Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

Sofía Almeida se da otro panzazo

en Conexiones4P/Elenfoque/Lainfo por

El clan de los Almeida perdió hoy en la tarde otra batalla que podría poner fin a su afán por mantener el control del Consejo de Participación Social y Control Ciudadano, Cpccs. El revés de Sofía, presidenta del Cpccs, su papá Pedro y su tío el asambleísta socialcristiano Luis Almeida, se produjo en el terreno judicial y en un lugar donde se pensaba era terreno conquistado: el juzgado de Samborondón que es célebre entre abogados y jueces porque las acciones cautelares constitucionales con casi siempre aceptada sin que importe mucho sus atributos constitucionales.

La jueza Larissa Jazmine Ibarra revocó la medida cautelar que otra jueza, Karly Vargas Alvarado, conocida por su inclinación a aceptar medidas cautelares presentadas desde todos los rincones del país, había concedido el 1 de febrero a favor de Sofía Almeida. La presidenta del Cpccs intentó bloquear así la mayoría que se formó por fuera del acuerdo entre correístas y socialcristianos del que ella es parte. Su acción de protección fue interpuesta en contra de los cuatro consejeros de la nueva mayoría: Francisco Bravo, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Iveth Estupiñán, que apelaron. Según Almeida, “en los últimos días el Cpccs ha sufrido un intento de secuestro por parte de ciertos consejeros. Incluso tienen denuncias por concusión en la designación de autoridades, como es la del Superintendente de Ordenamiento Territorial. Y han puesto su ambición personal sobre los intereses del pueblo ecuatoriano”.

Con esa acción cautelar, la nueva mayoría no podía realizar ningún movimiento como, por ejemplo, destituir de la Presidencia a Sofía Almeida que está en la agenda. Tampoco reformar el reglamento que entre socialcristianos y correístas habían aprobado para el nombramiento del nuevo Contralor, aunque ésto aún está pendiente por otras cautelares presentadas en Imbabura y Manabí. Ese reglamento había recibido observaciones por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo por tener disposiciones que podrían favorecer a determinado aspirante.

La decisión de la jueza Ibarra causó sorpresa.  Ella es conocida en Guayaquil y en Samborondón por ser muy cercana a Karly Vargas. De hecho, hace pocas semanas la había protegido porque había sido trasladada a Yaguachi por orden de María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas. Coronel tomó esa decisión por los reportes que había sobre las insólitas acciones cautelares que la jueza Vargas había aceptado. Entre esas medidas cautelares hay dos casos recientes que son emblemáticos en el mundillo de los abogados y los jueces de la zona: una en que se libera a una empresa privada de acatar la orden de un juez para que entregue una turbina de generación eléctrica a otra empresa. Y otra en la que se deja sin efecto el nombramiento de una nueva directiva de los trabajadores de La Clementina. En ambos casos, Karly Vargas aplicó los principios de la protección constitucional a pesar de que se trataba de temas comerciales entre privados.

Lo que colmó el vaso y precipitó la decisión del Consejo de la Judicatura de trasladarla fue cuando la jueza aceptó una acción cautelar de una empresa que no quiso pagar una deuda a la Corporación Financiera Nacional, CFN; decisión que la semana pasada fue denunciada por el gerente general de esa institución, Eduardo Salgado, en una entrevista a diario El Universo. Según funcionarios de la CFN, la medida cautelar a favor de la empresa deudora es un peligroso precedente para que otros deudores de la CFN decidan imitarla, alegando que han sido afectados sus derechos constitucionales. Ha sido tan desafiante la conducta de los jueces de Samborondón, en especial la jueza Vargas, que el abogado Hernán Pérez Loose está demandado por supuestas calumnias por un escrito protesta que envió, quejándose de esta conducta en el juzgado.

Entre las recientes actuaciones polémicas de la jueza Karly Vargas está la adoptada el viernes 4 de febrero cuando reintegró, asimismo con una medida cautelar, a los tres jueces que habían otorgado un hábeas corpus  a favor de los hermanos Isaías, retenidos en febrero de 2019 en los EEUU por un tema migratorio. Los jueces fueron sancionados por haber concedido el hábeas corpus sin que ellos estén siquiera detenidos en el Ecuador.

