El problema carcelario que afronta el país pone a prueba a todo el mundo. Como están las cosas y por las dimensiones que ha tomado el problema es importante, pero sobre todo justo y necesario, hacer un análisis objetivo de qué condujo a esta situación, cuáles son los nudos críticos y las posibles soluciones, si acaso las hay.
A la luz de análisis técnicos, es evidente que se requieren medidas a corto, mediano y largo plazo que hay que tomar inmediatamente si se quiere evitar una nueva asonada sangrienta.
Sin duda la crueldad de los asesinatos merece la condena de todos. No obstante, hay una realidad que no es visible a la ciudadanía y que tiene que ver con el abandono sostenido del Estado a un grupo de gente que, si bien ha delinquido, están bajo su tutela y responsabilidad.
Y esa misma tutela tiene que ser aplicada especialmente a aquellos que van a parar a la cárcel por delitos menores y cuyas boletas de excarcelación demoran el triple del tiempo normal, mientras los individuos siguen mezclados y retro alimentándose en un ambiente que nada tienen que ver con el espíritu de rehabilitación que supuestamente debería ser el sistema penitenciario.
Llegar hasta acá, ha significado años de errores sistemáticos. El abuso de la prisión preventiva es uno de ellos. Precisamente la aplicación intensiva de esta medida es el origen de que existan muchos presos sin sentencia en este momento.
El abuso de este mecanismo legal ha provocado una situación que es inmanejable. Para tener una idea, y según investigaciones periodísticas como las de GK, hasta el 2021, cuatro de las cárceles más grandes, tienen más del 100% de hacinamiento. Entre ellas, la penitenciaría del Litoral por ejemplo, tiene 130%. Entre estos datos, resalta también que la capacidad total del sistema penitenciario es de 30.169 personas; hay más de 37 mil internos.
Queda claro que una de las medidas a corto plazo es revisar la aplicación de la prisión preventiva; que sea tomada como de última ratio. Así mismo, se deberá analizar la aplicación correcta y técnica de otros mecanismos como el régimen semi abierto para delitos menores. Para esto, urge aumentar los funcionarios en el SNAI, que hace ese trámite, porque ese informe tarda un promedio de seis meses. El traslado de los internos de menor peligrosidad de forma urgente es muy importante, dado que hoy por hoy, son la carne de cañón para los reos peligrosos
Estos solo unos pocos ejemplos de medidas a corto plazo. También están aquellas a mediano y a largo plazo que pasan por trabajar temas que involucran inclusive reformas constitucionales en su momento.
Reformar el sistema penitenciario desde adentro y parar la corrupción de los guías es uno de los retos más significativos porque implica una intervención no solo drástica sino medular en la gestión de las cárceles.
Reconstituir el sistema judicial es otro de los temas complejos y que requiere tiempo. Aún no se logra tener jueces probos e incorruptibles. Es otro objetivo que tomará tiempo.
Y, finalmente, parar el crimen organizado. Esa es la tarea más dura y difícil porque ese azote es primo hermano de la impunidad; de la corrupción judicial y la corrupción política. No hay receta fácil para lograr erradicarlo y en este punto está claro que bandas criminales se han tomado los centros penitenciarios. Ante eso, hay dudas legítimas de si la pacificación es el mejor camino: ¿se puede acordar con criminales sanguinarios y pacificarlos? Está por verse si ese noble propósito es posible y más vale que sí por el bien de todos. En ese sentido, hay propuestas radicales en el debate como la extradición, pero para su aplicación se requiere reforma constitucional.
El Ecuador está inmerso en un conflicto de muy difícil resolución. El Ejecutivo está poniendo su empeño para solucionar un problema más, de todo el resto de conflictos del país que le dejaron. En esa línea, se requiere que la ciudadanía responda al llamado de unidad, apoyar todos juntos la gestión que se propone y hacer de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción una causa nacional. ¿Los partidos políticos también están invitados: ¿será mucho pedir que dejen de polarizar?
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Esa es la tarea más dura y difícil porque ese azote es primo hermano de la impunidad; de la corrupción judicial y la corrupción política. No hay receta fácil para lograr erradicarlo y en este punto está claro que bandas criminales se han tomado los centros penitenciarios. Ante eso, hay dudas legítimas de si la pacificación es el mejor camino: ¿se puede acordar con criminales sanguinarios y pacificarlos? Está por verse si ese noble propósito es posible y más vale que sí por el bien de todos. En ese sentido, hay propuestas radicales en el debate como la extradición, pero para su aplicación se requiere reforma constitucional.
El Ecuador está inmerso en un conflicto de muy difícil resolución. El Ejecutivo está poniendo su empeño para solucionar un problema más, de todo el resto de conflictos del país que le dejaron. En esa línea, se requiere que la ciudadanía responda al llamado de unidad, apoyar todos juntos la gestión que se propone y hacer de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción una causa nacional.
En Ecuador, las pandillas controlan gran parte del país y la gente se queda sin seguridad.Y, cada día que pasa, empeora la grave crisis de hambre. Después del covid 19, una nueva crisis sacude a Ecuador: una tremenda insensatez de los politicos está llevando al país al borde del colapso porque las pandillas, no el gobierno, tienen el control del país. La política ecuatoriana se rige por códigos corruptos y criminales y este es el único mercado que funciona en la actualidad. Un país donde las bandas criminales tienen más poder que la policía. El vacío dejado por un sistema político en plena descomposición y una fuerza policial debilitada empezó a ser ocupado por las bandas criminales, lo que generó un acelerado aumento de los crímenes y la violencia. Esto en medio de una profunda crisis económica y sanitaria que ha azotado aún más a una sociedad de por sí muy castigada. La dramática situación a la cual ha llegado Ecuador se debe a la sumatoria de un sinfín de factores que no han permitido la consolidación de una democracia decente. El país necesita una solución socio-política, una concertación de los principales actores que incluya a los partidos políticos, el sector privado, las universidades y autoridades religiosas para que se pongan de acuerdo en un punto: salvar al Ecuador.
No puede haber unidad nacional cuando el presidente, en una entrevista a la BBC, anuncial un Plan Ecuador, es decir una escalada militar de “guerra contra las drogas”, similar al Plan Colombia.
Acaso no hay nadie en el entorno del presidente que le informe del FRACASO que fue el Plan Colombia? No se ha enterado de que la producción de cocaína en Colombia se ha triplicado en la última década, pese a todo el apoyo de Estados Unidos? No sabe que en el Ecuador hay MAS REFUGIADOS COLOMBIANOS que venezolanos por razones de violencia en sus países?
Es inverosímil que el presidente Lasso DESCONOZCA que la Comisión Global sobre Política de Drogas (entidad que incluye a EX-PRESIDENTES DE COLOMBIA) lleva una década diciendo que la “guerra contra las drogas” ha fracasado, y es indispensable cambiar de enfoque hacia una regulación legal de esas substancias.
Dónde están los asesores libertarios de Lasso? Ellos deberían contarle que el Cato Institute (el principal think tank libertario de Estados Unidos) llegó a la misma conclusión HACE DOS DÉCADAS!!!! Y que National Review (la principal revista conservadora de Estados Unidos) dijo lo mismo HACE UN CUARTO DE SIGLO!!!
En esa entrevista con la BBC, Lasso dijo que NO había conversado con el gobierno de México sobre el tema del narcotráfico y la violencia. Sería bueno que lo haga.