Eduardo Carmigniani, procurador oficial de Guillermo Lasso, es un abogado con aires de bondadoso: escribió José Cabascango, presidente de la Comisión que investiga al presidente, para evitar que cometa un posible error. Su carta está fechada 3 de noviembre y en ella comunica que la Superintendencia de Bancos de Panamá confirma que autorizó el 10 de septiembre de 2020 “el traspaso del 47.27% de las acciones emitidas y en circulación de Banisi Holding S.A, … a favor de Banisi International Foundation”. Hasta ahí nada excepcional. Lo nuevo es que le agrega el oficio de la Superintendencia de Bancos de Panamá, del 1 de noviembre, en el cual se lee: “(…) conforme (a) lo establecido por el artículo 244 de la Ley Bancaria (dicha resolución) quedó ejecutoriada, y en firme para todos los efectos de esta Superintendencia, luego de transcurridos los (5) días hábiles de su notificación”. Y remata diciendo que “Dentro del trámite de esta solicitud se cumplió con el procedimiento que establece el Acuerdo 1-2004 que regula el traspaso de acciones de bancos”.
El Oficio de la Súper de Bancos de Panamá 01-11-2021. Banisi
La carta de Carmigniani, con el documento oficial de la Súper de Bancos en Panamá, está destinado a mojar el único taco de dinamita con que creía contar esa comisión que todos llaman de Garantías Constitucionales, aunque su nombre real es Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad AN. Una semana antes, Mónica Palacios, asambleísta correísta seguía sosteniendo, como lo hizo ante el político Jimmy Jairala, que Lasso debía ser destituido por haber incumplido con el mandato legal del Pacto Ético que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener recursos o bienes en paraísos fiscales.
La representante correístas por Estados Unidos y Canadá adujo que, aunque Lasso se deshizo de sus acciones en Panamá, el 10 de septiembre de 2020 e inscribió su candidatura presidencial el 23 del mismo mes, violó la ley porque la resolución de la Súper de Bancos de Panamá, solo apareció publicada el 19 de octubre en la Gaceta oficial de Panamá. Con esa argucia torpe, la asambleísta creyó haber concluido la tarea que los tres correístas de esa comisión y por lo menos otros tres de Pachakutik (salvo quizá Sandra Sánchez) se dieron al instalarse el 11 de octubre: sacar a Lasso de Carondelet. Por eso se dedicó en sus cuentas y en medios a insultar al Presidente y a dar por sentada su destitución.
Carmigniani en su carta se da la pena de explicar a Cabascango que, según la ley Panameña, actuaciones administrativas que sólo surten efectos individuales (como el traspaso de acciones) “tienen fuerza obligatoria inmediata” y que decretos, resoluciones y demás actos administrativos que contengan normas de efecto general, “surten efecto desde su promulgación en la Gaceta Oficial”.
Si la Comisión de Garantías contaba con los documentos que trajo Mónica Palacios y su estrafalaria interpretación para armar su informe, seguramente tuvo que regresar a la línea de partida. Esa asambleísta hace parte, con Victoria Desintonio, Paola Cabezas, José Cabascango… y otros asambleístas correístas y de Pachakutik, de la jorga que vendió la piel del oso antes de haberlo cazado. Ahora, tras la suma de errores a lo largo de este proceso y la carencia total de pruebas contra el presidente, se han quedado sin pan ni pedazo.
Esto explica por qué en el informe que prepara la mayoría de la Comisión de Garantías Constitucionales sólo habrá generalidades, quejas y alusiones al deber ser. Viviana Veloz, asambleísta correísta, ya dio pistas sobre lo que harán: sembrar dudas, decir que ciertas instituciones no hicieron su trabajo, machacar que Guillermo Lasso no fue cuando lo llamaron y construir una teoría mefistofélica sobre los paraísos fiscales. Verdades manipuladas y medias verdades sazonadas con la típica mala leche correísta. Decir, por ejemplo, que lograron demostrar la participación de Lasso en los Pandora Papers. Inaudito: eso lo publicó El Universo que, a su vez, nunca dijo que Lasso había cometido algún delito por aquello. Tener cuentas en paraísos fiscales no es forzosamente un delito y los encargados de esta investigación no han demostrado hasta ahora que el actual presidente cometió alguno.
Lasso tampoco tenía obligación de comparecer ante la comisión y dijo que lo haría, pero cuando le concretaran las irregularidades; tarea que nunca cumplieron; lo único que produjeron es un verdadero desaguisado. Ahora, lo más seguro, según Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea y miembro de la Comisión que investiga, es que, ante un informe que él prevé será un verdadero galimatías, el pleno tendrá que conocerlo y archivarlo. Él hará, con Gruber Zambrano, un informe de minoría.
Foto: Asamblea Nacional.
Que pena el decir frontalmente que la mal llamada, designada o mal DENOMIDADA ASAMBLEA NACIONAL ECUATORIANA. _ a que no se compare con la del nefasto chavismo _ sea para los ecuatorianos un REFLEJO DEL MEJOR DE LOS BURDELES tanto de Europa como de Estados Unidos en donde por buenos y sendos fajos de dólares se entregan al mejor postor en este caso al que les ofrecio UN CURUL EN LA ASAMBLEA el nefasto o más buen dicho LA LOCA DEL ATICO Rafaela Correa, su hermana la Huaricha Pierina y su séquito de calzones mojados de closet, quienes sin buena asesoría hablan, escriben, acusan, ofenden sin sustento legal ni moral se dicen defensores de los Ecuatorianos en los derechos de cada uno de nosotros. Que pena y vergüenza carajo, pues el pueblo tiene todo el derecho de sacarlos a correasos. Viva el Ecuador