Por todos los antecedentes del juzgado de Samborondón, la decisión de la jueza Ibarra es vista como un hito relevante. Se sabe, entre abogados y jueces, que en ese juzgado los hermanos Pedro y Luis Almeida han tenido una enorme influencia y que por eso Sofía Almeida prefirió presentar su acción de protección en ese lugar y no en Quito, donde funciona el Cpccs. ¿Qué pasó en el juzgado Samborondón que no le fue útil al clan Almeida? Una fuente cercana a la nueva mayoría del Cpccs dijo a 4P. que la jueza Ibarra, luego del revuelo que tuvo el tema de las medidas cautelares en su juzgado, se sintió observada por la opinión pública y por el Consejo de la Judicatura. Al parecer -dijo- “quiso salvar su pellejo”.

Foto: Twitter del CPCCS

10 Comments

  1. Como esa jueza, tenemos en cantidades exportables.
    Lástima que solo pueda hacerse para Venezuela, Cuba, Nicaragua.
    ojalá se abra pronto el mercado Peruano y Chileno.

  2. este nefasto CPCCS debe desaparecer. desde su creacion en la decada del profugo narco delicuentes, siempre ha sido una cueva de ratas, mediocres, ineptos, y que bailan de acuerdo al son del billete, ahora una nueva coalicion delicuencial de estos pobres del PSC, las Ratas de Unes, y algunos traidores de PKdo, con la sobrinita de estos corruptos de los almeidass de PSC, quieren tomarse los poderes de contraloria, fiscalia ..y regresar con el profugo a repartirse la PATRIA…esto es Traicion a la Patria—-

  3. «…han puesto su ambición personal sobre los intereses del pueblo ecuatoriano». Y eso lo dice quien tiene elaborado un reglamento para que sea ella, no el Consejo en pleno como debería ser, determine secretario de la comisión calificadora para nuevo Contralor. Y además dice que son los otros los que quieren poner autoridades a dedo. Pero como los panzasos no importan ahí va otro intento. Como quienes auspician son correístas y PSCs, y cuentan con unos aliados de PK, ya entra a la Asamblea el pedido de juicio político a los miembros de la nueva mayoría del CPCCS. Y acusan a otros que quieren poner autoridades (y de los puestos clave) a dedo. ¡Concurso de dedos! Y creen que los ciudadanos somos bobos y que nuestro destino es aguantar… («Tanto va el cántaro al agua…».
    El que paga los platos rotos de tanta ignominia que le embadurnan a la patria es el pueblo, que impotente debe seguir pagando impuestos y más «contribuciones» para que «nos den administrando» guacharnacos y otros pajarracos de la rapiña estatal, que ya mismo le ponen ruedas para cargarse el país completo.
    ¡Sepan caretucos que la DIGNIDAD sí nos importa; no nos avergüencen más!

  4. Que ratas que son muchos representantes de la «justicia» en este país y una vergüenza que salgan con el verso de que «los consejeros de la nueva mayoría velan por sus intereses» mientras ponen medidas para intentar salvar su cuello en juzgados donde están todos los panas para hacerles los favores que me imagino que no son gratis.

    • En manos de correístas y socialcristianos o de cualquier otra agrupación política, el CPCCS es un verdadero adefesio que debe desaparecer. La consulta popular del cuántico debió preguntar eso y no la forma de elegir a sus integrantes.

  5. Estimado señor Pallares, permítame agregar lo siguiente:

    EN ESTE TEMA, HAY UNA EVIDENTE INACCIÓN DE LA PRESIDENCIA: El presidente Lasso NO tiene que interferir en la Justicia, pero eso NO quiere decir, que como representante del 52,32 % que votó por el, y, ahora presidente de todos, no pueda hacer algo respecto de la Justicia, en la medida de sus posibilidades, las leyes vigentes, y, en función de los alcances de las instituciones adscritas a la presidencia.

