Cualquier delito cometido como parte de la protesta en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenin Moreno en 2021 merece ser perdonado. No importa la gravedad del delito ni las circunstancias en que se cometió: basta que haya sido en el marco de la reacción social que produjeron las decisión económica de eliminar el subsidio a los combustibles.
Este es el argumento central del razonamiento con el que los 99 asambleístas aprobaron la amnistía para las 268 personas que estaban siendo procesadas penalmente, aunque no todos los casos de amnistía estaban relacionados con esa protesta. El informe, de 364 páginas, con el que se aprobaron las amnistías, establece que cualquier delito cometido durante esas protestas califica como delito político. Así calzan dentro de lo que dice el artículo 73 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que establece la amnistía para delitos políticos, aunque ese artículo exceptúa aquellos cometidos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.
Desde su inicio, el informe dice que las medidas económicas de Moreno explican las protestas y concluye que quienes cometieron delitos comunes, en realidad, estaban cometiendo delitos políticos. Los comisionados sostienen que todo se originó a raíz del acuerdo que contrajo la administración Moreno con el Fondo Monetario Internacional, por un crédito de 4 200 millones de dólares. Estas medidas económicas “afectaron mayoritariamente a la clase media y a la población más pobre del país concentrada sobre todo en las zonas rurales y urbano-marginales”. El alza en el precio de los combustibles afecta a los más pobres pues “incrementa el precio de los alimentos y de otros productos de primera necesidad”.
En su interpretación de lo sucedido en octubre de 2019, los comisionados sacan conclusiones sin evidencia fáctica o académica, como la que dice que, al elevarse el precio del diésel, se afectó más a las clases populares que a los ricos. “Para ser más claros: el gobierno decidió que el 75% más pobre de la población, que usa el transporte público, debía pagar 78% del costo de la eliminación del subsidio, mientras que el 25% más rico de la población debía pagar el 22% restante”.
Así cualquier delito que se haya cometido durante las protestas se convirtió en delitos políticos por culpa de Lenín Moreno. En ciertos casos, como en el de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón -que también fue amnistiada junto a sus compañeros de correísmo Virgilio Hernández y Cristian González- el informe justifica su apoyo a las protestas por haber sido en contra de “medidas neoliberales”.
No importa, en definitiva, qué se haya hecho. Cuando se analiza, por ejemplo, el caso relacionado a la interrupción del bombeo del oleoducto, el informe dice que “los elementos fácticos de la paralización del servicio público dentro del contexto de las protestas contra medidas adoptadas por el gobierno de turno, lo convierten en un delito conexo a un delito político, por cuanto, sin la existencia de las medidas económicas no hubiese desencadenado la ola de reclamos en todo el país”
En la lógica de los asambleístas, las “medidas económicas generaron una burbuja inflacionaria con principal afectación a los sectores populares de la sociedad ecuatoriana, por lo que varios grupos sociales organizados y no organizados ejerciendo el derecho constitucional a la resistencia establecido en la Constitución, se manifestaron públicamente en las calles por varios días rechazando estas medidas denominadas de corte neoliberal”. En la narrativa de la amnistía aprobada, en el secuestro de militares y policías no existe una violación al derecho a la libertad de la persona retenida, sino el ejercicio de “acciones encaminadas a resistirse a las medidas políticas, anteriormente mencionadas”. Con ese argumento, ingresar a la fuerza al edificio de la Contraloría se convierte en un acto legítimo en la búsqueda de un lugar para refugiarse de la injusta represión por parte de personas que, por en tema de pluriculturalidad, no sabían que aquello que estaban haciendo era ilegal.
Como el Código Orgánico Integral Penal no desarrolla el concepto del delito político, los comisionados elaboraron una teoría sobre el tema basándose en doctrina internacional y de algunos expertos amigos. Se entiende por delitos políticos aquellos cometidos o presuntamente cometidos por una o varias personas contra la organización y funcionamiento del Estado, motivados en fines de reivindicación social colectiva en un contexto político-social de agitación interna o conflictividad social. Con ese concepto, en el análisis que hacen de las más de 50 causas revisadas, todo puede ser interpretado como un delito político que merece, por lo tanto, el perdón y el olvido.
