Otra matanza en la Penitenciería de Guayaquil. Y otra vez vuelven las preguntas. ¿Por qué el Estado no controla esa cárcel? ¿Por qué a pesar de las requisas sigue habiendo ingreso de armas de todo tipo? ¿Por qué esas bandas criminales han tomado por rehenes a todos los presos -incluso por causas menores- allí detenidos? Inquietudes hay muchas.
Y las preguntas conciernen a las autoridades, rehenes a su vez de un fenómeno estructural que aupa el delito y explica la política penitenciaria fallida que incluye la acción punitiva del Estado, su seguridad y defensa, la gestión de las cárceles, el hacinamiento, la carencia de rehabilitación… Fenómenos que se han agravado y mutado por la presencia masiva del narcotráfico en el país y en las cárceles.
Por supuesto es rentable, social y políticamente, endosar las responsabilidades al gobierno de turno. Decir que el Estado debe garantizar la seguridad de las personas, que debe asegurar la convivencia pacífica y prevenir la violencia y la comisión de delitos, que debe adoptar estrategias integrales y efectivas para contrarrestar el desbordamiento de la delincuencia, que estas matanzas, de una crueldad inusitada, demanda soluciones excepcionales e inmediatas… Esas frases son hoy lugares comunes presentes en toda suerte de boletines.
Del narcotráfico y de las cárceles, el país no conoce casi nada. Y los gobiernos, acorralados por el deber ser y la crisis estructural mencionada, no dicen toda la verdad. La realidad de la Penitenciería, por ejemplo, es lo más parecido a un queso gruyer. El poder de corrupción, extorsión y amenazas de las bandas tiene aceitado todos los circuitos (armas, caletas, negocios, violencia, prostitución…) que han convertido este problema estructural y de largos años en una realidad casi insoluble para el Estado.
La legislación no responde a esa realidad. El poder de disuasión del Estado es ilusorio y se mide por su incapacidad para evitar las matanzas. No lo logrará con guías penitenciarios desarmados y los militares no pueden ingresar a las cárceles. No hay infraestructura penitenciaria para desplazar a esos presos y cualquier intervención puede agravar la respuesta violenta de esas bandas dentro y fuera de las cárceles. El Estado no tiene fuerzas especiales de Policía en cantidad suficiente -fuerzas de élite- para efectuar dos o tres controles por semana en las cárceles más peligrosas del país. Cada control implica una logística impresionante y costosa. Hay muchos otros ingredientes involucrados en esa realidad.
No se trata de exculpar el Estado y el gobierno de sus obligaciones. Pero no hay cómo celebrar a los nuevos expertos en decir disparates sobre este tema tan dramático. La Defensoría del Pueblo de Freddy Carrión ya metamorfoseó funcionarios en grotescos voceros dedicados a decir obviedades y pedir imposibles basándose, supuestamente en la ley. Como si la ley pudiera ser invocada sin tener que evaluar los resultados prácticos de las decisiones de los jueces. El derecho no es “norma y solo norma”, dijo en su libro “Teoría Pura del derecho”, Hans Kelsen.
Por eso la Corte Constitucional debe velar por no granjearse el rechazo que el país tuvo por esa Defensoría del Pueblo. Y algo de aquello ya se ve en redes sociales a propósito de su mano a mano con el Presidente a propósito de la declaratoria del Estado de Excepción. La Corte, en una interpretación literal, consideró que un régimen de excepción no puede durar más de 90 días. Y evocó algunas razones: no desnaturalizar esa figura, garantizar la vigencia del sistema democrático y tener en cuenta que el fin de un estado de excepción es utilizar las acciones extraordinarios “para contener de forma rápida y eficiente una determinada crisis (alarma social y conmoción interna)”.
En su dictamen sobre la declaratoria de estado de excepción, decretado por el presidente el 18 de octubre, la Corte estima que él no justificó la duración de 60 días y, entre otras decisiones, limita la movilización de las de las FF AA a 30 días. Nadie pedirá incumplir la ley, pero hay en el documento de la Corte un tono y una visión que hace pensar en esa máxima según la cual una decisión es mejor mientras más esté apegada a los principios; indiferente a los efectos que produce en los hechos. Y la realidad del narcotráfico, su capacidad de violencia y crueldad, no se compadece con exigir, ante la impotencia que acusa el Estado, soluciones sostenibles, así se agregue “sostenibles en el tiempo”, que vuelvan innecesarios los decretos de estado de excepción.
