Hace pocos días, un grupo de comerciantes informales presentó una acción de protección en contra del Municipio de Guayaquil argumentando que el desalojo del sector de la Bahía llevado a cabo por las autoridades municipales vulneraba sus derechos. El juez que conoció la acción dictó medidas cautelares a favor de los comerciantes informales y dispuso que debían reubicarse dentro del perímetro que comprenden las calles Coronel, Cacique Álvarez, Manabí, Huancavilca y Febres-Cordero hasta que se resolviera el fondo de la cuestión.
Viteri, en su condición de funcionaria municipal, no tenía más alternativa que acatar la orden judicial hasta que se resuelva el fondo de la cuestión y reubicar a los comerciantes informales en el perímetro dispuesto por las autoridades judiciales. Sin embargo, Viteri, una vez más, demostró un total desprecio por la institucionalidad y emitió un comunicado titulado “Guayaquil no volverá al caos del pasado” en el que califica las medidas cautelares concedidas por el Tribunal de ilegales e inconstitucionales y dispone que la Policía Metropolitana intensifique los operativos de control, llamando a la ciudadanía para que permanezca “alerta” ante una resolución judicial que busca que la ciudad vuelva a un “pasado de caos”. En resumen, se niega a cumplir con la disposición judicial.
De hecho, parece bastante probable que Viteri tenga razón en el fondo de la cuestión, ya que los comerciantes informales deberían regularizarse para poder ocupar los espacios públicos y competir en igualdad de condiciones con aquellos comerciantes formales que pagan las tasas para obtener los permisos que les permiten operar. Es más, resulta incluso lógico que los comerciantes informales no puedan ocupar el espacio público sin contar con un permiso para hacerlo, por lo que, en principio, la decisión del juez de conceder medidas cautelares no parece tener sustento alguno y, en consecuencia, al momento de conocer el fondo de la cuestión, la acción de protección debería ser negada por improcedente.
Se puede incluso coincidir con los argumentos esgrimidos por Viteri para rechazar la decisión judicial, no obstante, el hecho de no estar de acuerdo con una resolución judicial no implica desconocerla e incumplirla, más aún cuando se trata de la máxima autoridad de la ciudad. ¿Qué sucedería, entonces, si cada uno de los ecuatorianos decidiera no cumplir con las resoluciones judiciales que les parecen injustas, ilegítimas o que atentan contra sus derechos? La respuesta es evidente, viviríamos en un caos. Lo anterior ha quedado demostrado cuando muchos asambleístas no están dispuestos a cumplir con la disposición de la Corte Constitucional en lo relativo a la despenalización del aborto por violación y el informe que se ha presentado al pleno carece de las mínimas bases para su discusión.
Viteri no puede desconocer una resolución judicial simplemente porque no está de acuerdo con ella. En su condición de máxima autoridad de la ciudad de Guayaquil está en todo su derecho de discrepar de las resoluciones judiciales e interponer los recursos que considere convenientes para defender los intereses de Guayaquil, sin embargo, bajo ningún concepto puede negarse a cumplir con una resolución judicial por estar en desacuerdo con ella. El desacato al cumplimiento de una resolución judicial es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y, por ello, ya se ha presentado una denuncia en la Fiscalía contra la alcaldesa de Guayaquil. Habrá que ver si dicha denuncia corre la misma suerte que aquella que se presentó cuando Viteri ordenó obstaculizar la pista del aeropuerto para impedir el aterrizaje de un vuelo humanitario de Iberia.
Hace pocos meses en esta columna se mencionó que Viteri parecía ser intocable por las autoridades judiciales. Al parecer no sólo parece intocable, sino que además cree estar por encima de la ley y de las resoluciones judiciales.
Ricardo Flores es abogado.
Respecto a las medidas cautelares judiciales otorgadas a los informales,cabe RAZONAR, que una cosa es garantizar el derecho al trabajo y otra dar paso y permiso a la estupidez, pues no es la informalidad de este lo que se ataca sino el desorden y caos en el que cierto grupo lo ejercen,atentando ellos si contra el derecho a la salud y seguridad y tácitamente al bien juridico supremo que es la vida,más aún en un estado de crisis pandémica y de inseguridad donde evitar la mayor concentración dinámica posible,es en la práctica real la efectiva medida cautelar para evitar males y daños mayores en nuestra ciudad y nuestra gente. Apoyo total la resolución de la alcaldía,rechazó total a la resolución de ese juez idiota. Luis De Guzman
Respondo a comentario de “Jenny”
Leyendo el comentario del articulista y analizando lo actuado , para mi es evidente que se trata de una maniobra seguramente hecha por enemigos de la ciudad.
Me gustaría saber “Jenny ” si sería justo que le envien los informales al entorno donde usted vive, y que pruebe el día a día con la bulla, el desorden, la basura , etc que propiciua esta actividad ??
Usted llama escoria a esta funcionaria, que lástima da usted
Favor tener en cuenta como atenuante que la Sra está viviendo su segunda juventud ( o tercera o cuarta ? ) y está con las hormonas alborotadas y fuera de control.
Además ya hablando en serio, Jaime Vargas e Iza andan bien campantes y Glas y tío Rivera están por salir del tarro sin haber devuelto un centavo.
Y un poco mas en serio, esta vez la loca tiene razón, y son los jueces los que atienden cualquier caso de “acción de protección” mientras que los juicios ordinarios están botados a la espera de un “aliciente”.
Quien asegura que no hubo ” aliciente ” para la orden de amparo.
La cercanía de la Navidad torna imposible que se acate la orden judicial.
El momento en que Viteri ordenó bloquear la pista del aeropuerto de Guayaquil para impedir el aterrizaje de un vuelo internacional quedó claro que es capaz de cualquier cosa. Este desacato es una expresión más de su naturaleza autoritaria, arbitraria y despótica. Una “autoridad” que no respeta el orden legal debería ser, como mínimo, destituida sin miramientos y de forma inmediata. Una vez más la pregunta punzante: ¿Por qué la política está infestada con la escoria de la sociedad?