Sin verdad no hay Justicia

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El pasado 29 de septiembre, un Tribunal de Revisión de la Corte Nacional de Justicia, restableció la inocencia de Carolina Llanos. Ella  fue condenada a 20 años de prisión como autora intelectual del asesinato de tres personas en Quinsaloma, el 4 de agosto del 2011, en la provincia de Los Ríos.

Ocho años permaneció en prisión donde fue objeto de toda clase de  vejámenes. Sufrió maltratos físicos –perdió a su hijo a golpes– , se le negó el acceso oportuno asistencia médica y varias vulneraciones más a sus derechos humanos, como consta en un informe de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, Salió libre porque jueces independientes concluyeron, al revisar su caso, que “No se ha comprobado conforme a derecho, la responsabilidad de Carolina Llanos en el delito por el cual se le condenó”. Es decir, se puso en prisión a una persona inocente.

Acá caben varias preguntas: ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué pasaba con la Justicia en esos momentos en el país? Y lo más importante: ¿quién o quiénes estuvieron detrás de todo?Sin duda son preguntas complicadas de contestar pero que, según lo que empieza a salir a la luz, pronto se desatarán nudos que parecen apuntar a las cabezas más altas del correísmo, entre las que pudieran estar involucrados ministros y hasta el Fiscal de ese tiempo.

Lo sucedido con Llanos, ejemplifica con claridad lo que sucedía en la década perdida: una larga lista de hechos repudiables y desafueros, producto de la borrachera que ofrece el poder clientelar y autoritario, combinado con el dinero mal habido.

No obstante, el suyo no es un caso aislado. La mayoría sin la misma suerte de ella que pudo sobrevivir para contarlo. Hay casos de algunos que no están en este mundo y que esperan en las sombras salir a la luz. Esos casos también es imperioso que se destapen para que, a partir de la verdad, el país entienda, primero, en manos de quiénes estuvimos todos y, después, por qué es necesario un cambio estructural a todo nivel.

A propósito, conviene hacer un poco de memoria y recordar que en el Referéndum y Consulta Popular del 2011, se dijo que había que “meter la  mano a la Justicia” para, supuestamente, transformarla por el bien del país. Ahora, las pruebas están demostrando que fue puro cuento; una falacia más. Lo que en realidad pasó fue que se corrompió la Justicia infiltrándola con los peores elementos, porque era necesario para cumplir el fin que a largo plazo se perseguía: la impunidad.

Ahora se entiende cómo todavía hay jueces que fallan a favor de corruptos, sobreseen delincuentes de cuello blanco, acomodan sentencias; todavía hay muchos jueces y funcionarios que están desde ese tiempo. Con razón es tan difícil cambiar más de una década de impunidad, aunque hay esfuerzos que apuntan a reestructurar la Justicia con resultados aún nimios.

En el caso Llanos, si la Justicia hubiera funcionado, los jueces independientes y no contaminados se habrían dado cuenta de que no había indicios de culpabilidad. Pero en este embrollo, también tiene vela la Fiscalía de entonces. Repugna conocer que se forjaron testigos, documentos, facturas y demás, para probar un delito que nunca existió. De la misma forma hicieron con los acusados del 30-S.

Sin verdad no hay Justicia, dice una máxima jurídica y, a la luz de este caso, está claro que es así. La dura realidad, es que cuando la Justicia se corrompe, el daño que causa a la sociedad es irreparable porque, en lugar de ser la garante de la aplicación del derecho, se convierte en verdugo de opositores y críticos: sean estos periodistas, funcionarios, ciudadanos, etc. Y eso, constituye una tragedia para la democracia.

El caso de Llanos debería llamar a una reflexión colectiva y ayudar a todos a poner las cosas en perspectiva. Lo que  hay que hacer es una tarea titánica: rescatar al país de la estructura de corrupción moral y ética en la que ha estado sumido por más de una década y que alcanza varias esferas: pública y política. Y para ello, oponerse a todo solo es hacer el juego a la corrupción. ¿Cuándo se va a entender que al país lo sacamos adelante todos?

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.

5 Comments

  1. Que bueno es saber que esos jueces que la sentenciaron injustamente y los fiscales que estuvieron involucrados y que se creyeron omnipotentes en su momento por ser protegidos por el gobierno de turno, ahora deben responder. Esto debe ser un llamado de atención para todos los funcionarios judiciales, para que cumplan su trabajo por el que el Estado les paga, porque mas temprano que tarde pueden tener que restituir las injusticias y atropellos que han hecho y siguen haciendo, como por ejemplo el abuso de la prisión preventiva que continúan haciendo desde la vieja escuela de la que muchos fueron parte.

    • Salvo excepción, pero los jueces y fiscales de la narco corrupcion correista solo aplicaban la ley del amo y su banda delincuencial, no esta por demás recordar el caso el Universo, Galo Lara, Balda, 30S., entre otros la lista es numerosa., revivir a las victimas y el daño moral a la patria es infamante, reportes policiales falsos como el caso Gabela, Fausto Valdiviezo, y pare de contar., el capo y su banda ahora sentenciados y prófugos de la justicia, mas temprano que tarde tienen que estar hospedados y pudriéndose en las cárceles que ellos mismos construyeron……..

  2. Otro crimen cometido por Correa. Su maldad no tiene límites. Destruyó la vida de muchas personas. Las deudas con la justicia son innumerables, no sólo por el atraco voraz a los fondos públicos, sino también por los crímenes contra personas a las que consideraba, sus enemigos personales, Lara, Balda, Pazmiño, Varela, Carrion, etc.
    Correa lo tiene claro, la única forma de darse impunidad por los crímenes cometidos es la vía política, el poder y el sometimiento de la Justicua. De ahí que será un conspirador permanente contra el estado democrático del país.

  3. Hay unos 40.000 presos en el país.

    De ellos, el 40% (unos 16.000) no tienen sentencia. Es decir, están guardados en esas mazmorras inmundas sin que nadie les haya comprobado ningún delito.

    También dicen que, de los 40.000, el 70% (unos 28.000) están presos por narcotráfico. Es decir, NO por delitos contra las personas (violación, agresión, secuestro, tortura) ni delitos contra la propiedad (robo, estafa, daños a la propiedad, hackeo de cuentas bancarias) ni delitos contra el Estado (evasión de impuestos, malversación de fondos públicos, contratos con sobreprecios, terrorismo).

    Esos miles y miles de individuos, que constituyen la inmensa mayoría de
    presos en el Ecuador, están en la cárcel porque fueron sorprendidos con una cantidad «excesiva» de alguna substancia que consta en una «lista de substancias prohibidas».

    La solución NO es indultar a unos cuantos de esos preso, sino DESCRIMINALIZAR COMPLETAMENTE la producción, transporte, venta, posesión y consumo de TODAS esas substancias.

    • La administración de justicia se materializa en las sentencias de los jueces, que siguen enviando mensajes siniestros, como el que hace pocos días los dos jueces manabitas de la Corte Nacional «de Justicia» (Walter Samno Macías Fernández y Byron Javier Guillén Zambrano), hicieron saber a los jueces de menor nivel.
      Macías y Guillén sancionaron a una jueza que no levantó una orden de prisión a Jacobito, disponiendo que lo indemnicen!
      Claro y contundente el mensaje. Ni en el correato se atrevieron a tanto.

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