Victoria Desintonio, ¿asambleísta a pesar de la ley?

La Contraloría inició a mediados de octubre un examen para verificar si el Defensor del Pueblo, César Córdova, reúne todos los requisitos constitucionales y legales para ocupar su cargo: lo mismo podría hacer con una asambleístas en funciones que se ha convertido en una de las voces protagonistas del correísmo en la Asamblea: Victoria Desintonio.

Resulta que ella tenía impedimentos legales para ser candidata a asambleísta y ejercer cualquier cargo público. Para comenzar por haber sido censurada como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cpccs. La ley orgánica de ese organismo establece, de manera expresa, que entre las prohibiciones para sus miembros consta la de ser candidatos para asambleístas una vez que hayan concluido sus funciones. Lo dice la ley en su artículo 35: “Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una vez que concluyan sus funciones como Consejeras o Consejeros no podrán participar como candidatos en la inmediata elección seccional, para asambleístas y/o subsiguiente elección presidencial”.

El caso de Desintonio es claro: fue consejera del Cpccs hasta el 14 de agosto del 2019 cuando la Asamblea la censuró con 84 votos a ella y a otros tres consejeros: José Carlos Tuárez, Rosa Chalá y Walter Gómez, quien fue elegido como asambleísta alterno. Es decir, ni Desintonio ni Walter Gómez  podían ser candidatos a asambleísta, pues las más recientes elecciones fueron  las inmediatamente posteriores a su censura. Según uno de los abogados del Cpccs, en el caso de Desintonio no cabe la interpretación de este artículo según el cual, al haber sido destituida por la censura, no acabó sus funciones ya que no existe una excepción legal para aquello. Es decir, sobre Desintonio pesaba una prohibición expresa para ser candidata. Lo mismo aplica para Gómez que también es de la bancada correísta.

Luego está la Ley Orgánica de Servicio Público, Losep. En su artículo 15 que trata sobre el reingreso de los servidores públicos, que han sido destituidos, dice: “la servidora o servidor público legalmente  destituido no podrá reingresar al  sector público en un período de dos años, contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado, de la que fue destituido”. Si Desintonio fue destituida el 14 de agosto del 2019, solo podía volver a ser funcionaria pública en agosto del 2021 y ella se posesionó el 24 de mayo.

El tercer impedimento era el de la Ley Orgánica de la Función Legislativo que dice, en su artículo 85, que la censura fruto de un juicio político, en este caso de Desintonio, “tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años”. Ese mismo artículo agrega que “en el caso  de que la o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a la resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional”. Y agrega que el control de este tema es tarea del Ministerio del Trabajo.

Si bien esta prohibición fue introducida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa el 10 de noviembre de 2020 y Desintonio fue destituida antes de aquello, por lo que estaría protegida por el principio de la no retroactividad de la ley, también es cierto que el entonces presidente de la Asamblea, César Litardo, aclaró, a finales de noviembre de 2020, que “la inhabilidad aplicará para los casos que hayan ingresado a la Asamblea Nacional, luego de que entren en vigencia las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa”. Esto ocurrió el 10 de noviembre del 2020, mientras que Desintonio entró a la Asamblea el 24 de mayo del 2021.

En resumen, incluso en el caso de que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no haya establecido la prohibición cuando Desintonio fue destituida, lo cierto es que, en contra de su candidatura y posesión, pesaban las prohibiciones establecidas la ley orgánica del Cpccs (prohibición expresa para sus consejeros) y en la Losep. Es más, cuando en la Asamblea se dijo que María Paula Romo luego de ser censurada estaba habilitada para ejercer nuevamente un cargo público porque la prohibición de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no era retroactiva, la asambleísta ultra correísta Amapola Naranjo, una de sus interpelantes en el juicio político, aseguró que Romo sí está inhabilitada por dos años para ejercer cualquier cargo público e, inclusive, inhabilitada de por vida para ejercer como ministra de Gobierno, de acuerdo a la Losep.

Desintonio fue censurada junto a los otros tres consejeros del Cpccs, según la Asamblea, por no cumplir con sus funciones ya que aprobaron en una plenaria del 10 de julio de 2019 la creación de una comisión de juristas para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional que hizo el Cpccs transitorio de Julio César Trujillo. Es decir, la Asamblea impidió que el  Cpccs correísta de ese entonces, llevara adelante el plan que tenía: derribar toda la arquitectura institucional que había establecido el Cpccs transitorio de Trujillo.

Desintonio se ha convertido en una de las asambleístas visibles del correísmo, sobre todo desde que la Asamblea encargó la investigación de los Pandora Papers a la Comisión de Garantías Constitucionales. Con su tono humillante y sus intervenciones agresivas, ha logrado ser protagonista en la Comisión. Como no han logrado conseguir pruebas que demuestren que el presidente Guillermo Lasso ha incumplido con las leyes tributarias del país, Desintonio se ha volcado, sin éxito alguno, a tratar de inculpar al mandatario de haber eludido impuestos. Cuando era candidata al Cpccs nunca reveló ser una carta del correísmo hasta que el propio Rafael Correa la incluyó en la lista de candidatos que gozaban de su simpatía.

¿Cómo explicar que, a pesar de la censura de la Asamblea, haya logrado ser calificada como candidata? Todo apunta a que como no hubo una impugnación durante el proceso de inscripción, el Consejo Nacional Electoral no se percató y la calificó. ¿Qué se puede hacer ahora? Asesores legales del Cpccs sostienen que el mecanismo más expedito es que la Contraloría haga un exámen. Tal cual como el que hace con el Defensor del Pueblo a quien se le acusa de no tener las credenciales de experto en derechos humanos que exige su cargo.

Foto: Asamblea Nacional