¿Puede El Fantasma seguir violando la ley?

De gana el presidente Lasso se tomó a pecho la situación de periodistas y trabajadores de diario El Comercio. De gana se reunió el lunes 3 de enero con delegados de 180 jubilados y despedidos (se habla de alrededor de 250, pero aquellos con problemas sumarían alrededor de 120) e instruyó al ministerio de trabajo para que resolviera las irregularidades y abusos cometidos por esa empresa de propiedad de Ángel González, más conocido como El Fantasma. Los funcionarios encargados ya hicieron saber a los interesados que todo lo que ellos hablaron con el presidente, en realidad está bien: todo lo hecho por la empresa está dentro de la ley. Les dijeron que los salarios atrasados van a ser pagados a 270 trabajadores, que el arreglo hecho por El Comercio con los despedidos sigue su curso, que las mediaciones laborales marchan a pleno vapor… Es decir, dirán al presidente que de gana se inquietó.

No es así. La presión presidencial sirvió para que esa empresa reconozca que es contrario a la ley deber tres meses de salarios (dos meses y el décimo tercero). Nada nuevo y el hecho cierto es que no han pagado. Los arreglos que el presidente, en su reunión con los delegados el 3 de enero, calificó de coacción, siguen vigentes. Y, al parecer, el Ministerio de Trabajo nada tiene que decir sobre el particular. Así luce normal que esa empresa haya extendido los plazos, sin inmutarse, hasta 36 meses para pagar. No tiene en cuenta que la ley dice que esas liquidaciones deben efectuarse 30 días después del despido. Además, redujo las liquidaciones hasta un tercio del monto legal.

La empresa dijo a los ex trabajadores que ellos firmaron y se comprometieron, además, a no entablar demanda alguna. Es decir, un acuerdo entre privados reemplaza la ley y el ministerio dirigido por Patricio Donoso cierra los ojos. Un acuerdo en el cual los representantes de El Fantasma, ayudados por Ramiro Rivera, su abogado político en Quito, pusieron a los trabajadores de ese diario contra la pared: o firmas o no hay dinero. O extiendes los plazos o no te pagamos. O reduces la liquidación a un tercio, o no hay nada… En los hechos, o firmas o pones un juicio que durará años.

Ese fue el panorama que tuvieron esos centenares de personas que se quedaron sin trabajo, que no pudieron honorar deudas, que perdieron la facultad de hacer gestiones en el IESS (porque la empresa también está atrasada en sus aportes) y comprobaron que las mediaciones laborales también son papel mojado: los mediadores del ministerio permiten que, en los arreglos, impere la lógica de la abogada de El Comercio. ¿Y qué pasa con la jubilación patronal? Esos cálculos y esos trámites también arrastran los pies en el Ministerio de Trabajo.

¿Es eso normal? ¿Puede un empresario extranjero, que recibió frecuencias en forma chueca de Rafael Correa y Lenín Moreno, desconocer la ley? ¿Y puede un ministerio del presidente Lasso cohonestar con esas irregularidades, cuando el presidente dispuso, y produjo mensajes inequívocos, de que el ministerio de Patricio Donoso debía hacer cumplir la ley? El viceministro de trabajo, Eduardo Germán Pazmiño, se encargó, en una reunión con los delegados de jubilados y ex trabajadores de El Fantasma, de apagar las esperanzas que surgieron tras la charla con el presidente. Los límites de su acción, como les dijo, no lucen enmarcados en las directivas dadas por Guillermo Lasso. Más bien produjo la impresión de que coindice con la lógica de la empresa que defiende el político Ramiro Rivera; su amigo. Porque eso también les dijo.
Los cálculos hechos por periodistas y ex trabajadores -por ello pueden ser incompletos e inexactos- dan cuenta de que diario El Comercio debe 4,2 millones de dólares a trabajadores, ex trabajadores y jubilados. Además de millones de jubilación patronal y una deuda, imprecisa, en el IESS. La deuda con el SRI también es desconocida. El gobierno debería dar las cifras oficiales.

En el balance 2020, El Comercio admitía pérdidas acumuladas que sumaban 11.810.749 dólares y que eran “causal de disolución de acuerdo a la normativa vigente”. Ya entonces reconocía un déficit de capital de trabajo de 5.689.118 dólares. Un crédito con el Banco del Pacífico por 2 millones de dólares hacía parte de esos pasivos. El gobierno de Lasso no entregó el millón que hacía falta de ese crédito otorgado por el gobierno de Lenín Moreno, con un año de gracia. Todo esto sucedió mientras las propiedades y equipos sufrían una depreciación voluminosa, pues la relación entre el costo inicial y el valor en libros pasó de 34 millones a 18 millones de dólares.
En claro, se permitió, con Correa y Moreno, un evidente desangre de El Comercio en favor de las radios y los dos canales de TV de El Fantasma que lucen solventes. A pesar de ello, esa empresa quiere medrar de créditos públicos y violar la ley sin encarar la realidad que produjo: la quiebra del diario quiteño.

Fotomontaje: Plan V