Derecho al trabajo: urge una reforma

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Uno de los factores que dieron el triunfo al presidente Lasso fue, sin duda, el ofrecimiento de una reforma laboral que pueda crear nuevas modalidades de contratación que incidan en la reactivación productiva. Modalidades de contratación que son absolutamente necesarias para crear más empleo. Más allá de la discusión de cómo hacerlo, de si emprender una reforma legislativa o incluir una pregunta en una consulta popular, yace la urgencia de hacerlo. Los discursos anti-capital que dicen defender a los trabajadores de la explotación laboral han llevado a país a afianzar un modelo que cada día cierra más oportunidades a los trabajadores.

Los artesanos, las microempresas y las medianas empresas no pueden contratar más por sus altos costos lo que limita su productividad. Y contrariamente a lo que ciertas centrales sindicales proclaman, o ciertos partidos que los apoyan dicen, la verdad es que ésta es una de las causas de la falta de empleo que contribuye grandemente a la crisis económica. Pero se puede solucionar con una intervención legislativa: nuevas formas de contratación laboral que dinamicen la producción y el empleo.

Solo un tercio de la población tiene empleo formal, el resto aguarda la creación de oportunidades laborales que inserte especialmente a los más jóvenes. Los altos costos de desvinculación sumados a la rigidez del sistema que no se adapta a las demandas del mercado y del mundo son un gran desincentivo. El trabajo de cuarenta horas semanales o las jornadas de ocho horas, dejaron de ser la panacea. Se necesita un nuevo sistema más adecuado a los tiempos. Además en el país no se puede negar que la falta de empleo constituye el caldo de cultivo perfecto para la proliferación del negocio del narcotráfico que capta día a día más desesperados y más desempleados especialmente en barrios marginales y en el área rural. En el Ecuador la creación de nuevo empleo se ha convertido en una prioridad para la seguridad nacional.

Y mientras las centrales sindicales y ciertos partidos no han cambiado su discurso en más de cuarenta años ni han actualizado su rol frente a una sociedad que demanda nuevos sistemas laborales, el Estado sí tiene la obligación de garantizar el derecho al trabajo como lo establece el artículo 325 de la Constitución. Allí claramente reconoce todas las modalidades de trabajo. ¿Qué significa esto? Que tanto los poderes Ejecutivo como el Legislativo están obligados a viabilizar y facilitar la creación de empleo con nuevas modalidades porque claramente las actuales no funcionan. Ese es su deber constitucional. Ellos tienen la obligación de alinear sus esfuerzos por generar marcos dinámicos, flexibles y atractivos que inviten a las empresas a crear más empleos.

Un régimen laboral más flexible y más ajustado a la demanda productiva no constituye, de ninguna manera, precarización laboral como pretenden hacer creer quienes han usufructuado de un discurso estigmatizador de la inversión privada. Especialmente en un país que hoy requiere de mayores niveles de productividad para su crecimiento económico, que este año será uno de los más bajos de la región.

Las centrales sindicales hoy representan a un número muy pequeño de la población. Mucho menos de ese tercio que goza de un empleo formal, mientras el resto sufre el desempleo, el subempleo y la falta de oportunidades en un entorno cada vez más conflictivo y violento. Las centrales sindicales deben actualizar su rol ante la sociedad moderna y sumarse en la búsqueda de las salidas, en lugar de buscar enfatizar un discurso ideológico que ya no convoca. El mundo cambió y si no se adaptan a los nuevos tiempos estará destinadas a desaparecer.

Hoy el país necesita urgente creación de empleo y un régimen que invite a arriesgar, a confiar, a ampliar los negocios, a invertir más. En este ejercicio radica el cumplimiento del derecho al trabajo al que está obligado el Estado. En viabilizar todos los medios posibles para que se cree y que más ecuatorianos lo encuentren.

María Amparo Albán es abogada y catedrática universitaria.  

1 Comment

  1. Es muy cierto que la falta de un marco legal laboral moderno repercute negativamente en la generación de empleo, principalmente al ahuyentar la inversión extranjera. Lastimosamente, con excepción de aquellos incentivos ofrecidos a las industrias estratégicas, los incentivos tributarios casi ausentes para la inversión extranjera (reducción del 25 al 20 % impuesto a la renta) se suma al negativo marco laboral y dificultan al inversionista extranjero la decisión de poner sus negocios en el país. Consideró que el Gobierno se ha quedado corto en atraer la inversión extranjera, y la Asamblea peor.

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