La Corte Constitucional dice estar consciente de las realidades del país. Ojalá porque no necesitan jueces librescos. Por eso su actitud despierta dudas sobre la conciencia que tienen sus miembros sobre realidades desconocidas y excepcionales que provoca el narcotráfico. Dudas también sobre los métodos que utilizan para medir sus apreciaciones y no volver irrazonables sus fallos.
La Corte europea de derechos humanos se basa en una “visión evolutiva” de un texto para los fines que persigue. Habla de tres objetivos: garantizar derechos efectivos y concretos, mantener un equilibrio razonable entre el interés del Estado y los derechos fundamentales y realizar ese equilibrio a la luz de las exigencias democráticas. Eso implica para un magistrado ponerse intelectualmente en los zapatos de la administración e interpretar los textos en función de los fines deseados.
No se trata de subordinar la ley a las condiciones que inspiran su aplicación, pero sí -tratándose de un gobierno democrático- de propiciar que lo jurídicamente aceptable para la Corte esté en línea con lo políticamente necesario para el país.
Foto: El Telégrafo.
Las mega cárceles no son adecuadas…es imposible controlar una infraestructura gigantesca y con sobrepoblación de privados de libertad con tan poco personal que tampoco está muy preparado que digamos ni profesional ni éticamente, porque se conoce de corrupción a todo nivel, no de otra forma se entiende que sean los presos quienes controlan bloques enteros en las penitenciarías. Para colmo, la policía y el ejército atados de pies y manos porque al parecer los delincuentes tienen más derecho que los uniformados…. si toman el control por la fuerza y mueren algunos privados de libertad a manos de la policía … seguramente los uniformados irían a parar a la cárcel porque nuestras leyes son un asco y la justicia es ciega y corrupta. Qué esperan, que la policía recupere el control con ramos de flores o qué? Leí una sentencia de Corte Constitucional en la que un juez constitucional argumentaba que la prisión preventiva es una medida cautelar excesiva para las personas que han cometido delitos, incluso para los delitos con penas superiores a cinco años?????… supongo que no será por delitos agravados, porque eso sería terrible, o sea, que para los jueces constitucionales, la sociedad debe aprender a sobrevivir en medio de la delincuencia suelta porque es excesivo encerrar delincuentes???? será que esos delincuentes deben tener medidas sustitutivas como arresto domiciliario y que los ecuatorianos debemos pagar porque esas personas tengan seguridad en sus casas mientras son un peligro para el bien público? … cómo se ve que los señores jueces de CC, tienen seguridad personal asegurada, obviamente no corren ningún riesgo y viven en el país de las maravillas… porque los ciudadanos de a pie, vivimos con temor de salir a la calle por el riesgo de muerte a manos de la delincuencia común que cada vez es más violenta y audaz. Qué fácil para la Corte Constitucional responsabilizar al Ejecutivo de no controlar la violencia en las cárceles, cuando desde sus cómodos asientos en sus oficinas de lujo llenos de seguridad pagada por los ecuatorianos que hoy vivimos en medio de tanta violencia, incluso desautorizan, nulitan, condicionan el estado de Emergencia. Serán muy buenos jueces constitucionales…..pero no parecen ecuatorianos que se solidaricen con lo que le ocurre a la sociedad y si lo único que deben proteger es la Constitución y esa Constitución está permitiendo que el Ecuador se desangre… si tienen tanta autoridad como para que bloqueen toda intención del Estado para controlar la violencia, deberían tener la sensibilidad de ofrecer un camino para que finalmente el país pueda superar a la delincuencia organizada, el narcotráfico e incluso la delincuencia común. Desde mi punto de vista, si la Constitución y las leyes están facilitando que impere el desorden, el caos y la delincuencia, hay que cambiar la Constitución y las Leyes, no podemos exigir que el Gobierno haga su trabajo atado de pies y manos ya sea por el marco legal o por los iluminados de la Corte Constitucional.
Urgen cambios que proporcionen al Estado, el ejército y la policía neutralizar a la delincuencia y restaurar la seguridad ciudadana porque esa es la razón de la existencia del Estado, asegurar el bien común y La Paz social; mientras la constitución y la ley garanticen derechos a la delincuencia que impunemente es protagonista de masacres con niveles de violencia de pesadilla, el pueblo tendrá que aprender a vivir escondido, porque el poder político es incapaz de reordenar el marco jurídico que haga posible recuperar la paz social; porque la Asamblea está entrampada en discutir cómo sacar al presidente en lugar de contribuir con la restauración del país… el presidente y su equipo paralizados promoviendo acuerdos a los que difícilmente se llegará, del sistema judicial en mayor medida, el gran responsable de toda esta barbarie, la Corte Constitucional empeñada en proteger el contenido de un libro que por muy valioso que sea, no puede ser más importante que la supervivencia de la ciudadanía en medio de tanta violencia.