Pero ojo que los legisladores se dieron el trabajo de establecer la diferencia en delitos políticos progresistas y otros reaccionarios. Citando al político español Luis Jiménez de Azúa el informe establece que “los delitos evolutivos son como indica el nombre, pasos dados hacia delante en el camino de la perfección. Las acciones delictivas guiadas por un designio político regresivo, que más que acelerar los pasos del progreso tienden a desandar la ruta ya caminada, no deben ser inscritas en la noble serie de la delincuencia político-social”. En resumen, los comisionados se cuidan de que se haga una diferencia entre delitos políticos progresistas que llegan a la “perfección”, donde ubican a los cometidos durante las protestas de octubre, con otros a los que califican de regresivos y perversos. En otras palabras, si los delitos son cometidos por quienes dicen defender las causas del progresismo merecen ser perdonados; los otros no.
Próxima entrega: los mensajes falsarios de la amnistía.
Foto: Asamblea Nacional
Simplemente son farsantes y una verguenza para este atribulado país, verdugos que asaltaron la capital a vista y paciencia de la policía y el ejército, resulta que ahora son unos angelitos y que lo hacían por el bien de la ciudad.
La mayoría de asambleístas que conforman la actual asamblea nacional corresponden al bloque correísta y de pachakutik, y son precisamente muchos de los indultados coidearios de estas dos bancadas, lo que demuestra que fue un movimiento político para favorecer a sus amigos.
La fiesta de los delincuentes…
Ya no queda más que esperar, todo fue expuesto con ese tipo de excusa, no pensé que los llamados progresistas podían caer más bajo; pero lo que hicieron en la Asamblea no tiene nombre, lo actuado es una amenaza para la razón y la justicia de todos los ecuatorianos, que lástima de representantes que elegimos, pero me dan más lástima los electores por su grado de incapacidad de razocinio, por lo tanto nosotros el pueblo somos los que ayudamos a la anarquía, saqueo y miseria del País, de esta forma no habrá nunca bienestar y le seguiremos culpando a cualquiera menos a nosotros mismos.
Ya no queda más que esperar, todo fue expuesto con ese tipo de excusa, no pensé que los llamados progresistas podían caer más bajo pero lo que hicieron en la Asamblea, lo actuado es una amenaza para la razón y la justicia de todos los ecuatorianos, que lástima de representantes que elegimos, pero me dan más lástima los electores por su grado de incapacidad de razocinio, por lo tanto nosotros el pueblo somos los que ayudamos a la anarquía, saqueo y miseria del País, de esta forma no habrá nunca bienestar y le seguiremos culpando a cualquiera menos a nosotros mismos.
Todo ha sido tendenciosamente elaborado, para justificar los delitos cometidos por las turabas de octubre y sus dirigentes.
Sin embargo la Comisión Legislativa, no convocó a la Señora Fiscal del Estado, para que informe qué delitos podían asumirse como políticos y que delitos estaban exceptuados en el Art. 73 del Código Orgánico Integral Penal.
Esta comisión hizo de oídos sordos respecto a que la presencia indígena en las calles, fue producto de instigación tramada por el correísmo para calentar las calles y sembrar un ambiente de ingobernabilidad, para lo cual pagaron la movilización de indígenas, prepararon guerrillas urbanas y armas rudimentarias de combate callejero.
La justificación del ingreso de indígenas en el edificio de la Contraloría General es pueril, en vista del incendio iniciado por dos ocasiones, con cientos de galones de gasolina y acelerantes de combustión, que consumieron los dos edificios , sus equipos y la documentación informática y en papel, con la clara intención de evitar la sanción de los delitos de corrupción. Los indígenas se prestaron para cohonestar el acto vandálico.
La interrupción del bombeo del oleoducto y del funcionamiento de pozos petroleros, que ocasionó pérdidas en el proceso de extracción, es un delito en contra del estado ecuatoriano, exceptuado con absoluta claridad en el Art. 73 del Código Orgánico Integral Penal.
Finalmente, si los procesos judiciales habrían llegado a su término, se habría establecido que los autores debían además de purgar sus condenas, pagar por la reparación integral de los daños irrogados contra el estado, contra la ciudad de Quito y contra particulares.
Quién se hará cargo de devolver el enorme perjuicio. Serán los asambleístas que votaron a favor de la amnistía de esos delincuentes, pasándose por sobre lo dispuesto en la norma legal?
Estamos en manos de sinvergüenzas, que negocian con los delitos a cambio de votos o influencia, y claro son Correistas
Con todos esos argumentos que dejan asentados graves precedentes, bien podría la población de Quito que fue la principal afectada de los eventos de ese trágico octubre ir y sacar, secuestrar, manosear, exhibir y golpear impunemente a esos sinvergüenzas asambleístas, todo al amparo de un reclamo que también se puede catalogar como “protesta política” y al final aquellos que lo hagan serán amnistiados.
