En la escalera de la institucionalidad y el estado de derecho, la independencia de los órganos de control, se yergue quizás como uno de los elementos más importantes de la democracia.
Es por eso que cuando se pierde ese elemento fundamental en ellos, decrecen los derechos y se pierde el control que debe existir sobre el poder establecido. Cuando las instituciones de control son cooptadas por la política, los autoritarismos y la corrupción encuentran una puerta abierta para todo tipo de desafueros. Por esta razón, manejar estos organismos ha sido el mecanismo más usado por algunos políticos porque, de esa manera, se aseguraban una vía libre para aprovecharse de los fondos públicos con impunidad.
La principal función de estos órganos es justamente el control financiero, de gestión y de resultados sobre las entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Además ejercen el control disciplinario del servidor público, adelantando las investigaciones y sancionando a los funcionarios que incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de sus funciones.
Siendo así, se entiende perfectamente por qué los malos políticos necesitan cooptar esas entidades: una autoridad de control que cumple su trabajo desde la independencia, es el enemigo número uno de la corrupción.
Tradicionalmente se ha visto cómo en el Ecuador los órganos más deseados para ser cooptados han sido siempre la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, acompañados de la Justicia. Justamente porque en ellos radica el control del poder y, corrompidos, pueden garantizar la impunidad.
No es la primera vez que los ecuatorianos son testigos de las pugnas por hacerse de las instituciones mencionadas. Basta recordar cómo, no hace mucho, desde la tarima de los sábados se promocionaba sin pudor a los candidatos del poder de turno y, prácticamente, se ordenaba al Cpccs quién debía ser seleccionado. Lo terrible es que el mencionado organismo, yéndose contra todo principio de independencia, actuaba en sumisa conformidad.
Lo ocurrido en días pasados en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ejemplifica de la peor forma la reflexión que antecede. Es evidente que el retraso y la mora en la designación de las múltiples autoridades de control pendientes, respondió siempre a un cálculo político de una fracción de sus miembros que ya habían acomodado las condiciones para que sus candidatos, con afinidad política evidente, sean los seleccionados. Al ver que sus agendas iban a ser impedidas de ponerse en práctica, obligaron al país entero a ser testigos de una tragicomedia accidentada y bien montada, que más bien profundizó la esis de que ese bodrio debe desaparecer.
Pero una vez que el camino se va aclarando, quedan más dudas que certezas: y lo que queda pendiente ¿qué? Porque aún hay autoridades por nombrar y de las más importantes.
¿Cómo, cuándo y cuáles serán las acciones que se van a tomar para garantizar la independencia de los concursos que van a organizar? ¿Y qué va a pasar con la amenaza de la nueva mayoría de la Asamblea de destituir a los que quedan?
Los miembros sobrevivientes del Cpcccs han quedado más desgastados que antes y no se sabe qué harán. Quizás tendrán que organizar al menos algún concurso, de los múltiples que tienen en cola, con el karma de la duda que les acompañará inevitablemente porque no acaban de llegar allí. Es decir, también tienen su parte de responsabilidad: hay que recordar que la designación de autoridades es una de las múltiples funciones que tienen que desempeñar y que no han hecho.
Así las cosas conviene a los ciudadanos reflexionar acerca de que lo mejor que le puede pasar al país es tener instituciones independientes; ellas son el boleto a la seguridad jurídica y la lucha contra la corrupción.
