje de la Corte Constitucional incide en su decisión final.
Foto: El Telégrafo
Ahora falta que el Dr. Angel Torres cuente el acuerdo al que llegó con el candidato presidencial Dr. Yacu Pérez para el retiro de las demandas de fraude electoral.
Al TCE, no hay que agradecer nada, por timoratos que no supieron cumplir con la ley en forma oportuna, ellos eran los llamados a sacar a Yunda que se enquistó en la alcaldía y no permitir tanta pérdida de tiempo. Hay que agradecer mucho a la Corte Constitucional, que en forma unánime despacharon a Yunda.
Realmente triste y tardía la actuación del TCE , otro organismo inoficioso , creación de la Constitución revolucionaria de Montecristi , que como se ha demostrado con estas últimas actuaciones , poco o nada sirve para la Institucionalidad del país . Pero al fin , con la ayuda de la CC , ha tenido que resolver lo que era su total atribución y competencia .
Por fin el TCE y la C.C. actuaron conforme a derecho, sin muchas triquiñuelas.
Por fin, Quito que eligió a su pécora, logró salir del Longorghini
Dura lección para los “eternos politiqueros “de salón que se creen los intocables y cuando es de poner sus vanidades a un costado, sacrifican a un pueblo y prefieren postularse individualmente para obtener escasos votos y así permiten la ascensión de estos populistas ineptos buenos solo para robar en pandilla los dineros del pueblo.
El TCE tiene que demostrar que sirve para algo, y muy a pesar del correísta Arturo Cabrera, tienen que ratificar la sanción al removido. Yunda es un pillo sinvergüenza, hipócrita, mentiroso y sin dignidad, y aunque ahora anuncia su retiro de la política, les apuesto que si no lo sancionan, las próximas elecciones ya lo tendremos nuevamente de candidato aduciendo que “el pueblo se lo pidió”. La Corte Constitucional ya hizo lo suyo, con argumentos y valentía estuvieron a la altura de las circunstancias, ahora el TCE aunque sea tarde, tiene que hacerse respetar y poner en su sitio al engrilletado. Esperemos que en el juicio de las pruebas chimbas también brille la justicia y castiguen a Yunda y sus cómplices, ese sería el último clavo en el ataúd de su infame y nefasta carrera política, y ojalá también sea el fin de su mediocre y patética carrera de pseudo comunicador.