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Tragedia ambiental en Yutzupino

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El río Yutzupino es uno de los afluentes del Río Napo. Uno de los sistemas hídricos más grandes del país y parte del gran sistema hídrico del Amazonas, y una de las cuencas más importantes del mundo.

Es aquí donde esta semana se ha montado una operación militar y policial para desalojar una enorme operación de minería ilegal que devastaba las riberas del río. Más de cincuenta retroexcavadoras operando en la clandestinidad, removían la cobertura vegetal y volteaban la tierra en busca de oro.

Ya en años anteriores, el país pudo ver el azote social y ambiental de la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, y ahora es testigo de un nuevo desastre ambiental en un río amazónico. Como se conoce, la minería ilegal contamina los ríos con metales pesados pero socava, además, el suelo fértil y las coberturas boscosas, altamente frágiles particularmente en la Amazonia. Las imágenes de la devastación evocaron tragedias similares, como la ocurrida en Madre de Dios, en Perú años atrás.

Cuando se ahonda en las causas de eventos como este, es fácil llegar a las conclusiones más obvias: la asociación de la pobreza con el lavado de dinero del narcotráfico genera una marea humana que invade las tierras en busca del oro. Pero, ¿y el Estado? ¿Y las leyes? Y las instituciones del país, ¿nada tienen que hacer al respecto?

Una nota de prensa del portal Mongabay publicado en marzo de 2020 daba cuenta ya de lo que sucedía en los afluentes del Napo con la minería ilegal. La información era de dominio público. Cuando esta semana, dos años más tarde, saltó a luz pública esta noticia, ya era una operación clandestina masiva que obtenía al menos unos 500 gramos de oro equivalentes a veinte y cinco mil dólares diarios según se reporta. Las imágenes son devastadoras.

¿Qué pasó en todo este tiempo con la autoridad ambiental Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica? ¿Qué no vio el Gobierno Provincial de Napo? ¿Qué que no vio el gobierno local que tiene por ley competencias ambientales? ¿Denunciaron el ilícito? ¿Solicitaron ayuda al los otros ministerios como Gobierno y Defensa? ¿Cuál es el rol de la Agencia de Control y Regulación Minera en estos casos? Son preguntas que debe responder la institucionalidad de este Estado que tiene la obligación de investigar y de velar por los derechos de la naturaleza y del derecho humano al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero hay más preguntas, como ¿por qué, cuando llegaron los militares y policías, ya no había nadie?

El Estado ha diseñado, dentro de sus competencias de tutela ambiental, facultades para delimitar áreas de conservación; es decir, proteger áreas sensibles excluyéndolas de actividades, lo que hoy incluye la protección de cuencas hídricas. Pero también existen las otras, aquellas denominadas facultades de control y fiscalización ambiental, que tienen el deber de hacer cumplir las leyes de protección ambiental. Para que no se contamine, para que se obtengan permisos y que no se causen daños ambientales. Esta última sin duda es la más compleja y la que demanda muchos recursos y personal con los que la autoridad ambiental nacional hoy no cuenta. Es aquí donde se encuentra el nudo gordiano ambiental, ya que como se conoce el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica tiene represados miles de trámites de permisos y aprobaciones. No tiene capacidad para inspecciones y monitoreo ni para controlar áreas claves. La gestión de crear o ampliar áreas protegidas es buena, pero no basta ya que sin capacidad de control efectivo de las actividades ilegales ninguna área estará a salvo, ni aquellas que gozan de una categoría de protección específica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

La tragedia ambiental en Yutzupino debe enfocar recursos del Estado en protección ambiental efectiva porque los que tiene no bastan. Es hora de una declaratoria de emergencia ambiental y de facilitar los recursos que requiere esta cartera para mejorar el control ambiental; en especial de la minería ilegal antes de que más daños ambientales ocurran.

María Amparo Albán es abogada y catedrática universitaria. 

4 Comments

  1. Quedamos estupefactos al ver cómo destruyen a nuestra patria, a dentelladas. Y con la complicidad de autoridades. Eso explica que cuando llegaron policías y militares en la operación de desalojo realizada, ya no había nadie, les soplaron los cómplices. Incluso a las autoridades de la misma zona, o les importa un rábano o la buena tajada. Y los asambleístas de PK en busca de distractores mientras a su «pachamama» la ultrajan. Solo la usan para el discurso. Al igual que los colores del arco iris, solo para las fajas. ¿Y qué será del candidato Agua que pedía que no le privaticen el arco iris? A su «agüita» le están haciendo lodo y con mercurio. ¿Y ni pío?

    • Gespin, la destrucción de la Amazonia, ultima reserva de agua dulce de la humanidad, es imparable, en: Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, grupos irregulares destruyen el bosque, los cursos de los ríos, prostituyen a las comunidades indígenas originarias, terminan con las especies animales y vegetales, contaminan las aguas con mercurio y otros químicos como el cianuro; además en la cordillera de Los Andes han destrozado el ambiente, las fuentes de agua, los bosques, la salud de la poblacion, Zaruma es el mejor ejemplo, donde confluyen intereses políticos, capital financiero y fondos ilícitos para sacar el oro en áreas urbanas, incluso con valor histórico patrimonial, donde es prohibido según la constitución y el mandato minero. Se evidencia la debilidad del estado para entregar concesiones viciadas y luego hacerse de la vista gorda ante la explotación irregular y contaminante. En la zona urbana de Zaruma, grandes intereses empresariales pretenden mantener la explotación de minas de oro debajo de la ciudad, con la complicidad del Ministerio de Energía y Minas. Saludos

  2. Al igual que todos tus análisis, este muy inteligente artículo nos hace pensar y reflexionar.
    Un abrazo, Amparo.

  3. El Mamotreto de Montecristi, en sus 400+ artículos, tiene innumerables barbaridades: ciudadanía universal, justicia indígena, CPCCS, atención preferencial a un montón de grupos, educación superior universal gratuita, etc etc etc. Entre los muchos etcéteras están los derechos de la pachamama.

    Es decir, no es una Constitución, entendida como un documento que establece claramente el rol del Estado y la relación del individuo con dicho Estado.

    Al contrario, el Mamotreto de Montecristi es un costal lleno de DESEOS, como si fueran cartas a Papá Noel.

    Ahí está, por ejemplo, el DERECHO AL TRABAJO. Derecho que, evidentemente, no existe en el Ecuador.

    Pero de eso no hablan los ambientalistas.

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