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El CPCCS es la papa caliente que nadie ve

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Con la actual mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, las posibilidades de que el gobierno de Guillermo Lasso pueda librarse de la tenaza que le aplican en la Asamblea los socialcristianos, en alianza con el correísmo y la eventual ayuda de Pachakutik, son escasas.

El CPCCS tiene las capacidades legales para hacer nombramientos y así cooptar organismos que son fundamentales en el control del Estado. Además, en ese organismo se ha instalado una mayoría en la que participan dos consejeras alineadas con el PSC (Sofía Almeida e Iveth Estupiñán), uno con el correísmo (Juan Javier Dávalos) y otro con el antiguo MPD (David Rosero). Una mayoría que ya demostró que tiene la capacidad de tomar decisiones audaces y reñidas incluso con la ley, como la de nombrar a un Defensor del Pueblo encargado que solo ha trabajado en temas aduaneros y que no tiene ninguna experiencia en el campo de los derechos humanos. En ese sentido y con esos antecedentes, el CPCCS es el instrumento perfecto para que el socialcristianismo y el correísmo puedan poner en marcha el plan que tenían en mente cuando al inicio del Gobierno estuvieron a punto de consolidar una mayoría en la Asamblea, que no prosperó por la decisión de apartarse que tomó, a última hora, el presidente Lasso. En otras palabras, lo que no les funcionó en la Asamblea, lo están operando en el CPCCS.

El globo de ensayo que esta mayoría necesitaba para sentirse segura y confiada para seguir adelante fue la designación de César Córdova Valverde, como Defensor del Pueblo encargado. Como vieron que a pesar de que no cumplía con los requisitos legales para acceder al cargo su nombramiento no mereció mayor crítica ni produjo tanto escándalo, entonces han visto que tienen luz verde para seguir por ese camino. Al fin y al cabo, la comparecencia que hubo para que la mayoría explicara esa designación ante la Comisión de Fiscalización quedó en el olvido.

El operativo, por supuesto, está coordinado con las fuerzas de esos sectores en la Asamblea y por lo pronto está activado en el tema de la elección del Contralor. Como el correísmo, así como muchas otras bancadas, necesita urgentemente a alguien de confianza en la Contraloría, la idea es la siguiente para tomar ese organismo. Por un lado, en la Asamblea se enjuicia y censura al contralor encargado, Carlos Riofrío y, por otro, se aprueba una reforma a la ley de la Contraloría para que, cuando falte el titular, sea necesario elegir uno nuevo y no hacer más lo que ha ocurrido desde que Carlos Pólit salió del cargo: colocar a un subrogante de la propia Contraloría. Estos dos hechos ya están ejecutándose: el correísta Ronny Aleaga presentó el 8 de octubre el pedido de juicio al contralor Riofrío bajo la acusación de arrogación de funciones y en la Comisión de Justicia está ya casi lista la reforma a la ley de la Contraloría, en la que se recoge una propuesta de Pachakutik para que si llega a ausentarse el Contralor (en este caso sería por el juicio de Aleaga), el CPCCS tiene que elegir a uno nuevo inmediatamente y no encargar ese organismo a un subrogante. Una vez cumplidos esos dos hechos, el CPCCS debería elegir al nuevo Contralor. Para esto, la mayoría del CPCCS ya tiene aprobado el reglamento que, según las denuncias de la minoría, está diseñado para colocar en ese cargo a alguien de su confianza porque, tal como aconteció cuando se eligió a Pólit, no será necesaria una prueba práctica.

Según el plan, los otros pasos serán: la elección de un Defensor Público de confianza de la mayoría, el nombramiento de un Defensor del Pueblo definitivo, la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, cuyo proceso inició precisamente hoy. Esas instancias son clave, sobre todo si es que se llega a realizar una consulta o una elección por una posible muerte cruzada.

En el eventual escenario de una muerte cruzada, que supone la disolución de la Asamblea y la permanencia de Lasso en el poder al menos durante 120 días, este CPCCS podría tener una relevancia aún más grande para la oposición a Lasso. Por un lado seguirán ejerciendo sus facultades nominadoras y los miembros de la mayoría ya no sentirían las restricciones que pesan por el posible juicio político en la Asamblea, o incómodas comparecencias para explicar sus decisiones, como ocurrió cuando nombraron a Córdova como Defensor del Pueblo encargado.

El CPCCS es una papa caliente para el gobierno de Lasso y su desactivación es mucho más difícil que la de la Asamblea, pues se necesita de una reforma constitucional.

Foto: Asamblea Nacional. 

4 Comments

  1. Parece que el presidente Lasso no está consciente de la urgencia, vía consulta popular y reforma constitucional, de eliminar definitivamente a este perverso esperpento del correísmo llamado CPCCS.

    Camarón que se duerme le lleva la corriente.

  2. Realmente están llevando al Ecuador a un callejón sin salida ; instituciones creadas por la Constitución ROBOLUCIONARIA , cooptada por politiqueros de pacotilla , que no les interesa más que sus propios mezquinos intereses y que en base a las facultades que tienen , hacen lo que les da la gana . Entonces , cuál la salida para el país ?????? El Presidente debe analizar seriamente las opciones que tiene , y tomar la mejor y definitiva decisión , como por ej volver a la Constitución de 1998 . Son opciones difíciles , pero algo habrá que hacer !!!!!

  3. Es decir, solo nos queda hacer nuestras maletas y partir sin rumbo cierto. Ojalá en algún lado podamos encontrar una patria de verdad. Por todo lado cunde el relajo, los liderzuelos hacen gala de sus rapiñas y perfeccionan cada vez sus expolios. Y lucen bravucones (¿vieron a ese que va a la audiencia con 40 abogados?). Y los zopilotes encaramados se relamen. ¿Quién podrá defendernos?

  4. Estimado señor Pallares, por estos motivos, una consulta que se base en el artículo 444 de la constitución:

    “La asamblea constituyente sólo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o Presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el doce por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos”

    Como propone el Dr. López, constitucionalista guayaquileño: Usar este artículo para volver a la constitución del 98, y, convocar a una mini asamblea (convención constituyente) que realice las modificaciones que está constitución necesite, para que esté acorde al proyecto de nuevas oportunidades del gobierno, e, incluso tenga la capacidad de reemplazar a la actual asamblea, tiene más sentido y es más ganable que la muerte cruzada.

    Además, el CPCCS, y, otras instituciones del correismo, desaparecerían automáticamente, entre otros beneficios.

    Ojalá el Señor Hernández y otros líderes de opinión, entiendan que esta opción es más inteligente que la muerte cruzada, opción que es del gusto de los correistas, al punto que el Señor Hernández, admite en su reciente artículo, que este grupo casi no perdería asambleístas.

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