No queda duda que nuestro país se está convirtiendo en tierra de nadie, donde el caos y la anarquía se justifica por intereses personales o de grupo.
El alza en el precio de los combustibles afecta a los más pobres pues «incrementa el precio de los alimentos y de otros productos de primera necesidad» MENTIRA¡¡ Porque el índice de inflación se mantuvo en los mismos niveles, después de la subida de la gasolina, ese invento sacado de los con poncho, ES MENTIRA Y SI EN TUS CÁLCULOS SE SUBIÓ, ES PORQUE NO SABES REALIZAR UNA REGLA DE TRES PARA DEFINIR LOS COSTOS REALES, QUE SON REALMENTE CENTAVOS…
OTRA CONCLUSIÓN CÓMICA, del informe, …”en tema de pluriculturalidad, no sabían que aquello que estaban haciendo (quemar la contraloría, manosear a las policías, secuestrar a los policías, quemar TVAmazonas, acabar con las florícolas, y lecheras, cerrar los pozos petroleros, fomentar el caos como lo hizo la pavon) era ilegal” vayan tontos útiles con estos cuentos a sus casas, porque los 17 millones de ecuatorianos conscientes no los creemos nada. COMO SE EXPLICAN QUE PARALIZAR EL PAÍS, NO ES UN DELITO Y PEOR SI SE USAN ESAS MAÑAS, DE LA MISMA CALAÑA COMO SON LOS MAFIOSOS Y LOS ASAMBLEÍSTAS. Esto solo puede justificarse en un país donde no hay Ley, y en el Ecuador existe Dios y Ley.
Ya no hay más que decir , simplemente son farsantes y una verguenza para este atribulado país !!!!!!
Pero en parte si fue su culpa. No supo mantener el decreto de alza de los combustibles, que eran uno de los pilares de la recuperación económica. Los indígenas (Iza) se salieron con la suya en su reclamo impertinente; Iza se creció con un discurso incendiario de permanente chantaje y sus ínfulas presidenciales; sus delitos de Octubre quedaron en la impunidad por el pacto entre Moreno y los indígenas que detuvo su juzgamiento. Moreno huyó a Guayaquil en su traslado de la sede de gobierno y dejó a quito en manos de los turbulentos. La contraloría fue incendiada si que se conozca quién ene realidad planeó la destrucción, paralela a la protesta. El gobierno de Moreno, bien pudo sitiar a los indígenas en la zona donde pernoctaban durante la noche y sacarlos paulatinamente mientras los fichaban para evitar que vuelvan a delinquir. No se llevó a cabo una investigación que ligue esos hechos, con el financiamiento de la logística (evidentemente pagada por el correísmo).
Nunca se me hubiese ocurrido que Fernando Villavicencio votaría contra la Constitución, la justicia, la decencia política y la empatía con las víctimas de la violencia de octubre. Qué pena.
Provoca ira, rabia y hasta vomito leer tanta porqueria. Donde estuvieron las ratas del Correismo y todos los demas iluminados cuando el profugo del atico encarcelo y se dedico a perseguir a todos sus opositores? Por que alli no salieron a defenderlos y a pedir amnistia? Borregos ignorantes, solo sirven para lamerle el culo al delincuente Rafael Correa. Y luego salen con babosadas diciendo que lo hacen a nombre del Pueblo. Ninguno de esos infelices representa al pueblo. Son una lacra y repugnan!
Los verdugos que asaltaron Quito a vista y paciencia de la policía y el ejército, resulta que ahora son unos angelitos y que lo hacían por el bien de la ciudad; la próxima vez que vengan serán recibidos con fuerza y después no se quejen, porque a los muertos no les sirve la amnistía. ¡Delincuentes!
FUERA… SÁTRAPAS, SINVERGÜENZAS… FUERA!!!
FUERA… SÁTRAPAS, SINVERGÜENZAS… FUERA!!!
FUERA… SÁTRAPAS, SINVERGÜENZAS… FUERA!!!
Ese informe es un mamotreto ideologizado y dogmatico que merece el rechazo de todas las personas de pensamiento libre. Gracias por resumirlo, no vamos a perder el tiempo leyendolo. Lo que me resulta sorprendente es que asambleistas del partido del gobierno o sus aliados lo hayan aprobado como Fernando Villavicencio, sus excusas son indigeribles.