El mayor delincuente de la historia del Ecuador, Rafael Correa Delgado, consolida con los carteles internacionales de la droga de México y Colombia, un hecho que ya desde hace años atrás se venía poco a poco implantando en el Ecuador: la inclusión del país en el negocio de la cocaína, mariguana, heroína y otras drogas incluyendo las químicas. Con la malvada constitución de Montecristi, se permite el consumo, y por ende la venta a mansalva de esos estupefacientes contaminando así a niños, jóvenes y aun a personas maduras que caen en el vicio para desgracia de sus familias y de la sociedad entera.
En ese periodo de 14 años de Correa y Moreno, se desmantela la base de Manta y en general la seguridad entera del país, y así los carteles tienen el espacio abierto para corromper a funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros entes estatales para permitir que ese bicho maldito avance sin tregua para llegar al punto donde se cometen actos de barbarie inusitada por parte de esas pandillas que actúan con el mismo estilo como lo hacen en México y en Colombia.
Atrás de todos estos actos impresionantes, por supuesto que esta tambien el ansia de Correa y de sus secuaces para caotizar el país y tratar de sacar a como dé lugar al Presidente Lasso del poder y ellos volver a reinar en ese caos que ahora nos agobia y esto se comprueba con esta última matanza donde se liquida a mucha gente que estuvo detenida por actos de corrupción que estuvieron secundados por delincuentes de alto calibre como el mismo Correa y los Bucaram y claro está, con el único fin de que nadie pueda declarar en su contra.
O Lasso actúa con firmeza o el Ecuador se nos acaba.
Esto es un desastre, literalmente nadie tiene idea de que sucede y que se debe hacer. Las funciones del estado prefieren pegarse entre ellas ya que no saben a quien echar la culpa y nadie quiere hacerse cargo. Las masacres le cogen al gobierno mal dormido y es tan lamentable que les toma incluso en plena fiesta con esmoquin. Ya se necesita un plan serio para afrontar el problema que incluya la depuración de las fuerzas públicas. Por ahora ganan tiempo con militarizar las cárceles pero, que van a hacer hasta que les toque la siguiente masacre? Llorarle al enemigo real o imaginario no va a solucionar las cosas. Se nota que no hay servicio de inteligencia en el país. Como decía un comentario en este espacio, no se pueden ni poner de acuerdo en la comunicación dentro del gobierno. Como van las cosas, los pandora papers no van a ser la bomba que le explote al gobierno, más bien ellos se van a terminar lanzando la granada bajo los pies.
Que las comparaciones son inútiles, dicen. Pero en los EE.UU. no sucede lo que por acá. Vemos en la ficción y en la realidad: el delincuente tiene segundos para arrojar su arma o la policía dispara. Aquí sucede lo contrario: el policía debe esperar que el delincuente dispare para luego él sacar su arma. Derechos humanos. Vimos con horror como una señora era asesinada por su captor a vistas de la policía. Hay muchos policías enjuiciados por usar su arma contra malhechores en defensa del ciudadano. Derechos humanos. Nuestros “angelitos” saben cuales son las limitaciones de las fuerzas del orden y ellos no andan con miramientos.
Todos los Poderes del Estado deben revisar sus actitudes y procedimientos. El Poder Judicial, por ej., acelerar sus procesos. Estamos viendo que mueren presos con la boleta de excarcelación extendida hace muchos días. Hay un gran porcentaje de presos sin sentencia que la esperan desde bastante tiempo atrás. Delincuentes cogidos infraganti por la policía salen enseguida por la puerta trasera, con el cuento de que no hay pruebas, a vista y nariz larga del policía. Tenemos en las calles delincuentes con amplios “currículum vitae”. Y así por el estilo.
La Asamblea, agilitar el Código Orgánico de Seguridad del Estado (presentado hace unos 3 años, dice Crnel. Molina, Canal 10), que contiene sobre uso progresivo de la fuerza. Señores asambleístas, déjense de web… y hagan patria. Ya están buscando resquicios al Presidente Lasso para echarle todo el peso de la crisis; y son aquellos que mayor responsabilidad tienen en el actual estado de cosas, por ser de grupos políticos que ya gobernaron.
Esperamos mayor responsabilidad de quienes gobiernan o pronto seremos zombis de un “Estado fallido”.
Muy buen artículo Dr. Hernández.
