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Institucionalidad patoja en acción

lectura de 5 minutos

En la semana que termina dos hechos relevantes han ocupado el debate nacional. Por un lado, la sorpresiva renuncia de la Presidenta del Consejo de la Judicatura como manifestación de su desacuerdo con el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional. Según ella, la mentada sentencia merma, a su  juicio, su capacidad sancionadora hacia los funcionarios judiciales, pues, ahora, será el pleno de la judicatura el órgano encargado de aplicar cualquier sanción y no el presidente/a individualmente.

Por otro, el decadente desempeño del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no atina y se tambalea entre peleas internas, desorganización, denuncias y berrinches. Y además está en deuda con importantes procesos de designación que siguen pendientes. Y ahora, para colmo, les cae uno más: designar nuevo Presidente/a del Consejo de la Judicatura.

Ambos hechos han provocado cuestionamientos, jurídicos, procedimentales y políticos, sobre todo porque los dos órganos son parte importante de la institucionalidad del Estado. En el caso del Consejo de la Judicatura, sus funciones son delicados porque es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial que comprende órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos: así lo señala el art. 254 del Código de la Función Judicial.

Por lo tanto, ha llamado la atención no sólo la renuncia en un momento tan sensible cuando operadores están siendo cuestionados, sino la manifestación de la Presidenta saliente de que quien debería reemplazarla es su suplente. Esto provocó una amplia discusión sobre su reemplazo. Sin embargo, conviene recordar que el art. 179 de la Constitución Política, establece la hoja de ruta para designar su reemplazo. Señala que los miembros y sus reemplazos serán elegidos mediante ternas enviadas por estamentos del Estado y será, finalmente, el Cpccs el que elegirá mediante un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana.

Como se ve, el procedimiento está claro y lo que se espera es que se dejen de lado los cálculos políticos y se proceda de inmediato a iniciar el proceso de selección. Allí empieza el enredo. Si se respeta la Constitución y la Ley, en apego al 179 de la Constitución, el proceso está señalado. Pero la dificultad radicará sin duda en lo que el Cpsccs haga y cómo lo pretenda hacer. La gran incógnita es si podrá dejar de lado los problemas internos, desencuentros y peleas y logrará organizar un proceso como el que se necesita en este caso: transparente, a tiempo y, sobre todo, independiente.

Lo visto en las últimas semanas no abona a que así sea. Los ciudadanos han visto los desatinos de los miembros del Cpccs. Y ellos han merecido no sólo la crítica sino la condena de la colectividad y han provocado la profundización de la idea que ese organismo debe desaparecer. La injerencia insolente de los parientes de las máximas autoridades opinando sobre los concursos, no han hecho más que ratificar que el organismo está contaminado y que no va más con esa clase de políticos que piensa que todavía pueden sus familias tomar el control de organismos del Estado. Eso es justamente lo que hay que erradicar.

En todo caso, este mismo Cpccs es el que va a tener que organizar el concurso para reemplazar a la cabeza del Consejo de la Judicatura. El mismo que tiene a la espera de un nuevo Defensor del Pueblo, de un nuevo Contralor, del proceso de designación del CNE, de la lucha contra la corrupción, del fortalecimiento de la participación ciudadana, etc. etc.

La verdad es que con esos antecedentes no hay buenas perspectivas si se toma como base los malos indicadores de gestión del organismo hasta ahora. Si la dinámica es la misma que se ha mantenido, pronto se verán sesiones interrumpidas, micrófonos apagados, parientes, agnados y cognados metidos y opinando.

Esta situación desastrosa deja a la institucionalidad patoja. En un país es fundamental la solidez de sus instituciones y esta solidez, en el caso ecuatoriano, depende de tener a la cabeza de ellas personas probas escogidas por concursos transparentes; no suplentes por más buenos que sean.

De todas formas esto es lo que hay y, así las cosas, tocará a la opinión pública, la academia y la sociedad civil, en general, poner atención a lo que el Cpccs haga y ejercer control social. Se necesita una designación trasparente, apegada a la ley y al derecho. Sólo eso.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.

3 Comments

  1. Desde que los analfabetos accedieron al poder el añó 2006, el país esta de cabeza, todo el Estado y sus » instituciones» estan corrompidos hasta la médula.
    Este cuerpito colegiado llamado Cpccs, no puede eticamente ser llamado una institución estatal. Que nos paso, en tan solo dos decadas, nos robaron nuestro país, nos volvimos desalmados,simples delincuentes disfrazados de ciudadanos, los antisociales con toga de jueces, supuestos políticos que no tienen ni idea de lo que significa el Estado y sus instituciones.
    Si este, es el país que heredaran nuestros hijos, mejor no tenerlos, es preferible no nacer, a ser esclavo de delincuentes desalmados.

  2. Dra. Hidalgo, bueno el comentario que expresa la débil institucionalidad del Ecuador, donde las acciones se muestran on line desde los medios de comunicación. Hasta cuando los ciudadanos veremos como los políticos disfrazados de analistas practican las acciones de Cantinflas en la república de Los Cocos y se reparten el poder sin vergüenza, suben y bajan en horas y se pelean el sillón a dentelladas. El mismo organismo que les sirvió para la consolidación del poder de Lenin, con una nueva corte constitucional, la continuación del contralor Celi, la designación de nuevos: procurador y fiscal, de la nueva presidenta de la judicatura y otros, ahora ya no les sirve y se presentan en acciones ridículas de: quítate vos para ponerme yo, para el efecto utilizan actores de segunda, sin legitimidad y únicamente apoyados por familiares. El débil estado nación y su decadencia, se expresa en la predominancia de grupos mafiosos que nombran a los principales, con tal fuerza y poder que ponen a sus órdenes a la fuerza pública y a los jueces de cualquier territorio del país. Presidente Lasso, entre otros ofrecimientos no cumplidos, ofreció suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, el Senescyt, el examen de ingreso a las universidades públicas, bueno, cumpla señor Presidente y los ecuatorianos le agradeceremos.

  3. El primer presidente, el cura Tuarez, preso por corrupto; el segundo presidente, con 80 por cientro de discapacidad con carnet trucho, y con 100 de dicapacidad etica y moral; y, ahora, la actual presidente del clan Almeida, no puede articular palabra ni hablada ni escrita si no es con el «asesoramiento» de papi y tio. Mientras tanto el pueblo llano victima de toda esta institucionalidad patoja, como bien describe usted, doctora Hidalgo. Yo no diria solo «patoja» sino parapléjica, y con serio peligro de una cuadraplejia. Pobre país, no hay quien dé pie con bola….y ya vienen elecciones de alcaldes y prefectos., en donde ingresarán camuflados en las lista de concejales, tarea de desconocidos, cantantes de a perro, faranduleros payasos baratos, comunicadores desfasados que creen que asomarse a las pantallas todos los dias les da capacidad para postularse, y asiiiii…toda una lista de discapacitados politicos pero eso sí…VIVISIMOS….!

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