El debate que está llevando a cabo la Asamblea Nacional sobre la Ley Orgánica de Atracción de Inversiones presentada por el Ejecutivo parece un viaje en el tiempo hacia posiciones que, en principio, se pensaba que habían quedado superadas. Resulta perturbador escuchar intervenciones como las de la asambleísta del correísmo, Viviana Veloz, o del jefe de la bancada de la Izquierda Democrática, Marlon Cadena, hablando como si estuvieran poseídos por el espíritu de Karl Marx.
El discurso de Veloz y de los asambleístas de la bancada de UNES, si bien resulta perturbador, no sorprende en absoluto. Las alianzas público–privadas eran buenas en el año 2015 cuando Rafael Correa gobernaba y ahora son, según ellos, la forma de privatizar los bienes del Estado aunque saben que eso no es posible porque la Constitución que ellos aprobaron en 2008 lo prohíbe expresamente, y hasta ellos conocen que ninguna ley orgánica está por encima de la Constitución de la República. En el caso de UNES su oposición al proyecto no guarda relación alguna con su ideología política –su única ideología es conseguir la impunidad de sus líderes– sino que obedece a que únicamente prestarán sus votos para aprobar las propuestas que envíe el presidente Lasso, si estas vienen acompañadas de algún ofrecimiento que permita a sus líderes encarcelados salir de prisión o a los prófugos regresar al país.
En lo relativo al resto de bancadas de oposición, hasta ahora, únicamente el Partido Social Cristiano ha manifestado su voluntad de votar a favor del informe de mayoría, no sin antes prácticamente atribuirse la autoría de la ley y responsabilizar al gobierno de no poder conseguir los votos, como si no hubieran presenciado el segundo debate del proyecto. De hecho, Esteban Torres, heredero de la curul de su padre y devenido en jefe del bloque socialcristiano, indicó en sus redes sociales que si el proyecto no se aprobaba sería por inacción del gobierno nacional. La única explicación a tal aseveración es que Torres no haya estado presente o no haya prestado atención a los discursos de sus aliados en la intentona de recuperar el control del Cpccs.
El fantasma de las privatizaciones sobrevolaba el hemiciclo del parlamento nacional como si el muro de Berlín no hubiera sido derribado hace más de treinta años. Los asambleístas repetían sin descanso que con este proyecto se privatizarían los bienes del Estado y, sin ningún rubor, Marlon Cadena se lamentaba de la posibilidad de que se concesionen carreteras y se cobren peajes por utilizarlas con una narrativa y argumentos inconexos en los que daba la impresión que ignoraba que actualmente muchas vías del Ecuador se encuentran concesionadas a la empresa privada y que se cobran peajes para poder dar mantenimiento.
Más allá de las imprecisiones de los legisladores sobre el contenido del proyecto de ley, llama poderosamente la atención la aversión que existe en la clase política a la posibilidad de que el sector privado pueda participar mediante delegación en la prestación de ciertos servicios públicos aun cuando estos permanezcan en poder del estado. Tal es la confusión que reina en los asambleístas y en alguna parte de la población que, incluso la venta del Banco del Pacífico o de los canales de televisión incautados, la consideran como venta de activos estratégicos del país, como si un Estado estuviera en capacidad de administrar un banco privado o un canal de televisión.
La Asamblea Nacional ha renunciado a su función principal que es legislar y opta por dejar pasar los proyectos por el ministerio de la ley o proceder a su archivo. La nueva excusa para solicitar el archivo del proyecto de ley de atracción de inversiones es el fantasma de las privatizaciones con discursos que parecen salidos de otros tiempos y que ignoran la realidad de siete de cada diez ecuatorianos que buscan desesperadamente una oportunidad laboral.
Ricardo Flores es abogado.
La peor y denigrante desgracia de un pueblo y en este caso específico de estos asambleístas, (más parecen ensambladores de teorías superadas en el tiempo) es la ignorancia supina de la que hacen gala.
Lo que hizo el mitómano con empresas públicas si estaba bien para los borregos.
Regaló el ingenio azucarero a los peruanos liderados por la viky , y en el colmo de la ignominia CFN les dio millones en préstamos para PAGAR la compra del ingenio. O sea la empresa Gloria se apropió del ingenio a vaca, como dice la people.
Nombrar todos los robos del mitómano sería una letanía interminable.
se rumora un nuevo ministro de gobierno, ojalá Lasso no cometa el error de nombrar a un pons harto conocido por sus debilidades financieras y politiqueras. Es un elemento marcado por la ineficacia politiquera pero vivísimo manipulador para obtener réditos financieros privados a su favor. Hoy es asesor sin sueldo en la rama bananera de Lasso, pero cuando fue gerente de Bananera Noboa, lo botaron por inservible.
Hace falta de parte de la prensa un analisis muy detallado de la ley de marras, si bien puede tener aspectos positivos, he leido que se quita el 5% de aporte al IESS para darselo a la Contraloria, si eso es verdad, debe ser rechazado. Todos los errores de la ley deben ser rechazados y eso no es dogmatismo.
En los últimos años las privatizaciones se han convertido en una alternativa relevante que incluye a las políticas macroeconómicas, que se han diseñado básicamente para contribuir en la solución de los problemas de insolvencia que tienen las empresas públicas y la economía de nuestro país en sí, y es obvio que necesiten otra alternativa para maquillar los desbalances económicos que generan por tener a trabajadores que ingresan por influencias y ayuda de los famosos partidos políticos, entonces estas organizaciones podrían hablar acaso de legitimidad?
Dicen que están en contra de las privatizaciones de las empresas del Estado; claro, no puede ser de otra manera; si muchas de estas empresas están llenas de pipones, parientes y compadres de estos “políticos”. Por eso es que estas empresas no se autofinancian porque no producen, y es el Estado que debe financiarlas y mantenerlas con su presupuesto, es decir, nosotros, el pueblo. Y se hacen los que no entienden (no es confusión) aunque les repitan que la alianza público-privada que propone el gobierno no se refiere a privatización. Y dale.