Quito: urge un nuevo modelo de gestión

Se acerca el fin del 2021 y la ciudad se apresta a cerrar uno de los capítulos más duros de su historia: el caso del ex alcalde Jorge Yunda. Una zaga político-farandulera que aventuró a un improvisado elegido con escaso apoyo, a conducir la ciudad más compleja del país. Este año si algo quedó claro en Quito, fue una exposición clara y suficiente de los profundos problemas que la aquejan. Que no son pocos y que requieren de un consenso generalizado para ser superados. De lo contrario, la ciudad será inviable. Ya hoy se siente su abandono, el desempleo que es el mayor del país y la falta de liderazgos locales.

Luego de dos años de gestión de la administración de Jorge Yunda, donde se evidenció claros problemas de gestión, se descubrió que superar estos problemas va más allá de una mera transición hacia un alcalde que busque una reivindicación de imagen. Además de la investigación de irregularidades en la ciudad, urge un nuevo sistema de administración pública. Uno que garantice inversión, servicios y obras. Que la despolitice alejando al cabildo del populismo que lo ronda, que se ha instalado en su estructura y lo envuelve cada cuatro años.

Quito hoy es una ciudad olvidada que ofrece varios trofeos a los más ambiciosos candidatos. Con más de diez empresas municipales y otras agencias, despierta el apetito de cualquier candidato populista que ofrezca colocar a sus huestes, cual agencia de empleo, y rodearlas de beneficios y contratos.

Pero ¿qué ha hecho de Quito este embrollo administrativo en que se ha convertido? Y ¿qué dificulta su gestión? Las respuestas saltan a la vista cuando se mira el presupuesto del Municipio de Quito para el 2022, recientemente aprobado por el Concejo Metropolitano y que asciende a 830.96 millones de dólares. De los cuales, 214 millones son remuneraciones de  personal. Es decir burocracia. Quito tiene más de 22,000 trabajadores solo en la llamada planta central a la que hay que sumar los trabajadores de las empresas públicas que manejan su propio presupuesto. Así, el  valor de sueldos corresponde al 25.77% del presupuesto total. Que, además, si quitamos del presupuesto el rubro destinado al Metro que corresponde a 152.73 millones de dólares, representaría el 31.57% destinado a gastos corrientes que incluye servicios administrativos y otros servicios para su funcionamiento. Si se considera una cifra global, ese gasto, en salarios y gastos administrativos, asciende al 46% del total de presupuesto.

Cualquier novato en administración pública, con un rápido vistazo sabría que un sistema de servicios públicos que gasta en administrarse la mitad de sus ingresos, tiene serios problemas. Por contraste, para Guayaquil el presupuesto aprobado por el Concejo Metropolitano es de 782 millones. Se estima que el 86,5% se destina a obra pública y 13,5% a gastos corrientes y  administrativos. Ciertamente un sistema de gestión pública delegada, con un aparato más limitado y algunas deficiencias de gestión aun por mejorar, pero que permite invertir anualmente recursos en obra pública.

¿Cómo volver más eficiente un modelo de gestión que no deja presupuesto para inversión pública? ¿Para mejora de servicios? ¿Para crear oportunidades para inversión público-privada, para implementar servicios más modernos? ¿Qué hacer con los elefantes blancos llamados empresas municipales y sus poderosos sindicatos que no alcanzan la eficiencia y se ofrecen de trofeo electoral sin la menor consideración técnica?

El 2022 será un año clave para la ciudad. Para repensar de forma urgente qué modelo se requiere y a quién se confía este encargo el 2023. El cabildo tiene que volverse más eficiente, más transparente y más técnico.  Algo que no se alcanza desde la política electoral sino desde el consenso ciudadano y la gobernanza, trabajada con responsabilidad y un fuerte liderazgo. A Quito hoy le urge un cambio en su modelo de gestión que garantice eficiencia, inversión y crecimiento sostenible.

María Amparo Albán es abogada y catedrática universitaria.