En los papeles sonaba sencillo pero en la realidad no es así: en la Asamblea nadie quiere o nadie sabe cómo acatar la orden de la Corte Constitucional de regular la despenalización del aborto, en caso violación, sin mojarse el poncho a la hora de tomar definiciones que son clave. La evidencia está en que esta semana (seguramente el jueves) el Pleno de la Asamblea deberá conocer, en primer debate, un informe de la Comisión de Justicia sobre el mandato de la Corte Constitucional en el que no está fijado uno de los poquísimos temas que tenían que definir los legisladores: el límite de tiempo en el que es permitido interrumpir el embarazo involuntario en caso de violación.
La historia de este incómodo tema para los asambleístas arrancó el 19 de abril del 2021, cuando la Corte Constitucional decidió que la penalización del aborto en caso de violación es inconstitucional y ordenó al Defensor del Pueblo a que, en dos meses, presente un proyecto de ley que lo regule. La Corte también ordenó a la Asamblea que en el plazo máximo de seis meses de la presentación del proyecto, lo conozca y lo discuta. Así había en principio ocho meses de plazo para que todo esté listo. Es decir hasta este 26 de diciembre, pero por la vacancia legislativa que comienza el 16, podrá extenderse hasta las primeras semanas de enero.
Lo cierto es que durante todo ese tiempo nadie ha querido responsabilizarse de establecer el plazo para la interrupción del embarazo. No lo hizo la Corte Constitucional en su sentencia de abril, tampoco la Defensoría del Pueblo en el proyecto que envió el 25 de agosto y que recayó en la Comisión de Justicia. Ahora resulta que en esa Comisión tampoco hubo acuerdo aunque se escuchó a casi 50 especialistas. El jueves pasado, en la noche, ocho de sus sus miembros se lavaron las manos y decidieron que ese tema lo resuelva el pleno. La aprobación del informe se hizo en medio de los airados reclamos de Ricardo Vanegas de Pachakutik y de Sofía Espín de UNES. Los dos asambleístas, a pesar de que criticaron el texto aprobado por no incluir el mencionado plazo, tampoco propusieron uno.
¿Cuáles son los plazos de los que se ha hablado en las discusiones? Varios legisladores han mencionado la experiencia en otros países: en México 18 semanas y en Argentina 12. Esos son algunos parámetros mencionados mientras que expertos invitados a la Comisión dijeron que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que sea cuando el feto pueda sobrevivir por sí solo. La correísta Sofía Espín, cercana a los grupos Provida, en una entrevista sostuvo ayer que ella es partidaria de que sea a la quinta semana pero que es consciente de que en el campo y en sectores marginales eso es muy poco porque las chicas violadas no se enteran siquiera de que están embarazadas. Por eso, Espín dijo que quizá las 12 semanas sean las adecuadas aunque ella, como casi todos, no quiere fijar el plazo.
La indefinición no es sino una evidencia de que la mayoría los miembros de la Asamblea no quieren decidir nada que tenga relación con el aborto. Ya sea porque el tema no es precisamente popular o porque las consideraciones morales y religiosas pesan, fijar la temporalidad de la interrupción del embarazo se ha convertido en el principal cuello de botella del debate, pues los otros dos que quedaron para que los legisladores decidan, tienen mucho mayor posibilidad de ser consensuados: la necesidad de una denuncia para practicar el aborto y la objeción de conciencia de los médicos para hacerlo.
El tema de la temporalidad del aborto despenalizado es tan polémico que hay bancadas donde conviven posiciones diametralmente opuestas. Por ejemplo, dentro del correísmo donde hay partidarios de no fijar un plazo como la de la alterna Gisella Garzón y otras más conservadoras como la de Sofía Espín. En Pachakutik ocurre algo parecido: Ricardo Vanegas es también cercano a los provida que quieren que el plazo sea el menor posible, mientras otros asambleístas de Pachakutik son adherentes a las cuasas feministas y quieren extenderlo. El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, dijo a 4P que incluso hay asambleístas que estarían felices de archivar el tema, aunque eso podría acarrear incluso destitución por parte de la Corte Constitucional para quienes incumplan su orden. La polarización ha llevado a que los partidos y movimientos dejen en libertad a sus asambleístas para la votación.
Foto: Asamblea Nacional
