Mucho se ha escrito y hablado en el país sobre el tamaño del Estado, pero poco sobre la calidad de servicios públicos que brinda este Estado. En especial luego de que un régimen apostó por un diseño estatal significativamente abultado y compuesto por numerosas dependencias públicas con demasiadas competencias a ser desempeñadas.
A primera vista parecería que un Estado grande corresponde al cumplimiento del sinnúmero de obligaciones previstas para lograr un servicio eficiente, como parte de ese Estado garantista diseñado en la Constitución de Montecristi. Y que la señal que envía un gasto público elevado se traduce automáticamente en una estructura que contribuye a la mejora de los servicios públicos y que fomenta el crecimiento económico y el desarrollo del país. El incremento de su tamaño aún no lo han vuelto más eficiente, los hechos no lo han demostrado. Si bien el Estado requiere de infraestructura y personal para cumplir con los servicios públicos prioritarios como salud, educación, seguridad existen numerosas dependencias estatales cuyas competencias no se ejercitan en función de los principios de eficiencia, celeridad y eficacia que describe el Código Orgánico Administrativo que es la norma que rige el funcionamiento de la Administración Pública. Es decir, la administración pública no se encuentra alineada con la eficiencia que requiere el gobierno para la reactivación productiva que propone.
En el país, ministerios y otras entidades no tienen automatizados los procesos ni un sistema de medición de resultados que califique su eficiencia y los obligue a mejorar. Este sistema de medición que debería ser público y es parte del “Buen Gobierno”, y sobre el cual trabajan organizaciones no gubernamentales, no es implementado en la mayoría de instituciones y ministerios. Por lo regular, y salvo excepciones, los ciudadanos transitan un largo y penoso camino, esperando contestaciones fuera de término y agradeciendo si alguna vez la autoridad, o la dependencia, les concede una cita para empujar sus trámites; sea para arreglar un situación particular o para continuar con un permiso de cuya vigencia depende el funcionamiento de un negocio.
¿Dónde están los derechos de los regulados, de los ciudadanos, de personas o empresas que quieren invertir, trabajar y sacar adelante al país? ¿A quién importa la eficiencia del Estado más allá de la salud y la educación que han sido el mayor foco de interés durante la pandemia?
Un gobierno empeñado en la reactivación productiva debe, además de enfocarse en las nuevas leyes que requiere el sistema económico y social, empeñarse en la mejora del servicio público en general. En recobrar la mística del servidor público y enfocar las dependencias estatales a cumplir con sus tareas eficientemente y con transparencia. Debe instalarse una cultura de eficiencia donde el “no hay personal” no sea una excusa válida para no despachar trámites administrativos de los que dependen muchos pequeños y medianos negocios para existir.
Atender los derechos de los ciudadanos con eficiencia no se alcanza con multiplicar las dependencias solamente como ya sucedió, sino con un diseño estatal inteligente y enfocado en la calidad del servicio. El rol natural del Estado no es la de ser actor económico sino el de cumplir con los servicios a sus ciudadanos con eficiencia, más allá de la salud y la educación, cuya prioridad es indiscutible. En el país existe un sinnúmero de procesos por despachar en entidades del Estado -eso retarda el desarrollo del país-, cuyas normas y competencias deben revisarse para destrabar los cuellos de botellas que a más de la pandemia, tienen al país paralizado y sin funcionar adecuadamente.
La tan anhelada reactivación productiva debe acompañarse de una mejora significativa en la atención pública desde la administración, ya que en la era de la digitalización y la automatización no hay pretextos que impidan un diseño y servicio eficiente. Es posible lograr un servicio público calidad, pero hay que empeñarse en lograrlo.
María Amparo Albán es abogada y catedrática universitaria.
Aparte que siempre el sector publico es utilizado para compensar favores politicos, campañas, amistades, alguien alguna vez ha definido que es CALIDAD de servicio??? Veo que hay entidades publicas que hasta tienen certificaciones de calidad, lo que no se dice es que, si el servicio es CONSTAMENTE MALO puede obtener una certificacion de calidad, y lo que nunca harán nuestros idolatrados burócratas, es el MEJORAMIENTO CONTINUO … luego deberian perder la certificacion de calidad si no logran demostrar eso. Pero desde el punto de vista que por “ley” deben presupuestar el 10% de gastos cada año … como se puede exigir eficiencia en el servidor publico si sabe que siempre habrá dinero para su sueldo aunque muchos ciudadanos no tengan un trabajo o ingresos? Los que trabajan en instituciones publicas saben que tienen que tener ojos en las espaldas, alguien quiere solucionar eso?? NADIE!!!! Todos saben que mientras mas ineficientes sean mejor! Porque asi tendran como justificar su sueldo … alguien hace algo? NADIE!!!! La burocracia estatal es simplemente una masa de votos para quien ha logrado contaminarla y mimetizarla con la ineficiencia, la corrupcion, pero sobre todo, con la politiqueria
“¿A quién importa la eficiencia del Estado más allá de la salud y la educación que han sido el mayor foco de interés durante la pandemia?”
Pues… en el Ecuador… la educación ha sido LA ÚLTIMA RUEDA DEL COCHE durante la pandemia.
Ahí siguen miles de escuelas cerradas. Millones de estudiantes siguen participando en esa FARSA llamada educación online, sin computadoras, sin celulares, sin internet. Sus madres siguen atrapadas en los hogares, sin poder salir a trabajar, porque no hay con quién dejar a los niños. Hay una epidemia de sedentarismo, obesidad y depresión.
Y nadie dice nada. A nadie le importa la catástrofe de la educación ecuatoriana.
Recordada Amparo: Efectivamente, nos encontramos en el milenio de la eficiencia. La administración pública debe modernizarse; de lo contrario, le dejará el tren.
Un fuerte abrazo, Amparo.