Si se instalan eufemismos como PPL (en vez de mula del narco, violador u homicida) nos instalamos en un “buenismo” altamente peligroso que termina por contaminar aun a quienes deben permitir a los Gobiernos darnos la seguridad que los no PPL merecemos
Estimado Señor Hernández, permítame agregar lo siguiente:
SERÍA BUENO QUE LOS JUECES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL LEAN EL ART. 429 DE LA CONSTITUCIÓN: “La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia”. Como se lee, en ninguna parte dice que la Corte Constitucional es una corte de derechos humanos. Creo que todos los jueces saben que en Derecho público, solo se hace lo que está escrito, o, no?
TAMBIÉN DEBERÍAN LEER EL ART. 436 DE LA CONSTITUCIÓN, DONDE SE DETALLAN LAS ATRIBUCIONES DE LA CORTE: De las 10 atribuciones, solo en la primera, se menciona el término compuesto derechos humanos: “1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias…”. Por lo tanto, porque la obsesión de la corte con los derechos humanos? Incluso sabiendo que este mamotreto de constitución tiene cerca de 220 derechos, la mayoría no aplicables, el resto de atribuciones de la corte descritas en el art. 436, no se refieren a derechos humanos.
PORQUE LA CORTE NO RESUELVE LA CONTRADICCIÓN ENTRE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y EL ART. 417 DE LA CONSTITUCIÓN?: El Ecuador es signatario de muchos tratados que nos podrían ayudar a resolver varios de los problemas actuales, pero la corte en vez de buscar respuestas y realizar interpretaciones útiles para la sociedad, se encierra en el concepto de los Derechos Humanos. Acaso solo cuando se trata de temas de moda del activismo, como el matrimonio homosexual y el aborto por violación, la corte puede irse contra la constitución e interpretar lo que le plazca? Es decir, en el resto de temas, hay que ser legalista y aplicar a rajatabla la constitución?
EL DR. SALGADO, EMINENTE JURISTA Y PRESIDENTE DE LA CORTE, NO PUEDE HACER NADA PARA CONTROLAR A SUS ACTIVISTAS? Entiendo que si un bando tiene 5 votos, se impone al resto, pero esto no significa que el Dr. Salgado no pueda poner orden. Acaso quiere que su prestigio personal se pierda, y, que esta corte se convierta en otra corte cervecera. Tampoco tiene nada que decir el Dr. Herrería?
Es lamentable, que los actuales jueces constitucionales no den la talla, a pesar de un comienzo auspicioso. Por todo esto y más, se hace inevitable una nueva constituyente, pero para no causar más conmoción y demoras, la opción de volver a la Constitución del 98, con una mini asamblea que haga cambios puntuales, es en definitiva, la mejor opción.
Las acciones del gobierno son incomprensibles.
La Ministra de Gobierno afirmó que la reciente masacre se debió a qué un cabecilla mafioso salió en libertad la semana anterior, y las otras bandas trataron de ocupar ese espacio de poder.
En cambio, el Secretario de Comunicación dice que la masacre fue “un acto terrorista de conmoción” para acusar al gobierno.
Lasso se queja de que las Fuerzas Armadas prácticamente no tocan ningún pito en este entierro, porque no pueden ingresar a la penitenciaría. Sin embargo, descabeza a la cúpula militar.
Nadie sabe por qué Fausto Cobo, quien era director del SNAI (cárceles) pasó a una entidad llamada Centro de Inteligencia Estratégica. Hoy le ponen nuevamente a cargo de las cárceles.
La cifra inicial de muertos era 68. Hasta ahora han encontrado 61 cadáveres. Pero todavía hay 8 cadáveres “pendientes de entrega” de la masacre anterior.
En fin…
Los miembros de la Corte Constitucional han demostrado que viven en el pasado cuando el Ecuador era “una isla de paz”, ahora estamos en guerra contra las mafias del narcotrafico y la delincuencia organizada. No puedo creer que todavia las carceles esten teoricamente al mando de “guardia penitenciarios” sin armas, en cualquier pais del mundo, los guardias penitenciarios estan fuertemente armados y entrenados y en algunos paises forman parte de la policia nacional o local. La estructura policial ecuatoriana es claramente disfuncional, a diario vemos como los agentes de transito (que por ley solo detectan infracciones de transito) son irrespetados y desobecidos. Los guardias municipales son igualmente irrespetados. Por tanto, hace falta una nueva organizacion policial que agrupe a estas cuatro fuerzas y tambien a los guardabosques y se diferencien en sus funciones solo por el ambito geografico y deberian restringirse las movilizaciones de los policias salvo por excepcion.
Las Fuerzas Armadas deben reoganizarse como fuente de apoyo a la policia.