Hernán Salgado hace una reverencia apenas la secretaria y la notaria ratifican su nombre. Y sin inmutarse anuncia que va a sacar, sin mirar el vaso transparente como hizo en el primer caso, el tercer papel con el nombre del juez o jueza que debe retirarse de la Corte Constitucional. Así sucedió con Ramiro Ávila y ocurre con el de Agustín Grijalva.
Un evento de relevancia, dice el presidente de la Corte, antes de clausurar la sesión extraordinaria que realizó (este 7 de febrero) la primera renovación por tercios de la Corte Constitucional. Solo agrega que esa institución queda con buenos cimientos. “No es con palabras que se construye un país -dice en su breve mensaje-, sino con el ejemplo”.
Hernán Salgado es un hombre honorable. Un calificativo que también merecen la institución que él dirigió desde el 5 de febrero de 2019, y sus miembros. El clivaje en esta Corte está -y al parecer así continuará- en visiones y doctrinas constitucionales. En un inicio parecía poderse hablar de afinidades entre jueces. Hernán Salgado, Teresa Nuques, Enrique Herrería, Carmen Corral. Ramiro Ávila, Daniela Salazar, Agustín Grijalva, Karla Andrade, Alí Lozada… Pero si las hubo, no siempre se reflejaron en los fallos. Incluso, el presidente Salgado defendió la institucionalidad anunciando y defendiendo sentencias que no compartía. Y votó con aquellos que, por fuera de la Corte Constitucional, fueron señalados, en algunas oportunidades, más como activistas que como jueces.
Se va Ramiro Ávila, pero llega Alejandra Cárdenas, se lee en redes sociales. Allí se ventilan dos preocupaciones sobre el destino de la Corte Constitucional. ¿En qué bloque se situarán los nuevos jueces -Jhoel Escudero y Richard Ortiz, además de Cárdenas- y quién reemplazará a Hernán Salgado en la presidencia? Se entiende, por ahora, que los cargos de representación se jugarán entre los seis jueces que se quedaron: Daniela Salazar, Carmen Corral, Enrique Herrería, Karla Andrade, Teresa Nuques y Alí Lozada. No se sabe hasta dónde pese en esa decisión el hecho que el pleno quedará conformado por cinco mujeres y cuatro hombres.
Esto se definirá este jueves 10, cuando la Asamblea Nacional posesionará a los tres jueces “principales y elegibles de la Corte Constitucional”, se lee en la convocatoria dispuesta por Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional. Apenas sean posesionados, se reunirá el pleno de la Corte para elegir a los titulares de la presidencia y de la vicepresidencia. Hasta tanto, los tres jueces que se retiran seguirán en funciones prorrogadas, pero el pleno no tratará caso alguno.
Los perfiles de aquellos que llegan da a pensar que la Corte Constitucional será más equilibrada. Es importante, ciertamente, el perfil de quien ocupe la presidencia (representa la institución, maneja la administración y el orden del día), pero lo esencial de la Corte son sus fallos. Y algunos de ellos sí han sido motivo de inquietud. Sobre todo cuando se recuerda una práctica que las altas cortes tratan de cumplir en las democracias maduras: que lo jurídicamente aceptable para los magistrados esté en línea con lo políticamente necesario para el país. No ha sido siempre el caso en la institución presidida por Salgado y vicepresidida por Daniela Salazar.
Este medio ha analizado algunos casos. Ejemplo: en agosto pasado, la Corte ratificó la constitucionalidad de una ley absolutamente inconstitucional: la Ley Ogánica de Educación Intercultural. Esa ley, que costaría al fisco alrededor de tres mil millones de dólares, fue aprobada en la anterior Asamblea, contrariando el artículo 287 de la Constitución. La Corte se lavó las manos. Y en vez de declarar inconstitucional la ley, pidió a la Asamblea que subsane el error… como si tuviera facultad de aumentar gasto público sin fuente de financiamiento. O subir los impuestos.
La Corte eludió igualmente, amparándose en el orden que deben seguir los casos, consultas que tenían evidente incidencia política. A finales de 2020, por ejemplo, en víspera de las elecciones, evitó manifestarse sobre el pedido hecho por Pablo Celi, entonces Contralor, para que dirima si el TCE tenía competencia para resolver sobre las decisiones de la Contraloría. De por medio estaba la eliminación del registro electoral de algunos partidos y movimientos.
En su balance, se recordará, a su favor, decisiones cruciales para la sociedad que la Asamblea, por física cobardía electoral, no ha tomado. La despenalización del aborto por violación, por ejemplo. Pero también es imposible no señalar fallos curiosos como el publicado el 19 de enero pasado sobre la mona “Estrellita”. Esta sentencia arranca del pedido de un hábeas corpus a favor de una mona que murió el 9 de octubre de 2019. Y tuvo prelación, sobre centenares de casos atrasados, porque se quiso examinar el alcance de los derechos de la naturaleza…
¿Activistas o jueces? ¿Jueces teóricos incapaces de ponerse en los zapatos de la administración para interpretar los textos en función de los fines deseados? Esos dilemas hacen parte de la polémica que atravesó la labor de la Corte Constitucional. Y siguen marcando el debate sobre su futuro.
Foto: El Universo.
El Doctor Hernán Salgado es reputado por su probidad. Así lo reconoce una mayoría de juristas, especialmente quienes fueron sus discípulos en las aulas. El País se encuentra en una situación institucionalmente delicada, especialmente porque la Asamblea está incapacitada de ofrecer las respuestas que el Ejecutivo requiere para sacar adelante el País con reformas legales sin las cuales sus intenciones quedan neutralizadas. Según la Constitución, la Corte Cnstitucional, podría convertirse en un gran aliado de esas intenciones, pero el Presidente Lasso fue duramente criticado por Salgado y se hizo notoria una animadversión desde la Corte y el Presidente del Ecuador, se quedó prácticamente solo en sus afanes para sacar adelante al país. Parece ser que Hernán Salgado se dejó influir negativamente por ciertos vocales. Ha sido una ayuda del destino para Guillermo Lasso, el que en el sorteo, hayan tenido que retirarse Salgado y Avila, porque es una nueva oportunidad para construir acuerdos de gobernabilidad con la Corte Constitucional, frente a la nueva mayoría de la Asamblea y al único camino que le queda a Lasso. La muerte Cruzada. Los decretos que el Ejecutivo tendría que dictar tendrían que ser avalados por esa Corte, inclusive para la posibilidad para terminar su período de cuatro años. Un País ingobernable, se transformaría automáticamente en otro, marcado por afanes limpios, dejando a la asamblea cesante (al fin, no sirven para nada) , con decretos que permitan incrementar el empleo, con decretos laborales que faciliten la contratación ya fuera del alcance de la politiquería, para construir un país que nos aleje del populismo.