Seis asambleístas de la Comisión de Justicia resolvieron que el aborto, en caso de violación de mujeres de más de 18 años, se puede practicar hasta los siete meses. Y menores de 18 años, sin límite alguno. Es decir, hasta los 9 meses de embarazo. Ahora, tras el escándalo que provocaron, están dispuestos, según Alejandro Jaramillo, presidente de esa comisión, a reducir esos plazos. Con él votaron Johanna Moreira, también de la ID, Dina Farinango de PK, Jhajaira Urresta, Gisella Garzón y José Agualsaca del correísmo.
Jaramillo (en la fotografía) es un político intrínsecamente irresponsable. Como los otros cinco asambleístas que crearon este entuerto. Ahora dicen que quieren deshacer lo andado y que suscita un enorme interrogante: ¿Por qué propusieron un absurdo? No tenían que legislar sobre un tema abstracto o meramente técnico. Siete meses de embarazo es el plazo médicamente reconocido para que un feto sea enteramente viable. De hecho podría serlo desde la semana 25. Hay estudios científicos que incluso sitúan el límite sobrevivencia, excepcional y con posibles secuelas, a las 23 semanas. Establecer 28 semanas es llevar la ley a lidiar con una vida; prescindir de límite ya no es legislar sobre una interrupción del embarazo sino sobre un parto.
Dicho de otra manera, estos asambleístas no solo no oyeron lo que dijeron médicos y expertos en los debates de la comisión. Al parecer y, además, son incapaces de guglear. Si lo hubieran hecho, habrían comprobado que, incluso en casos de violación, los Estados democráticos no superan los seis meses para abortar. Solo lo admiten en casos excepcionales cuando hay sumo peligro para la vida de madre y ante malformaciones fetales. La Unión Europea tiene plazos que van de 18 a 24 semanas. Pero en general, el plazo habitual y racional en este caso oscila entre 14 y 22 semanas.
Estos seis asambleístas de la Comisión de Justicia no tenían dónde perderse, porque la Corte Constitucional les había trazado la ruta. Pero lo hicieron. Y lo hicieron porque en vez de asumir su investidura, prefirieron coquetear con los cánones de las feministas más extremistas. Algunos por convencimiento; otros por oportunismo. La Corte Constitucional dijo, como es obvio, que debían fijar plazos para la interrupción del embarazo. No quisieron. Como si legislar fuera entrar en el molde de lo políticamente correcto. Y ser tan original como lo tienen que ser aquellos que entran en el libro de Guinness de récords mundiales. Así, un tema que debía ser manejado con lucidez política, gran sensibilidad y sentido común terminó en un desaguisado que ratifica las peores impresiones que causa esta Asamblea y una gran parte de sus miembros.
¿Qué gobierna el espíritu de Alejandro Jaramillo y los demás asambleístas que votaron el texto que debe ser aprobado por el pleno? ¿El anhelo de coincidir con los planteamientos más extremos del feminismo radical? Oír a Jaramillo justificar lo que votaron, a nombre de las niñas violadas, da grima. Porque una cosa es el sufrimiento de esas niñas, esas adolescentes o esas mujeres víctimas de miserables delincuentes. Otra, entender que él no sopesa lo que dice y lo que, sentado en la cabecera de la mesa de su comisión, solapó y votó. ¿Acaso aprobar que un embarazo se puede interrumpir a los siete meses no es consentir que la vida de un feto, enteramente viable, puede ser interrumpida? ¿Y en qué imagina que desembocará la decisión de no poner límite para interrumpir el embarazo en caso de violación de niñas y adolescentes hasta los 18 años?
Jaramillo, Johanna Moreira, Dina Farinango, Jhajaira Urresta, Gisella Garzón y José Agualsaca han inaugurado una nueva era en el oficio de asambleísta: hacer cualquier cosa, parir cualquier texto o contenido legislativo con un solo objetivo: darse gusto. Porque eso hicieron. No solo no escucharon ni guglearon. Tampoco leyeron lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Inauguraron la política de “me vale”. Quizá con la idea de que el presidente de la República, en última instancia, ponga las cosas donde ellos debieron haberlas dejado.
Esos seis asambleístas son la prueba de que la descomposición política no es una ficción. Y que el populismo legislativo no solo existe sino que carece de límites.
Foto: Asamblea Nacional.
Aquí solo se puede evidenciar la falta de preparación en la Asamblea , las ideologías religiosas deben dejarse de lado y centrarse en los derechos de las personas, para salir del estancamiento que vive el Ecuador lo primero que considero debe suceder es evolucionar este pensamiento tercermundista e intentar alcanzar el desarrollo del primer mundo.
Una vez se puede evidenciar la falta de preparación y la poca responsabilidad que tuvieron estos asambleístas como es posible que ponga en riesgo la salud de una persona y poco les importa , cualquier persona sabe que mientras menos semanas tiene un embarazo es mucho más seguro realizar estas practicas , pero absurdamente ellos quieren prácticamente matar un bebe en el momento del parto? y con el a su madre, que absurdo con ello muestran la falta de lógica y la falta de coherencia al momento de tomar daciones , entre 5 personas para pensar y proponen una resolución con tantas incoherencias , esto demuestra que los asambleístas no tienen un grado de preparación y es muy preocupante porque el Ecuador se guía en forma de lo que dicen estas personas.