Mientras no se elimine el Cpccs será difícil que las manos políticas corruptas no sigan interviniendo en las designaciones de las autoridades de control. Si bien la llamada sociedad civil puede hacer poco para gestionar autoridades independientes, sí puede presionar, desde varios espacios, y usar –ahora sí de buena forma- mecanismos como las redes sociales para insistir que se postulen candidatos probos e independientes y que se garanticen concursos transparentes. Porque a este paso, está probado que el Cpccs no mismo funciona.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Parece que la nueva mayoría del CPCCS surge por la intención de la primera, de poner un contralor a dedo 100/100 (estilo ya visto), además del retraso en la designación de otras autoridades. Pero hasta que el Presidente se decida por llamar al pueblo para eliminar el invento de la robolución, los de la “santa alianza”: PSC, Unes y los PK del Quishpe, están acelerados moviendo cielos y tierra para destituir a los de la nueva mayoría y de paso a los de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y…; es decir, van a desbrozar toda amenaza a su intención non sancta de “servir a la patria”. ¿Qué más les estorbará en sus “nobles propósitos de “salvar al país”? ¡Ojo a la trilogía de la conspiración que se avizoran más emociones!
“En la escalera de la institucionalidad y el estado de derecho, la independencia de los órganos de control, se yergue quizás como uno de los elementos más importantes de la democracia.”
Error monumental de concepto!!
Es cierto que la separación e de los poderes (legislativo, ejecutivo, judicial) es la piedra angular de la democracia.
Pero ni Montesquieu, ni los Padres Fundadores de Estados Unidos, ni ningún otro filósofo de la democracia ha propuesto jamás que organismos como nuestra Fiscalía, Contraloría o Procuraduría sean independientes.
En cualquier democracia que funcione, la separación e independencia de poderes significa:
1) El Ejecutivo NO PUEDE hacer leyes a su antojo (como ocurría en la época de los reyes franceses) sino que las leyes son hechas por una Legislatura, representativa del pueblo.
2) El Ejecutivo tiene el poder de ACEPTAR o NEGAR las leyes aprobadas por la Legislatura.
3) El Ejecutivo NO PUEDE hacer lo que le dé la gana sino que debe limitarse a cumplir fielmente las leyes.
4) La Legislatura tiene el poder de SUPERVISAR que el Ejecutivo cumpla las leyes. Para ello, la Legislatura puede crear los organismos que considere convenientes.
5) Los jueces tampoco pueden juzgar a su antojo, sino de acuerdo con las leyes vigentes.
6) NO HAY un mecanismo perfecto para tener jueces probos. Pero un método que funciona aceptablemente es que el Ejecutivo propone candidatos para las diferentes vacantes en la función judicial, y la Legislatura los confirma.
7) Los jueces pueden frenar acciones del Ejecutivo en caso de que no se ajusten a las leyes. Y pueden anular leyes enteras en caso de ser contrarias a la Constitución.
De esta forma, cada uno de los TRES PODERES del Estado (Legislativo, Ejecutivo, judicial) tiene capacidad para influir, controlar, frenar a otros. Esto es lo que en inglés se denomina CHECKS AND BALANCES.
Pero en el Ecuador nadie se ha tomado a molestia de explicarle al pueblo los fundamentos de la Democracia.
Aprovechando ese vacío, Rafael Correa y sus compinches crearon el relajo que tenemos ahora; se inventaron el CPCCS con el cuento de que “los organismos de control deben ser independientes”, cuando en realidad estaban construyendo un esquema para ACUMULAR TODO EL PODER DEL ESTADO en sus manos.
Por eso (y por mucho más) había que botar el Mamotreto de Montecristi al tarro de basura.
¿Quién dijo la célebre frase “Mi pluma lo mató”?.
La frase la dijo Juan Montalvo, escritor ecuatoriano, refiriéndose a la muerte de Gabriel García Moreno, en 1875, dos veces presidente constitucional de la República del Ecuador.
La pluma que fustigaría sin piedad la tiranía de García Moreno e Ignacio de Veintimilla. Aquella pluma que escribía, “Somos libres”. Montalvo vivió apasionado de la política de su país, y su pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por la oposición a los dictadores. La palabra tiene la capacidad de empujar, de guiar, de crear. Si Montalvo viviera actualmente diría : NO A LOS ENLOQUECIDOS POR EL DINERO, NO A LOS TRINQUEROS QUE HACEN TABLA RASA DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES, NO A LOS SUPUESTOS DE MANOS LIMPIAS, PERO CORAZONES PODRIDOS.