    FRENTE A LAS QUEJAS SEMANALES DEL ACCIONAR DE JUECES, FISCALES, Y, ABOGADOS EN PRÁCTICA PRIVADA, PORQUÉ NO SE HACEN LAS RESPECTIVAS QUEJAS FORMALES: Todas las semanas, la policía denuncia públicamente a jueces y fiscales, que hacen mal su trabajo, perjudicando incluso a policías que hacen uso de la fuerza, pero, si se tiene claro que estos funcionarios están haciendo mal las cosas, entonces, por qué no se hacen las respectivas denuncias ante la judicatura y se inician los respectivos juicios? Es Vox populi que cientos de malos empresarios que deben a la banca estatal, están usando la Justicia, para obligar a los bancos a recibir como pago bienes de mala calidad o incluso bajo valor, por lo tanto, porque no se los denuncia de manera formal desde la banca pública? Cada cierto tiempo vemos acciones irregulares de abogados en práctica privada, como los que ganaron el juicio en Los Ríos, respecto de los foto radares de la ciudad de Ambato, un evidente acto de falta de jurisdicción, entonces, cuando pasan estos hechos de evidente irregularidad, porque desde el ministerio respectivo asociado al tema, no se los denuncia ante el Consejo de la Judicatura?

    POR QUÉ LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO, QUE DEPENDE DE LA PRESIDENCIA, NO HACE LOS RESPECTIVOS ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DE ESTOS MALOS FUNCIONARIOS JUDICIALES Y ABOGADOS MERCENARIOS? En este país, la casi de totalidad de corruptos gastan a manos llenas el dinero mal habido que obtienen, y, lo que es peor, muestran el fruto de su “éxito” en redes sociales. Por qué el presidente no ha ordenado a la UAFE, que estructure una fuerza de tarea, que se encargue de investigar a todos estos funcionarios judiciales que crean caos con sus actos, y, a los abogados privados que promueven estos actos? Buena parte de estas investigaciones permitirían dar insumos a la Fiscalía para iniciar los respectivos juicios de enriquecimiento ilícito, y/o, lavado de activos, al SRI, los respectivos juicios de evasión o elución de impuestos.

    QUE EL 80% DE ECUATORIANOS NO CONFÍE EN LA JUSTICIA AFECTA TAMBIÉN A LAS PROBABLES INVERSIONES: Obtener grandes inversiones para reactivar la economía y generar empleo está muy bien, pero, si no se arregla la Justicia, no se obtendrá los objetivos deseados. Para un inversionista, contar con un buen sistema de Justicia, es más importante, que los costos laborales que podría pagar.

    En definitiva, el presidente Lasso, si quiere, puede hacer algo por mejorar la justicia, con las mismas herramientas que el sistema provee, sin necesidad de esperar la consulta. Debe recordar, que la impunidad es la peor forma de promover la delincuencia y la injusticia.

  6. Por fin algo de Justicia , en medio de tanta podredumbre e Injusticia . Lo lamentable : SC , UNES y Pachakutik , unidos en la Asamblea , para un Juicio Político en contra de los cuatro Consejeros que actúan correctamente en ese bodrio CPCCS . La ciudadanía permitirá tanta infamia en esa ignominiosa institución , denominada pomposamente : PRIMER PODER DEL ESTADO ???????????????

  7. Lo que yo entiendo y se es que las acciones constitucionales se presentan a un sorteo. Qué suerte de la jueza que sólo a ella le «toque» las causas sensibles. Esto sólo corrobora lo que el imaginario colectivo dice: justicia corrupta…

  8. Causa indignación y desasosiego que, quienes dirigen instituciones de relevancia, como CPCCS, se aferren al puesto sin importarles el daño que causan a la sociedad; unicamente buscan satisfacer oscuros intereses a cualquier precio, mientras el país se debate en pobreza y miseria. ¡Ojalá! esta institución desaparezca del mapa para que no siga causando enfrentamiento entre sus integrantes y peor incertidumbre en el pueblo que está cansado de guacharnacos, aves de rapiña, timadores e incompetentes.

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